Etapa previa al juicio contra Alejandro Toledo se paraliza

Por Alonso Collantes

El caso Interoceánica Sur (Odebrecht) contra el expresidente Alejandro Toledo y otros acusados no podrá seguir su cruso, por el momento, hasta que se resuelvan dos incidentes.

Uno se trata de un pedido del empresario Fernando Castillo Dibós para que se separe al juez Richard Concepción Carhuancho por “temor de parcialidad” en el caso, pues hace unos días se pronunció sobre otro acusado, Avraham Dan On, dictándole prisión preventiva.

Otro tema es el de los abogados del exmandatario Toledo, José Graña Miró Quesada, Fernando Castillo Dibós y otros más quienes solicitaron que se suspenda la audiencia de control de acusación (fase previa al juicio oral) hasta que se defina en segunda instancia la situación de cuatro empresas: Graña y Montero, JJC Contratistas, ICCGSA y GyM.

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Hasta la fecha, señalaron, un tribunal de segunda instancia no resuelve aún si dichas empresas que integraron el consorcio Interoceánica Sur con Odebrecht serán incorporadas en la acusación del fiscal Pérez o se les investigará aparte, tal como se decidió en agosto último manteniendo a salvo el pedido de Domingo Pérez contra el expresidente Toledo y otros.

El juez Richard Concepción Carhuancho atendió ambos pedidos y decidió suspender esta etapa contra los acusados hasta que se resuelvan en segunda instancia su posible separación del caso y el tema de ‘las empresas “para evitar nulidades posteriores y tener después ‘limpieza procesal’”.

José Domingo Pérez así como la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato estuvieron de acuerdo con la prórroga y se acordó también que la Fiscalía notifique a todos los acusados sus elementos y pruebas para que puedan defenderse una vez inicie la etapa previa al juicio oral.

En suspenso

Concepción Carhuancho tenía previsto para hoy revisar, primero, los pedidos de archivo del caso Intereoceánica Sur para tres personas: John Barclay Méndez (fallecido en julio de 2020), Gideon Weinstein y Sabi Saylan. Estos dos últimos fueron socios de Josef Maiman, examigo y delator de Alejandro Toledo.

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Después de ello se revisaría la acusación contra Toledo, para quien se solicitó desde agosto del año pasado 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido US$35 millones de Odebrecht a cambio de adjudicar la carretera Interoceánica Sur a Odebrecht.

Con los recursos pendientes, el caso todavía tendrá que esperar para reanudar su curso.

Reiteran pedido de prisión para Toledo

La fiscal estadounidense Stephanie Hinds envió ayer al juez Thomas Hixson su respuesta ante el pedido de Alejandro Toledo para no volver a prisión por temas de salud.

Según el documento al que accedió este diario, los motivos de debilidad física y mental a los que estaría expuesto el expresidente no configura “circunstancias especiales” que justifiquen mantener su arresto domiciliario en Caifornia.

“Si bien identifica varios problemas de salud que dice padecer, no ofrece pruebas de que alguno de ellos sea tan grave como para no poder controlarlo mientras está detenido. En consecuencia, no justifican su puesta en libertad”, señala la fiscal Hinds.

Además, sobre le problema de operación de cadera a la que se someterá Eliane Karp, la fiscal también añade que no es suficiente para argumentar la necesidad de no volver a la cárcel mientras que la Secretaría General de EE.UU. resuelve la extradición de Toledo al Perú.

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“Aunque Toledo cita varias estadísticas generales relativas a la vulnerabilidad al COVID-19, no cita ninguna ley que apoye la noción de que su riesgo significativamente reducido de contraer la enfermedad, e incluso menor riesgo de necesitar hospitalización como resultado de la misma”, apunta la fiscal Hinds.

Por estas razones se pidió al juez Hixson que apruebe la petición de que Alejandro Toledo regrese a prisión preventiva hasta que se defina su repatriación al Perú.