Alejandro Toledo: exsocios de Odebrecht no podrán salir del país por el caso Interoceánica

Por Alonso Collantes

El juez Richard Concepción Carhuancho ha ordenado este jueves una dictamen para que los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet, Gonzalo Ferraro y Fernando Castillo Dibós no abandonen el país por 18 meses por el caso Odebrecht (Interoceánica Sur, tramos 2 y 3).

Carhuancho, quien dirige el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó, tras analizar los elementos presentados por el fiscal José Domingo Pérez desde mayo de este año, que los implicados sí habrían cometido los delitos de colusión y lavado de activos.

Otros de los requisitos que se cumplieron para imponer la medida fue el de la prognosis (cálculo) de la pena, pues en cada uno de los empresarios se supera el marco de los 4 años. Ello puesto que la Fiscalía los acusó en marzo pasado con penas efectivas de entre 11 y 20 años de cárcel luego de que se culmine un juicio oral.

En cuanto al peligro de fuga u obstaculización, el juez resaltó que “existe la simple probabilidad de que los cinco investigados puedan eludir la acción de la justicia”, sobre todo en el caso de Fernando Camet Piccone, quien radica en España con su familia y labora con contrato indefinido en Europa.

A criterio del magistrado, los 18 meses de impedimento de salida son proporcionales y necesarios para el caso ya que en este lapso puede culminar la etapa intermedia (examen y discusión de la acusación fiscal) y el juicio oral (con sentencia). Esta medida estará vigente hasta el 8 de marzo de 2023 contra los empresarios.

Reglas de conducta

El pedido del fiscal Pérez también apuntaba a varias limitaciones para los empresarios, medida que también aprobó en parte el juez Concepción Carhuancho. Así, para los cinco empresarios acusados les dictó las siguientes restricciones:

-No ausentarse de Lima sin previa autorización

-No comunicarse con testigos, peritos o coinvestigados del caso

-Presentarse cada 30 días al Juzgado (Gonzalo Ferraro Rey debe hacerlo de forma virtual por problemas de salud)

-Acudir a un control biométrico cada 30 días (Gonzalo Ferraro Rey debe cumplir de manera remota)

-Pagar una caución en un plao máximo de 30 días hábiles.

Los exdirectivos de Graña y Montero, José y Hernando Graña, por su parte, deberán pagar S/300 mil y S/200 mil, respectivamente. Contra Gonzalo Ferraro Rey, exrepresentante de dicha constructora, se le impuso el pago de S/100 mil.

El mismo monto deberá pagar José Castillo Dibós, expresidente de la empresa ICCGSA, mientras que Fernando Camet (exdirectivo de la empresa JJC) quien radica en Europa, está obligado a pagar el monto más alto de todos: S/350 mil.

La Fiscalía, no obstante, apeló para que se les imponga un pago mayor de caución a los primos José y Hernando Graña así como contra Fernando Camet. La defensa de este, asimismo, anunció que apelará el impedimento de salda y las rstricciones. Solo los empresarios Gonzalo Ferraro y José Castillo estuvieron de acuerdo con las limitaciones.

La postura del Ministerio Público en el caso fue que entre febrero y marzo de 2011, se acordó en una junta de accionistas del consorcio Conirsa (integrado por Graña y Montero, JJC e ICCGSA) pagar S/11.331.424 por el concepto de “riesgos adicionales” a la constructora brasileña.

Para la Fiscalía ello fue una forma de reembolsar o restituir el dinero que la empresa Odebrecht había transferido al expresidente Alejandro Toledo a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Interoceánica durante su gobierno.

Acusación a puertas de ser analizada

En agosto de 2020, el fiscal Domingo Pérez presentó su acusación ante el juez Concepción Carhuancho pidiendo diversas penas de prisión para los implicados. Entre ellos el expresidente Alejandro Toledo, quien habría recibido una coima de Odebrecht por US$35 millones, con ayuda de Josef Maiman, Avraham Dan On y un pacto ilegal con la constructora brasileña.

Así, se pidió para Toledo 20 años y medio de cárcel. Esta misma pena recibirían los exdirectivos José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós; mientras que Gonzalo Ferraro y Hernando Graña Acuña podrían recibir una condena de 11 años y seis meses de prisión.

Tras dividirse en dos el caso Interoceánica Sur (la acusación contra personas naturales y la investigación seguida contra las empresas Graña y Montero, ICCGSA y JJC), la Fiscalía espera que se convoque pronto una audiencia de control (revisión) de su pedido de cárcel contra Toledo y otros implicados.

En parelelo, se desarrollará la investigación contra las empresas indicadas anteriormente con el fin de decidir si las acusa o no, reservando por el momento la decisión de pedir una sanción de disolución o liquidación contra estas corporaciones.

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