Organizaciones periodísticas piden visita del relator especial de libertad de expresión de la CIDH

Un grupo de organizaciones periodísticas, conformadas por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), solicitaron la visita del relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, para que realice una investigación sobre los hechos actuales que afectan la libertad de prensa en el país.

A través de una carta, estas entidades enfatizaron en que tanto el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial han propuesto iniciativas que afectan el derecho de los ciudadanos peruanos y de los periodistas a informar lo que sucede en el país.

“Desde el Poder Ejecutivo, se ha creado una narrativa de retórica inflamatoria que alimenta a otros sectores del aparato público. Desde el Congreso, se intenta aumentar la pena de cárcel por difamación y, por otro lado, establecer pena de cárcel para periodistas o funcionarios públicos que difundan la identidad y los contenidos de declaraciones de colaboradores eficaces”, se lee en la misiva.

En ese sentido, recordaron la condena que le interpuso el Poder Judicial al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel por difamación en primera instancia, a raíz de la publicación de libro Plata como cancha y la denuncia del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Asimismo, señalaron casos como la sentencia contra la periodista Denis Flores Diaz y los asesinatos de los periodistas Melissa Alfaro, Hugo Bustíos y Jaime Ayala, que ocurrieron hace más de 30 años y que aún no fueron llevados a juicio.

“La situación de la libertad de expresión en las regiones del Perú es de suma gravedad. Durante el 2021, los ataques a la libertad de expresión al interior del país fuera de la capital significaron casi el 50% del total (101 ataques de 200 registrados), en un año excepcional que concentró la actividad en Lima por las elecciones generales”, manifestaron.

“En los últimos cuatro años se registran 104 casos de hostigamiento judicial a periodistas. A ello se suma la vulnerabilidad de quienes cubren conflictos sociales. En estos contextos el gobierno suele declarar las zonas afectadas en estado de emergencia, poniendo en cuestión el derecho a la protesta pacifica y periodistas que cubren las Incidencias en su mayoría abusos policiales presentándose escenarios de confrontación Iniciados por los agentes del orden que agreden”, agregan.

Falta de transparencia

En la misma carta, las organizaciones políticas resaltaron la falta de transparencia en el manejo de los asuntos públicos por parte del Gobierno del presidente Pedro Castillo, lo cual aseguran que se ha visto en los cuatro gabinetes ministeriales.

“Los problemas comenzaron con una juramentación del primer gabinete a la que no se permitió el acceso de la prensa, con despachos presidenciales sin registro de los interlocutores del mandatario, con falta de rendición de cuentas en el nombramiento de altos funcionarios públicos”, sostuvieron las entidades.