El uso y abuso contra las comunidades de Machu Picchu
Empresa de la cual es accionista el actual alcalde de Lima usa tretas jurídicas en perjuicio del gobierno regional de Cusco.
En un contexto donde la transparencia y la ética en la gestión pública son más necesarias que nunca en el país, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha suscitado inquietudes sobre el aparente uso y abuso del Estado de una de sus empresas en beneficio de sus intereses privados.
La reciente maniobra de la empresa Perú Belmond Hotels S. A en torno al hotel de su propiedad Sanctuary Lodge de Machu Picchu, no ha pasado desapercibida.
El caso es alarmante. Belmond Hotels, actual concesionario del hotel, ha solicitado 64 meses adicionales para recuperar 11 millones de dólares perdidos durante la pandemia.
De acuerdo con la nota presentada en esta edición, en diciembre de 2013, dos años antes de que finalice la concesión, el gobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito, firmó una adenda que amplió el contrato por 10 años adicionales.
Sin embargo, sabiendo que su tiempo está a punto de expirar en mayo del presente año, la empresa, en una estrategia que iría en perjuicio del pueblo peruano parece estar más interesada en utilizar argucias legales a través de arbitraje millonarios como una herramienta para sostener un negocio que, según los términos del contrato, cumplirá su periodo el 16 de mayo del presente año.
Resulta que el líder de Renovación Popular es también propietario accionista de dicho negocio. Llama la atención que quien se queja constantemente de la corrupción cometida por autoridades previas a él, no tenga la capacidad ética de dar un paso al costado en esa empresa, o deslinde de actividades que van en contra de los intereses del Estado peruano.
La búsqueda de extender la concesión puede ser parte de una negociación amplia y pública entre el estado y privados. Pero, que la empresa abuse de estrategias jurídicas para depredar el tesoro nacional, plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de su rol como líder político y autoridad en funciones.
Los intereses de los bienes públicos de los peruanos tienen que ser la prioridad para cualquier político. Cualquier intento de abusar del sistema para beneficio privado debe ser no solo conocido por los ciudadanos, sino rechazado contundentemente.
