Política

Pedirían ampliar plazo para indagaciones sobre Gobierno

Comisión de Fiscalización. Siguen pendientes la revisión de documentos y la recopilación de declaraciones del presidente Pedro Castillo y del exministro de Transportes Juan Silva. Otros personajes respondieron y negaron responsabilidades.

Proceso. El 16 de diciembre 2021 el pleno dio facultades a la comisión para que investiguen caso Sarratea, Provías y otros. Foto: difusión
Proceso. El 16 de diciembre 2021 el pleno dio facultades a la comisión para que investiguen caso Sarratea, Provías y otros. Foto: difusión

Está próximo a vencer el plazo de 90 días hábiles otorgados a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para que presente su informe final sobre los presuntos hechos ilícitos ocurridos en el actual gobierno del presidente Pedro Castillo. La fecha exacta aún no es del todo clara en la interna del mismo grupo de trabajo.

“Entiendo de que ya debe estar concluyendo y elaborándose el informe final, a eso obedece las múltiples invitaciones que se ha venido”, comentó el congresista y secretario de este grupo, Edgar Reymundo. Por su parte, el presidente de la comisión, Héctor Ventura, sostuvo días antes en Latina, que el documento se presentará en la segunda semana de mayo.

Por tal motivo, según fuentes cercanas a la comisión, pedirían una prórroga para que terminen de recoger las declaraciones y de revisar documentación pendiente. De acuerdo a la norma, el equipo puede elaborar un informe preliminar y solicitar al pleno hasta 30 días hábiles más para cerrar el caso en esta instancia. Este escenario es el más probable, sin embargo, dependerá de Ventura.

Respuestas pendientes

La participación del jefe del Estado en la comisión es crucial para que se esclarezca la situación en este fuero, pero aún no se da; pese a que el mismo mandatario confirmó, en una visita al Congreso, que respondería.

A fines de abril, el titular de la comisión llevó un documento a Palacio de Gobierno con el que invitaba por tercera vez al presidente, pero no hay noticias hasta el momento. Así, indican las fuentes, la comisión entendió que Castillo decidió no recibirlos, por lo que esperan sus respuestas por escrito.

“Habrá que esperar. En el informe final se adoptará cuáles son las presuntas responsabilidades que podría encontrarse, que no tienen carácter vinculante”, comentó Reymundo.

Otro testimonio importante para el grupo es la del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Su abogado anuncia que denunciarán a Karelim López por sus declaraciones que vincularon a su defendido, luego que no haya respondido a su carta notarial.

Silva fue citado para ayer, pero solicitó a la comisión que se le reprograme. Se analiza la posibilidad de convocarlo para el 13 de mayo, luego de los plenos pactados y se elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Juan Silva

Querella. Tras no responder carta, Silva denunciará a López. Foto: Gerardo Marín/La República

Para ayer también fueron convocados el exsecretario Bruno Pacheco, Fray Vásquez y el empresario Zamir Villaverde, no obstante, ninguno declaró. La comisión ya no se insistiría en recoger estos testimonios porque con la revisión de sus secretos bancarios y telefónicos se podrían disolver dudas.

Niegan irregularidades

Fermín Silva, director de la Clínica La Luz, reconoció ayer ser quien trasmitió las “ideas” de Hugo Chávez, antes de ser gerente de PetroPerú. No obstante, enfatizó en no haberlo recomendado para algún puesto.

Edgard Vargas y Víctor Valdivia, del comité que aprobó el proyecto del Puente Tarata III, negaron malos manejos.

Indican cambio “inusual” de general PNP

En la comisión, el general PNP Max García Esquivel calificó de “inusual” que lo hayan designado jefe de la III Macro Región Policial La Libertad y en poco más de un mes, lo cambien para otro cargo en Lima.

Señaló que a pesar de haber pedido el informe de sustento y haber solicitado reunirse con el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, no le han respondido.

Por otro lado, Alcides Villafuerte Vizcarra, exgerente de Obras de Provías Descentralizado, se acogió a su derecho de guardar silencio.