Propuesta de amnistía a policías y fuerzas armadas aceptaría delito perpetrado y violaría DD. HH.

Símil. Al mismo estilo fujimorista, la bancada de Avanza País le propuso a la presidenta Dina Boluarte una amnistía para policías y fuerzas armadas por su “defensa a la democracia”. Si bien la bancada huérfana alguna vez liderada por Hernando De Soto se desdijo, el presidente del partido, Aldo Borrero, fue quien informó a la prensa sobre las intenciones del grupo. Su proposición coincide con el discurso repetido por congresistas de derecha provenientes de Renovación Popular y Fuerza Popular, quienes, en más de una intervención plenaria, defendieron a las instituciones dependientes del Ejecutivo.

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No es novedad. El fujimorismo promovió en 1995 un proyecto de Ley de Amnistía para el personal militar, policial o civil, cualquiera que se encontrara “denunciado, investigado, encausado, procesado o condenados (...) por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo”. Se pretendió exculpar no solo al descatamento Colina, responsable de asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura, sino también a sus líderes tras telones: Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Inclusive, para blindar a los criminales, el Congreso de entonces aprobó el 17 de junio una norma que exoneró las obligaciones humanitarias internacionales del Perú en beneficio de la amnistía.

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Sin embargo, como recordó en conversación con este diario el abogado Miguel Jugo —secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de las víctimas del caso Barrios Altos, declarando que “las amnistías dadas en caso de violaciones a los derechos humanos contravienen al Pacto de San José”. Esa resolución permitió la reapertura de flagelos humanitarios en Argentina, Chile y Uruguay, donde hubo cerradura procesal mediante leyes de punto final.

Más de dos décadas después, el letrado piensa que, con esta proposición anticipada, la clase política “está pensando que se ha cometido delito”. De hecho, horas después del anuncio dado en las afueras de la casa de Pizarro, las redes sociales de la bancada de Avanza País comunicaron este mismo argumento de Jugo, lo que hace suponer que recibieron asesoría legal.

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A la mañana de hoy, 17 de febrero, el titular de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, en lugar de rechazar la iniciativa, dijo no poder “hacer un juicio de valor porque tiene que ser formalizada”. Como si se tratase de cualquier PL, enunció que “da para un mayor análisis”. Para Jugo, tan solo con su consideración se estaría “echando más gasolina al fuego”, y ya va más de media centena de muertos desde que Boluarte y Otárola lideran el país.