Congreso contra el reloj para aprobar reformas electorales pendientes

El Congreso tiene menos de un mes para aprobar las reglas de juego para las elecciones generales del 2021. En buena cuenta, quedan apenas 20 días hábiles para que los legisladores sancionen textos pendientes que van desde la segunda votación de la reforma para impedir que postulen los sentenciados en primera instancia, hasta la regulación de un mejor control del financiamiento de las campañas políticas.

De hecho, el Pleno todavía no logra avanzar con la aprobación en segunda votación de la reforma constitucional para impedir que los condenados en primera instancia postulen a cargos de elección popular.

Como se recuerda, el texto ya fue sancionado en el anterior periodo legislativo, pero falta una segunda votación. El presidente del Parlamento, Manuel Merino, intentó concretar esta reforma en la llamada sesión descentralizada que condujo desde Trujillo, pero hubo retroceso en dos bancadas.

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Por un lado, Podemos Perú, liderado por Daniel Urresti y José Luna Gálvez (dueño del partido), decidió ya no apoyar esta reforma. De hecho, Urresti tiene procesos judiciales pendientes y una eventual sentencia en primera instancia arruinaría sus planes de llegar a la presidencia de la República.

La segunda bancada que cambió de parecer es Unión por el Perú (UPP), que es liderada por el reo Antauro Humala y, desde el Congreso, por José Vega Antonio. Este grupo también cambió de actitud, con lo cual ya no se tienen los 87 votos necesarios para esta reforma.

Financiamiento

Por otro lado, este martes la Comisión de Constitución, que preside Omar Chehade (Alianza para el Progreso), debería revisar el primer predictamen sobre el financiamiento de los partidos. Sin embargo, trascendió que ese día podría haber un Pleno para el debate del presupuesto público del 2021.

“El tema del financiamiento es crucial. Todo lo que sabemos de los pequeños y grandes escándalos, tiene que ver con compromisos que asumen algunos partidos durante la campaña, con donaciones que no se conocen”, recalcó, al respecto, Samuel Rotta, de Proética.

Percy Medina, de IDEA Internacional, apunta que hay cuatro aspectos fundamentales que deben ser regulados sobre financiamiento: el fortalecimiento de las funciones de supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); la aplicación de sanciones efectivas; la obligatoriedad de que los partidos entreguen sus informes durante la campaña y la franja electoral.

Sobre la ONPE, Medina plantea que este organismo debería tener la posibilidad de cruzar información con otras entidades, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Es más, sostuvo, se debería levantar el secreto bancario para que la entidad supervisora, que es la ONPE, pueda acceder a determinadas cuentas.

Percy Medina y Samuel Rotta coinciden en que las sanciones por incumplimientos deben ser administrativas y políticas. En este último caso, plantean, se debería incluir la eventual pérdida de inscripción de un partido, cuando las faltas son de mayor gravedad.

Al referirse a los informes de gastos, Percy Medina sostuvo que estos deben ser entregados durante la campaña y no al final. Es más, explicó que en Chile, Colombia y México existe un mecanismo para la rendición de cuentas en tiempo real.

Finalmente, Medina apuntó que la franja electoral ya es obsoleta, y más ahora que se ha eliminado la posibilidad de contratar avisos en radio y televisión. En su opinión, se debe ampliar los horarios y urge aplicar criterios más flexibles, en concordancia con los planes de comunicación de los partidos.

Levantamiento del secreto bancario en debate

Mirtha Vásquez, legisladora del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Constitución, considera que hay aspectos que deberían ser no negociables durante el debate, como es el levantamiento del secreto bancario, para la adecuada supervisión de las fuentes de financiamiento de los partidos.

Gino Costa (Partido Morado), autor del proyecto de ley (5793) que reúne las recomendaciones de la Comisión Tuesta, explica que la ley iría en la linea de que los partidos cuenten con una cuenta bancaria que pueda ser supervisada. “Estamos proponiendo que esa cuenta sea sin secreto bancario”, apuntó.

Costa considera además que se debe regular para que la UIF pueda remitir a la ONPE información que considere de interés para la supervisión.

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