Vizcarra: admiten apelación de Fiscalía para insistir en prisión preventiva
La jueza Álvarez había desestimado el pedido de prisión preventiva hace siete días al resaltar que no existe peligro de fuga ni de obstaculización.
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El Poder Judicial (PJ) evaluará la apelación presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien insiste en su pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.
La jueza María de los Ángeles Álvarez admitió a trámite el recurso presentado por el Ministerio Público que cuestiona la decisión de habérsele puesto comparecencia con restricciones al también candidato al Congreso de Somos Perú, en lugar de prisión preventiva.
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“Conceder el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por el fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, indica la resolución.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Especializada será la encargada de evaluar la apelación y decidirá si se admite en una segunda instancia el la solicitud del fiscal Juárez Atoche.
Vizcarra Cornejo es investigado por presuntamente haber recibido más de 2 millones de soles en coimas con el fin de favorecer a las empresas Obrainsa e ICCGSA para que accedan a las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
Cabe destacar que, días atrás, la magistrada Álvarez desestimó la solicitud de prisión preventiva, ya que consideró que el exgobernador de Moquegua tenía arraigo laboral y familiar, por lo que el presupuesto de peligro de fuga quedaba desestimado.
Al expresidente se le ordenó cumplir las siguientes normas:
- Prohibido ventilar información en medios de comunicación sobre la investigación fiscal y el proceso penal.
- El pago de una caución de 100.000 soles que deberá cancelar en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- La obligación de no salir fuera de la localidad en la que reside.
- Pasar por un control biométrico de manera mensual.
- Prohibición de comunicarse con investigados o cualquier vinculado con la investigación.
- No mantener contacto con entidades públicas o privadas o con instituciones que estén relacionadas con la investigación.
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