Pedro Castillo: polémica sobre opción de revocar el indulto a Alberto Fujimori
Análisis. Pedro Grández apunta que el mandatario puede revocar la resolución del indulto. Carlos Rivera considera más pertinente resolver el caso en la Corte IDH. Ana Vidal exhorta al Gobierno a asumir una postura firme de lucha contra la impunidad.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) para la liberación del reo Alberto Fujimori, surge el debate sobre la posibilidad de que el presidente Castillo pueda revocar la resolución del indulto otorgado en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski.
En opinión del constitucionalista Pedro Grández, el presidente Castillo sí podría revocar aquella resolución del indulto, en aplicación del control de convencionalidad. “Es más, el indulto humanitario que reclama Fujimori solo es posible razonar en circunstancias de un tiempo específico”, expresó, en referencia al trámite que concluyó en diciembre del 2017.
Según apuntó, estamos en un caso extremo “donde el Estado y el Gobierno deben garantizar los derechos humanos, y son garantes también de los tratados internacionales”.
Sentencia bajo análisis
Existe una sentencia emitida en el 2010 por el TC sobre el caso Crousillat, donde, entre los argumentos, este organismo estableció textualmente “la imposibilidad de ser revocado (un indulto) en instancias administrativas o por el propio presidente de la República”.
En opinión del constitucionalista Luciano López, esto hace que jurídicamente no resulte viable una revocatoria por parte del presidente.
Grández apunta que esa sentencia es contradictoria, porque en el argumento 19 asume como válida la posibilidad de que una resolución de indulto sea anulada, “pues el goce de un derecho presupone que este haya sido obtenido conforme a ley, pues el error jurídicamente grave no puede generar derechos”.
Desde su punto de vista, Castillo tiene la opción de revocar y dejar sin efecto la resolución del indulto y la otra parte tiene también la posibilidad de generar una demanda contra dicha decisión, para que un órgano judicial se pronuncie.
El abogado Carlos Rivera considera que Castillo puede revocar el indulto, pero “a mí en este momento no necesariamente me interesaría, como abogado de las víctimas, que el presidente se inmiscuya en un tema jurisdiccional porque creo que este asunto es parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana”, expresó en RPP.
Otras acciones
La especialista en derechos humanos Ana María Vidal consideró, por otro lado, que el Gobierno de Castillo debería designar procuradores ad hoc para este caso ante la Corte IDH.
Subrayó que, a diferencia de gobiernos anteriores, el Gobierno podría llevar ante la Corte IDH una postura firme de lucha contra la impunidad.
Vidal recalcó que la Corte IDH ya había fijado parámetros respecto a este indulto y la Corte Suprema en el Perú los tomó en cuenta al anular el indulto. “Pero el TC ha arrasado con todo, pervirtiendo el derecho, y se necesita del Gobierno una postura firme de lucha contra la impunidad”, enfatizó.
Por otro lado, Pedro Grández recordó que el juez encargado de la ejecución del fallo del TC también puede responder a esta instancia, dentro del control de convencionalidad, pidiendo aclarar si lo que están ordenando es desacatar una decisión de la Corte IDH.
Convocarán al Acuerdo Nacional
El presidente Pedro Castillo ayer se expresó en términos generales sobre la presente coyuntura, al hablar sobre la necesidad de cesar la confrontación.
“En el marco de voltear esta página y acabar con esta confrontación, nos pondremos de acuerdo para convocar inmediatamente al Acuerdo Nacional y esperamos que ahí nadie se quede atrás, todos tenemos que tener voz y voto porque nos interesa el país”, adelantó tras recibir en Palacio a representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Desde la tienda del fujimorismo, el partido Fuerza Popular publicó ayer un comunicado en el que plantea una “reconciliación” y expresa, además, que en una democracia los fallos judiciales se deben acatar.
Reacciones
Pedro Grández, Constitucionalista
“Estamos en un caso extremo donde el Estado y el Gobierno tienen el deber de garantizar los derechos humanos, y son garantes también del cumplimiento de los tratados internacionales”.
Ana María Vidal, Especialista en DD.HH.
“Aquí, lamentablemente, el TC está pervirtiendo el derecho. Han anulado una resolución de la Corte Suprema que se había emitido dentro de los parámetros que había fijado la Corte Interamericana”.
