Poder Judicial pide suspender proceso de ratificación de jueces

En virtud de una sentencia recién notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia pidió a la Junta Nacional de Justicia que suspenda los procesos de ratificación de jueces y fiscales en trámite, hasta que se expida una nueva legislación en este tema.

A través de un comunicado público, los jueces de la Corte Suprema informan que el 10 de diciembre, la Corte IDH notificó al estado peruano la sentencia recaída en el caso Moya Solís versus Perú. Moya Solís era una secretaria judicial que no fue ratificada en el cargo en 1982, por lo que debió recurrir a las instancias internacionales en busca de protección a sus derechos.

Así, en la sentencia se estableció que el proceso de ratificación previsto en la legislación peruana es violatorio de la protección judicial, de los derechos políticos y del derecho a la honra, la dignidad y la privacidad de los magistrados y sus familiares.

La ratificación es una evaluación de idoneidad y desempeño al que se someten todos los jueces y fiscales del país cada siete años. El proceso puede concluir con su separación definitiva del Poder Judicial.

En la práctica, se ha convertido en un segundo proceso disciplinario. Si a un magistrado no se le logran probar los cargos disciplinarios por falta de prueba o algún tecnicismo, termina siendo no ratificado por cualquier motivo aparente. También es motivo de presión política, de la opinión pública y de corrupción.

El 30 de setiembre del 2021, la JNJ convocó a un proceso de ratificación de 200 magistrados. Entre los convocados, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Además, al fiscal supremo Pablo Sánchez y a los jueces de la Corte Suprema, César San Martín, Víctor Prado, Jorge Salas Arenas y Janet Tello.

El comunicado de la Corte Suprema recuerda que las sentencias de la Corte IDH son de estricto cumplimiento, por lo que pide suspender el proceso de ratificación en trámite hasta que el Congreso emita una nueva legislación de acuerdo con los parámetros establecidos en el veredicto supranacional.

Además, piden a la Junta que convoque a una mesa de trabajo, donde los magistrados puedan dar sus opiniones que ayuden a establecer nuevos mecanismos y pautas de evaluación hasta que el Congreso se pronuncie.

La Corte Suprema subraya que la sentencia considera que el procedimiento de ratificación es materialmente sancionatorio y, como tal, le son aplicables las garantías del debido proceso, propias del procedimiento disciplinario.

Por lo tanto, se hace necesario que el magistrado evaluado sea informado de manera oportuna de los puntos que se tendrán en cuenta en su evaluación. Además, de conocer el perfil profesional de todas las personas que participaran y emitirán opinión a favor o en contra en dicho proceso.

Revisión

CNM audios. La JNJ también viene realizado una revisión de los procesos de ratificación realizados por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura desde el 2015 en adelante.