Jueza dispone que Congreso no amenace a presidente del Jurado Nacional de Elecciones
Demanda de acción de amparo interpuesta por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en contra del Congreso de la República que lo ha denunciado constitucionalmente.
- Renovación Popular no dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles: "Evaluaremos una moción de censura"
- César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"
La jueza constitucional de la Corte Arequipa, Karina Apaza del Carpio, declaró fundada la demanda de acción de amparo interpuesta por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en contra del Congreso de la República que lo ha denunciado constitucionalmente. Para Salas Arenas, esta situación resulta intimidatoria y puede afectar su labor en el órgano electoral.
De ese modo, la magistrada Apaza del Carpio dispone que el Poder Legislativo ponga fin a las amenazas de derechos fundamentales como el ejercicio pleno de la función pública y a la independencia funcional de Salas Arenas. Por ello pide se archive toda denuncia constitucional contra el titular del JNE.
TE RECOMENDAMOS
HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
En parte de su resolución, exhorta al Congreso a abstenerse de amenazar con vulnerar los derechos fundamentales del titular del JNE “mediante la admisión a trámite y procesamiento de denuncias constitucionales por infracciones constitucionales, a pesar de que el demandante no goza de la prerrogativa del juicio y antejuicio político establecido en el artículo 99 de la Constitución”.
Las amenazas de destitución o inhabilitación para ejercer función pública hasta por 10 años, de acuerdo a la resolución judicial, es un atentado contra el ejercicio de la función pública y “tienen un efecto intimidatorio”.
Asimismo, la jueza Apaza del Carpio ordena la nulidad del ingreso y registro de denuncias constitucionales, así como de todo lo que se haya dispuesto en torno a estas.
