Carlos Jornet: “No estamos hablando solo de la libertad de prensa sino de la libertad de expresión”

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), responde sobre la sentencia contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel a raíz de la denuncia por difamación presentada por el excandidato presidencial César Acuña.

¿Qué le sugiere la sentencia que favorece a César Acuña?

Una gran preocupación. Es una muy mala señal en materia de libertad de expresión para el Perú y el resto del continente donde, lamentablemente, empiezan a multiplicarse este tipo de acciones que buscan criminalizar a la práctica periodística a partir de persecuciones penales contra comunicadores que han escrito reflejando hechos que son de dominio público y sobre personajes que están en la vida pública.

Claro, Acuña no es funcionario, pero es un personaje de interés público.

Exacto, no es un funcionario, pero es líder de un partido, por ejemplo. Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, quienes están sometidos a un escrutinio ciudadano tienen la necesidad de una mayor transparencia en su vida pública y privada y quienes se expresan sobre ellos deberían estar excluidos de la persecución penal. No propiciamos la irresponsabilidad periodística, pero aquella solo puede ser perseguida por vía civil y no penal.

¿Qué significa ser perseguida por vía civil?

En aquellos casos en que alguien público se sienta agraviado, no debe recurrir a un juez penal con la posibilidad a una condena. En este caso la sentencia está suspendida, pero establece una espada de Damocles sobre esa persona porque en caso de una nueva sanción puede ir detenido. En estos casos, se debe recurrir a un juez civil y se podría aplicar una multa o indemnización proporcional al daño ocasionado. Digo esto porque, entiendo, la reparación solicitada es el equivalente de unos cien mil dólares.

Es correcto.

Y ha habido casos mucho más graves en América Latina, por ejemplo, cuando en Ecuador el presidente Rafael Correa hizo un juicio a El Universo que terminó en una condena millonaria y la de Diosdado Cabello contra El Nacional que terminó en la expropiación del medio. Es decir, lo que se busca es enviar una señal contra la libertad de expresión y amedrentar a todo quien quiera cuestionar a una persona pública.

¿Se puede condenar a alguien por reproducir testimonios de terceros? Es la argumentación del juez.

Hay algunos antecedentes valiosos. Está el caso del New York Times versus Sullivan del año 1964, que sentó las bases de la doctrina de la “real malicia”, es decir, el querellante no solo tiene que probar que los hechos relatados son falsos sino que, además, hubo un dolo real del periodista, es decir, que hubo una manifiesta despreocupación en constatar lo relatado. Esto está expresado en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, donde se indica que debe probarse que el comunicador tuvo la intención de infligir daño o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad. Por lo que he visto, esto no ha sido claramente probado por el querellante ni expresado por el juez.

¿Hay otro antecedente que vale la pena recordar?

La Corte Interamericana se ha expresado sobre el abuso del poder de sanción en materia de libertad de expresión y ha dicho claramente que la penalización de expresiones sobre funcionarios o particulares involucrados en asuntos relevantes públicos es una sanción desproporcionada. Nosotros creemos desde la Sociedad Interamericana de Prensa que el Congreso peruano, más allá de la situación política, tiene la oportunidad de avanzar en la despenalización de estos delitos y trasladarlos a la justicia civil para que se apliquen, cuando corresponda, multas o indemnizaciones a las víctimas.

Los procesos penales contra periodistas son recurrentes, ¿cierto?

En realidad, América Latina es un continente con periodos de avance en materia de libertades ciudadanas, pero, en los últimos años, vemos un proceso inverso, donde cada vez más dirigentes políticos o figuras públicas pretenden llevar a la justicia penal a periodistas por el solo hecho de haber informado. Esos casos están en Brasil, Paraguay, Panamá. En El Salvador, con un gobierno de pulsiones autoritarias marcadas, se ha anunciado un proyecto de ley para penalizar las presuntas calumnias o injurias contra funcionarios. Todo esto lo que se busca es silenciar y enviar una señal a quienes ejercen el periodismo. Es una especie de bomba de racimo que, cuando se arroja, cae sobre toda la prensa, que lo que hace es ahogar la posibilidad de avanzar en investigaciones, denuncias, críticas. Los propios ciudadanos pueden verse cohibidos con esta señal de que un gobierno puede avanzar sobre ellos.

Esto es importante. Porque, en realidad, no es solo un problema de periodistas. En una época de redes sociales, los propios ciudadanos podrían verse limitados en su derecho a criticar a sus autoridades.

Totalmente. Le mencioné el caso El Salvador, pero están Venezuela, Nicaragua, ni hablar de Cuba, en donde las protestas del año pasado hubo claramente una búsqueda de apagar a las redes sociales para que los ciudadanos no pudieran expresar su derecho a la protesta. Acá no estamos hablando solo de la libertad de prensa sino de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad de controlar a quienes nos gobiernan.

¿Qué se debería impulsar desde un Estado para evitar situaciones así? Ya me habló de lo que podría hacer el Congreso. ¿Y el Ejecutivo?

Desde antes que asumiera Pedro Castillo lo instamos a que firmara la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta. Se señala que los gobiernos no deben penalizar la crítica a los funcionarios. De haber aceptado, el presidente hubiera enviado una señal muy clara al conjunto del escenario político sobre el camino a recorrer en materia de libertad de expresión.