Congreso: alistan acusación constitucional contra Dina Boluarte y Pedro Castillo
Apuntan a inhabilitarlos o suspenderlos del cargo. En el caso del jefe del Estado, la vía pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declaró procedente la denuncia por infracción a cuatro artículos de la carta magna y por delito de traición a la patria. También por infracción a la Constitución se han presentado denuncias contra Dina Boluarte.
Como se han dado los acontecimientos recientes, la oposición parece vislumbrar dos caminos para deshacerse del Gobierno de Pedro Castillo. Una es la vacancia presidencial, que hasta el momento ha fracasado dos veces. En diciembre, una moción impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) ni siquiera alcanzó los votos necesarios para que fuese admitida a debate. La segunda, votada el 28 de marzo, solo llegó a los 55 votos, muy lejos de los 87 que se necesitan para destituir al mandatario.
Si bien los opositores más radicales siguen coqueteando con la posibilidad de presentar una tercera moción, no está claro que de formalizarse la iniciativa esta vez corra con mejor suerte que las veces anteriores.
La vía alternativa pasa por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El lunes 28 de febrero, esta declaró procedente la denuncia constitucional en contra del presidente por infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11, de la Constitución y por el presunto delito de traición a la patria.
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Lourdes Flores y Fernán Altuve-Febres, quienes avalaron la teoría del fraude para intentar desconocer los resultados electorales, presentaron la denuncia por las declaraciones de Pedro Castillo cuando mencionó en una entrevista a la cadena CNN que “se le consultará al pueblo” sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia. Los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) hicieron suya la denuncia.
Cabe señalar que la Primera Sala Constitucional de Lima revisará en los siguientes días el habeas corpus que interpuso la defensa del presidente Castillo para archivar la denuncia constitucional. Por su parte, el congresista Wilson Soto (Acción Popular), delegado del caso, informó que se convocará a audiencias para elaborar un informe final con el objetivo de denunciar al jefe del Estado ante la Comisión Permanente (CP).
Se trata de una vía más engorrosa, por cierto. Si se aprueba en la CP, el debate pasará al Pleno. El acuerdo de una acusación por la presunta comisión de un delito en funciones —como traición a la patria— necesita de 66 votos. En esta etapa no podrán votar los miembros de la CP.
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Para el constitucionalista Omar Cairo, en caso de que la acusación prospere, no se estaría configurando una destitución. Según dijo, llevará a que a Castillo se le suspenda en el ejercicio de la presidencia, por lo que, en la línea de sucesión, en estos momentos le tocaría asumir a Boluarte hasta que termine el proceso penal en la Corte Suprema.
Si a Castillo se le condenara por el delito de traición a la patria que se le imputa, recién se le destituiría. Si se le absolviera, regresaría al cargo presidencial para completar lo que reste de su mandato, sostuvo Cairo.
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Infracción constitucional
Ahora bien, como se sabe, un informe de la Contraloría General de la República acusa a Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ocupaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría, según el informe, una infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado siendo funcionaria.
Avanza País anunció que presentará una denuncia constitucional en contra de Boluarte. Se le atribuye la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución. Queda por saber el alcance que podría tener la posible sanción a Boluarte.
Desde el sector más opositor, se apuesta por inhabilitarla de cualquier cargo público, incluido el de la vicepresidencia. De esta forma, si Castillo estuviese suspendido y Boluarte perdiera la opción de ser presidenta, asumiría el Gobierno el titular del Congreso. Pero este último solo podría convocar a elecciones adelantadas si es que la Corte Suprema condenara a Castillo, añadió Cairo.
Gobierno. Boluarte firmó la ley mientras Castillo viajaba. Foto: Antonio Melgarejo/La República
Sin embargo, Cairo advirtió que de comprobarse que Boluarte ha cometido una infracción constitucional, la sanción que correspondería imponerle sería la suspensión o la destitución del cargo de ministra y “de ningún modo” del puesto de vicepresidenta o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en tanto la infracción en la que habría incurrido es a un deber estrictamente ministerial.
El aludido artículo 126 dice: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Ayer se supo de una segunda denuncia constitucional contra Dina Boluarte y que fue interpuesta por el congresista Javier Padilla, de Renovación Popular, “por haber incurrido en infracción del artículo 126 de la Constitución Política”.
Posturas en el Congreso
El parlamentario Eduardo Salhuana (APP) manifestó que su bancada cree que Dina Boluarte sí cometió infracción constitucional, pero habrá que ver la naturaleza de la sanción.
“El Congreso puede suspenderla, lo que significa que deja el ministerio, o inhabilitarla, y si la inhabilita tendrá que dejar el cargo de vicepresidenta. Estos niveles de sanción dependen de la gravedad del hecho, del perjuicio que haya podido ocasionar la trayectoria, la conducta y los antecedentes de la persona. Como en cualquier escenario donde se imponga sanción sea administrativa, penal o de otra naturaleza, siempre se tiene que ver el criterio de proporcionalidad”, comentó Salhuana.
Agregó que Dina Boluarte tendrá que dar sus descargos y que su bancada va a esperar el resultado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el nivel de las sanciones para dar su voto.
Explicación en partes. Boluarte ya sabía de la investigación de la Contraloría e hizo su descargo, pero ayer difundió una primera versión de estar con licencia y luego admitió las firmas. Foto: Gerardo Marín/ La República
En Acción Popular, Luis Aragón refirió que su bancada sesionará hoy para tratar este tema. Dijo que según el informe de Contraloría, la vicepresidenta habría firmado documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, señaló que Boluarte también tiene derecho a hacer el descargo respectivo.
“Quiero ser prudente y escuchar qué descargos tiene, qué clase de documentos ha firmado, cuál es el contenido de ellos. Sí hay una prohibición que establece el artículo 126 de la Constitución, un ministro de Estado no puede intervenir de manera directa en la gestión de asociaciones privadas, pero queremos escuchar el descargo de la ministra”, precisó Aragón.
Dentro de la bancada de Fuerza Popular, el tema tampoco ha sido tratado. El congresista Alejandro Aguinaga mencionó que este grupo parlamentario recién lo iba a analizar y luego se pronunciarían.
Enrique Wong, del partido Podemos, sostuvo que la vicepresidenta ha incurrido en una infracción constitucional y es posible que el tema sea tratado en el pleno del jueves. “Los documentos que firmó existen. Si la infracción se demuestra como al parecer lo es, votaremos por la suspensión o la vacancia”, acotó.
Dina Boluarte: “No nos dejan gobernar en paz”
Desde Davos, en donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial, Boluarte dijo que ni a ella ni al presidente Castillo les han dejado “gobernar en paz”.
“Desde el primer instante que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano, no nos han dejado gobernar en paz”, aseveró.
“Empezamos a gobernar hace nueve mesecitos (...) a pesar de que, hasta ahora, la derecha en el país, si así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo”, añadió.
Boluarte defendió sus políticas sociales y dijo que el Perú creció 13,5% en 2021 “a pesar de la situación de pandemia” y gracias al “manejo responsable de la economía”. Convocó a la comunidad empresarial a invertir en los sectores productivos del país. Asimismo, informó que el Gobierno está llevando adelante una política destinada a eliminar los trámites burocráticos que generan informalidad laboral, para lo cual se hará una simplificación administrativa y digitalización de los procesos.
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“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de sus programas sociales, acerca los servicios del Estado a las personas más vulnerables. Estas son las políticas de gestión del presidente Pedro Castillo”, agregó.
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