Alejandro Toledo: tribunal de EE. UU. revoca medida cautelar y continúa su proceso de extradición
Corte estadounidense rechazó en segunda instancia el pedido de habeas corpus del expresidente, quien buscaba refrenar el proceso de extradición. Fiscalía pide 20 años y 6 meses de prisión para Toledo.
La República en GoogleEn el marco del pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo, iniciado por la Fiscalía de la Nación debido al caso Odebrecht, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco, en Estados Unidos, resolvió este miércoles dejar sin efecto la medida cautelar de habeas corpus presentada por el expresidente.
Con dicho procedimiento, Toledo Manrique había conseguido frenar el proceso de extradición que comenzó en su contra, el cual busca su retorno al Perú desde setiembre del 2021, con el objetivo de que afronte las investigaciones del caso Odebrecht en territorio nacional.
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Sin embargo, con el fallo del tribunal estadounidense, que deja sin efecto la medida presentada, se reactiva el proceso de extradición que pesa sobre Toledo.
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Para el caso del exjefe de Estado, la Fiscalía de la Nación ha solicitado un total de veinte años y seis meses de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
Esta no es la primera vez que Toledo Manrique hace uso de recursos que le permitan mantenerse en el país norteamericano. El 25 de abril del 2022, la Corte de Justicia de California, en primera instancia, rechazó un pedido de habeas corpus interpuesto por el expresidente; no obstante, su defensa apeló, por lo que el proceso fue alargado nuevamente hasta este 26 de octubre, fecha en la que se continuará con el proceso del pedido de la Fiscalía.
En aquella oportunidad, la jueza Laurel Beeler, encargada del pedido, precisó que “el testimonio de (Jorge) Barata y (Joseph) Mainman aportan motivos razonables para determinar que el peticionario (Toledo) participó en un esquema de soborno y cometió colusión y lavado de dinero. Queda a cargo de una corte peruana evaluar la defensa del peticionario”.
