Participación de la mujer en política e instituciones públicas en ascenso

El Perú está cambiando. Antes, la participación de las mujeres en altos cargos era un hecho que causaba extrañeza. Sin embargo, en los últimos años, esto se ha revertido y han pasado a ocupar cargos de representación en la política y también en instituciones públicas de gran relevancia nacional.

Solo en el periodo parlamentario actual (2020-2021) hay 34 legisladoras de las diversas bancadas que muestran los intereses y necesidades de sus regiones, a fin de proponer y aprobar nuevas normas que traigan beneficios. Esta es una cifra baja, ya que en países como Cuba son 322 damas presentes en el Parlamento, de un total de 605 diputados.

Incluso, una mujer es quien dirige el Congreso de la República en la actualidad: Mirtha Vásquez (Frente Amplio). Ella asumió el cargo tras la asunción de Francisco Sagasti como jefe de Estado, ya que pasó a encabezar la Mesa Directiva. Vásquez, desde que inició su gestión en noviembre de 2020, ha priorizado temas imprescindibles como la eliminación de la inmunidad parlamentaria y, recientemente, el inicio de las indagaciones por el caso ‘Vacunagate’. Sin embargo, por el ejercicio de sus funciones, algunas bancadas han amenazado con destituirla.

De igual modo, a inicios de 2019, Zoraida Ávalos asumió como titular del Ministerio Público, tras la renuncia de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación por las diversas denuncias constitucionales en su contra. Poco después, Ávalos fue ratificada en el cargo y, hasta el momento, ha efectuado una serie de investigaciones y acusaciones, inclusive contra congresistas. Producto de esto último es que fuerzas políticas estarían buscando su cabeza.

En diciembre de 2019 se nombró a Marianella Ledesma como la presidenta del Tribunal Constitucional. Es la única mujer que integra el equipo de siete magistrados de este máximo órgano, con quienes en múltiples ocasiones ha diferido en opinión y decisión. Asimismo, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras un proceso de postulación, Inés Tello fue seleccionada como la titular de la entidad y entró en funciones desde el 4 de enero de este año. Ella es, de igual forma, la primera mujer en dirigir la JNJ.

A ellas se suma Violeta Bermúdez, la abogada especialista en temas de género que fue nombrada por Francisco Sagasti como la jefa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al empezar su gestión en noviembre pasado. Un patrón que se repite en este caso es que Bermúdez también ha sido foco de críticas y cuestionamientos en los cerca de cuatro meses que dirige la PCM.

A finales del 2020, Elvia Barrios fue elegida como presidenta del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Es así que se convirtió en la primera mujer en ocupar estas posiciones de cara al bicentenario de la independencia del Perú.

Nombramiento de estas mujeres marcó un hito

Sin duda, la designación de Vásquez, Bermúdez, Ávalos, Ledesma, Tello y Barrios representa un hito importante en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en el Perú. Además, establece el precedente de que otras más pueden aspirar y alcanzar estos altos cargos.

Katherine Soto, socióloga y activista feminista, comenta a este diario que la representación de mujeres contribuye a promover la perspectiva de estas en la dirigencia de un país. En este caso, en uno con antecedentes donde los puestos de mayor relevancia siempre estuvieron ocupados por varones.

“Hablamos de un contexto histórico donde se ha invalidado por siempre la participación de las mujeres; entonces, empezar a hablar de las mujeres en cargos de decisión genera una transformación en la memoria social, histórica, respecto a la toma de decisiones y las agendas que se van promoviendo”, explica.

Agregó que la proyección que genera este escenario es crucial para empoderar a otras niñas y jóvenes de tal manera que se les muestra que puestos como los de la presidencia del Congreso o del Consejo de Ministros son algunos a los que pueden llegar.

“Hablamos no solo en su incidencia a nivel estatal, que es lo fundamental, sino que es también hacia afuera: cómo ve la sociedad y otras mujeres profesionales que ellas alcanzan esos cargos de poder. Es un sentido de poder estatal que genera un empoderamiento hacia toda la sociedad en su conjunto, hacia las mujeres profesionales, niñas y adolescentes; y hace comprender que hay espacios que también nos pertenecen o que nos han sido negados históricamente, pero que en estos momentos podemos ocupar”, destaca.

