Procuraduría solicitó iniciar investigación por la pérdida de 111 armas de guerra del Ejército

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada el inicio de las diligencias preliminares —en el marco del comienzo de una investigación— contra los presuntos responsables del robo y posterior manipulación de 111 fusiles de guerra del Ejército del Perú, los cuales se encontraban resguardados en un almacén de la institución.

Este presunto delito de peculado doloso es atribuido a Ricardo Arístides Jaramillo López, en su calidad de jefe del batallón de Material de Guerra 512 del Ejército Peruano, y los que resulten responsables.

En este marco, se busca crear un precedente en la lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que se reporta la desaparición de armamento del Ejército ni que aparecen armas de origen militar usadas por el crimen organizado en el exterior.

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Ejército identifica más de 110 armas inservibles

Un informe de ‘Cuarto poder’ reveló que 111 fusiles de guerra fueron manipulados, transformados y rehechos de manera artesanal. Esto ocurrió dentro de un almacén del Ejército del Perú, donde ningún arma puede pasar por ese proceso sin ser minuciosamente registrada de acuerdo al reglamento interno.

Tras el recojo de las primeras versiones, nadie se había dado cuenta de que varias partes de los 111 fusiles de guerra habían sido reemplazadas por componentes que no son originales. Algunas presentaban cañones deteriorados, un mecanismo interno completamente remodelado por piezas de menor calidad.

Manipulación al descubierto

El presunto delito fue descubierto el 11 de enero del 2021, cuando el comandante EP Zanoni Durand asumió como nuevo jefe del batallón de Material de Guerra 512, en reemplazo del comandante EP Ricardo Jaramillo, quien le entregó la documentación —durante el proceso de transparencia del cargo— sin señalar algo sobre las armas manipuladas.

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Al darse cuenta de la manipulación, Zanoni Durand informa lo ocurrido a su superior, el general de brigada Mario Chávez Cresta, el hermano de Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa del Gobierno de Dina Boluarte. Este último, en lugar de permitir que la Inspectoría del Ejército haga una investigación, le exige a su subordinado que le entregue un informe detallado.

Tras revisar la documentación, Mario Chávez Cresta ordenó ocho días de arresto simple contra Ricardo Jaramillo, quien apeló y logró reducir su sanción. Un dato llamativo es que 11 meses después de conocerse la manipulación de los fusiles, el hermano del ministro de Defensa pidió que se cumpla con dar de baja al armamento mediante el método de destrucción, eliminando con ello las pruebas. El comandante Durand se opuso a dicha decisión.

Recién tres años más tarde, la Procuraduría del Ejército denuncia ante el Fuero Militar el desmantelamiento de los 111 fusiles Galil. Zanoni Durand fue pasado al retiro en el 2023 por renovación. En tanto, Ricardo Jaramillo sigue trabajando en el Ejército como si nada hubiese pasado.