Caso El Frontón: Tribunal Constitucional aprobó recurso que busca su archivo

Dos veces el Tribunal Constitucional (TC) ha evaluado acciones que buscan archivar el caso de la matanza en el penal El Frontón. La primera con la sentencia del 14 de junio del 2013 cuando establecieron que no podía calificarse como crimen de lesa humanidad, delito que daba continuidad a la investigación fiscal de ese entonces, apuntando a su prescripción.

La segunda se dio el 22 de febrero de este año, cuando Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Ernesto Blume lograron ser mayoría para declarar fundado el recurso de reposición que pedía anular anteriores resoluciones y reponer la del 2013.

En contra estuvieron Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda, quienes, con el fallecido Carlos Ramos, eran los encargados de resolver el caso. Fuentes explican que esta resolución es una excepción a las reglas, no obstante, aclaran que no significa el archivo del caso, sino que es un intento más para ello.

Irregularidades

Esta decisión, indican, se resolvió bajo irregularidades. La primera es que un recurso como el mencionado debe ser resuelto por quienes votaron anteriormente en el caso. Es decir, no debieron intervenir Ferrero ni Sardón. Además, habría un abocamiento indebido porque ellos anunciaron en reiteradas veces que no participarían. Sin embargo, tras el fallecimiento de Ramos se recompuso el TC, llevando a Ferrero como presidente y a Sardón como vicepresidente; en estos cargos ambos pueden dirimir en empate. Es así que el mismo 22 decidieron participar y movieron la balanza. Otro aspecto es que Sergio Tapia Tapia, quien interpuso la reposición en 2017, meses después renunció expresamente a seguir con esta, anunciando que se dirigía a instancias internacionales. Por lo que no se debería haber analizado el fondo.

Por su parte, la magistrada Ledesma, en el fundamento de su voto, comentó estas irregularidades y añadió que la sentencia del 2013 es “una invasión de competencias” debido a que el juez constitucional no le está permitido actuar como penal. Además, indicó tener una mirada de preocupación “por las incansables ocasiones que han buscado algunos para archivar este caso, por todos los medios y desde todas las esferas”.

Evalúan medidas

Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal, que representa a familiares de las víctimas, afirma que esta decisión es un tipo de amnistía que deja en impunidad a los responsables. Asimismo, resalta que va en contra de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Durán y Ugarte, que exige al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables.

Por ello, el lunes notificarán al respecto a la entidad internacional, que está en proceso de supervisión de la sentencia que emitieron, para que se pronuncien. Asimismo, evalúan presentar un recurso de nulidad ante el TC tras identificar vicios procesales.

Excepción a las reglas

Augusto Ferrero usó su voto dirimente, a pesar de que de acuerdo a las normas no debía, ni tampoco José Luis Sardón, participar en la resolución del caso.

36 años esperando justicia

El 18 y 19 de junio de 1986 internos iniciaron un motín en simultáneo en diferentes penales. La Marina de Guerra intervino en El Frontón y se registraron al menos 113 reos muertos.

Acusaron a 33 exmarinos por homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión, en la modalidad de lesa humanidad.

El juicio oral se inició el 2017. Juan José Quispe estima que el caso dure por lo menos 6 a 8 años más. La próxima audiencia será el 24 de marzo.