Para la socióloga Alexandra Velásquez, este hecho es una gran contribución, pero alega que debe ir de la mano con la promoción de la formación. “La real igualdad no solo es dar un espacio político o público de alto cargo a una mujer, sino también educar a niñas y adolescentes para que puedan lograr estos puestos”, indica a La República.

Transformación de instituciones

El hecho de que haya mujeres ocupando las jefaturas del Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia y Fiscalía de la Nación debe ayudar a transformar estas instituciones para convertirlas en unas “más cercanas y empíricas con las mujeres”.

“Hablamos de algunas deudas históricas, pero podemos ver cómo a partir del trabajo de ellas está el reto de cómo se repiensa este marco legal y de justicia como país más cercano y empático con las mujeres. Ahí está el reto, en cómo transformamos nuestras instituciones, enfocándolas en este problema público, que tiene un rostro desde las mujeres y niñas, sobre todo en materia de acceso a servicios, justicia, derecho”, precisa Katherine Soto.

Asimismo, considera que el camino de esta transformación ya inició en el Congreso de la República, por ejemplo, con la promoción de algunas iniciativas legislativas. No obstante, incide en que el cambio debe ser aún más profundo, a nivel estructural.

“Ha habido avances importantes en el plano de la participación política de mujeres, en el sentido de la paridad, alternancia, y esos cambios legislativos que se han venido impulsando, donde ya no hablamos de cuotas, sino de espacios donde se empieza a construir esa participación equitativa. No solo basta con estas normativas, sino que tenemos que cambiar los procesos de socialización, la perspectiva de cómo nos han socializado a las mujeres. Para ello hablamos de educación y otros componentes”, apunta la socióloga.

El rol del Estado en la igualdad de oportunidades

Alexandra Velásquez refiere que el Estado debe promover y garantizar que otras mujeres sean nombradas en puestos importantes por meritocracia, y que su cumplimiento sea verdadero y no solo por cumplir con las normativas vigentes.

“El Estado tiene que ver la aplicación de programas inclusivos en los que haya participación de las mujeres y que sea real, no solo que la ley obligue a que haya participación de mujeres, por ejemplo, en empresas privadas. Los programas tiene que apuntar no solo a pedir cuotas, espacios visibilizados para mujeres, sino que tiene que ver también cómo dar incentivos a mujeres u organizaciones lideradas por mujeres para que su participación sea activa y real”, agrega.

Al ser cuestionada por cómo las mujeres en cargos de poder pueden mostrar la importancia de este hecho, Velásquez señala que deben evidenciar que su voz es importante para la discusión de temas que consideren pertinentes y apuntar a cambiar la forma en que ellas son vistas.

“Los discursos que da Mirtha Vásquez en el Congreso, como Bermúdez en la PCM, deben ser no solo que se vinculen a la sensibilidad de la mujer como que es fuerza o poderosa, sino que lleven un discurso más retador, que las mujeres pueden tener miles de competencias y actitudes y estas se pueden desarrollar no solo con la educación, sino con la mejora de la percepción de la capacidad de las mujeres”, sostiene.

En esa línea, Katherine Soto considera que debe propiciarse que la política de igualdad de género esté presente en todos los niveles del Estado a fin acabar no solo con los estereotipos, sino también con las malas prácticas en la defensa de las mujeres.

“Al ver a mujeres en cargos de representación estamos hablando de sociedades más democráticas e igualitarias. Esto genera una responsabilidad bastante alta, y aquí, hablando solo a nivel del Ejecutivo con Violeta Bermúdez, hablamos de cómo se puede generar la perspectiva no solo en el sentido de hablar de la política de igualdad de género, sino de una transversalidad de esta a partir de cada una de las acciones estatales, y cómo algunos problemas sociales son tomados como problemas públicos”, acota.

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