Reforma de bicameralidad: ¿en qué grado afectaría la autonomía de los órganos electorales?

El proyecto de ley de retorno a la bicameralidad, presentada por el Congreso, se ha convertido en una de las más cuestionadas reformas debatidas por el Legislativo. Esto luego de que se supiera que el cambio no solo generaba la creación de una cámara de senadores y diputados, sino que también afectaba la autonomía de los órganos electorales, como el JNE y la ONPE, entre otras modificatorias de la Constitución.

Ante ello, es importante revisar qué alcances podría tener esta propuesta realizada por la Comisión de Constitución, que estuvo en debate los últimos días, y cómo afectaría al sistema de elecciones una aprobación como esta.

Roy Mendoza, experto en temas electorales, definió a esta propuesta como “un despropósito”, sobre todo al tener en cuenta que el JNE es uno de los entes encargados de velar por unas elecciones transparentes —ya sean presidenciales, regionales y congresales—. Y en ese sentido, sus representantes no pueden ser condicionados por el Parlamento por medio de una acusación constitucional.

“Siempre se ha visto, en los procesos electorales, que las organizaciones políticas ejercen cierta presión. Imagínese usted si tienen una herramienta política como la acusación para los magistrados. Por otro lado, los magistrados no van a ejercer adecuadamente su función o van a votar libremente, sabiendo que las organizaciones políticas, que circunstancialmente se encuentran en el Congreso en ese momento, pueden acusarlos”, mencionó el especialista en conversación con La República.

Este tema también es abarcado por el politólogo y director de Vox Pópuli, Luis Benavente, quien si bien recordó que el Parlamento tiene una serie de injerencias en el nombramiento de instituciones autónomas, como la Defensoría del Pueblo o la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, este control debe ser equitativo y no centrarse en un grupo, como es el caso de las instituciones que conforman el sistema electoral.

“Al Congreso le corresponde el control político en general de las instituciones, que en algunos casos tiene que ver con la designación de directorios o responsables de algunas instituciones, pero creo que ese control debe ser parejo para todo tipo de instituciones, no debe tener formas particulares”, aseveró el especialista.

En ese sentido, Benavente señaló que esto se puede prestar “a confusiones, punterías, ventajas, arbitrajes y todo tipo de distorsiones políticas”.

Mendoza también coincidió con Benavente al afirmar que estas presiones siempre se dan, pero que en esta oportunidad habrían llegado muy lejos. “Hay una intención subrepticia de querer condicionar la actuación de los órganos electorales y supeditarlos a determinados intereses. (...) No se puede condicionar a quien arbitra en los procesos electorales con un arma política, como lo es una acusación constitucional”, refirió.

Para el especialista, esta medida podría ser hasta inconstitucional, debido a que “le resta autonomía al Jurado Nacional de Elecciones.”

En esa misma línea, Benavente aseguró que, a pesar de que no podría precisar que es inconstitucional, los órganos electorales sí “podrían acudir ante el Tribunal Constitucional” como una medida de respuesta ante la proclamación de una reforma de esta naturaleza.

Aunque la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (FP), aseveró que esta medida de sanción contra los representantes del JNE y la ONPE sería retirada del proyecto de ley, es importante tener en cuenta que aún no se han efectuado dichos cambios.

El pleno del Congreso se reunirá nuevamente este martes 12 para revisar las moficaciones efectuadas a la reforma, a la que se le encuentran cada vez más aristas por discutir y que generan conflicto entre los 130 legisladores.