Suspensión de juez supremo quebraría el juicio a excongresista Michael Urtecho

La Junta Nacional de Justicia comenzó los procesos disciplinarios contra los magistrados que serían parte de los “Cuellos Blancos del Puerto”, una extensa red de corrupción y de intercambio de favores, infiltrada en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En este contexto, la junta suspendió en sus funciones por seis meses, a los fiscales supremos Tomás Gálvez Villegas y al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. La suspensión todavía no es una sanción, sino una medida cautelar mientras se les investiga. En teoría, al concluir la investigación podrán reincorporarse, sin mayores consecuencias.

Claro, su regreso dependerá de que la investigación los exculpe, pues si demuestra alguna responsabilidad funcional, la Junta Nacional de Justicia tomará una decisión definitiva. Esa sanción puede ser la destitución, con lo cual son despojados de su título de fiscales supremos y nunca se reincorporan. O imponer una sanción menor, como la suspensión por cuatro meses o llamada de atención, luego de lo cual se reincorporan a sus despachos sin mayores problemas.

Quiebre de juicios

Para esta semana, es posible que la Junta Nacional de Justicia empiece a aplicar la suspensión a jueces titulares del Poder Judicial, en lo que, diversas voces, piden tener un cuidado adicional para no afectar a los ciudadanos que están incursos en las investigaciones o juicios que estos magistrados tienen a su cargo.

A diferencia de los fiscales, en determinada etapa de un proceso judicial sobre todo penal, si un juez es suspendido, destituido o cesa en sus actividades, por cualquier motivo, se afecta esa etapa o todo el proceso judicial. Eso genera consecuencias definitivas, que afectan de manera positiva o negativa a los ciudadanos y la administración de justicia.

En unos casos, solo genera que una audiencia se tenga que repetir y solo se pierden algunas semanas o meses. En otros casos, todo el juicio se quiebra y debe volver a comenzar desde el primer día, pero en este lapso muchas pruebas se pueden perder o por el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, se aplica la prescripción y ya no es posible administrar justicia, se genera impunidad.

Una situación como está puede darse en el caso del juez supremo titular Aldo Figueroa Navarro, presidente de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema que realiza el juicio al excongresista Michael Urtecho Medina desde noviembre del 2017. El juicio está en su etapa final. Ya debería haber concluido, pero por el Estado de Emergencia se ha seguido dilatando. Recién terminaría en unos dos meses.

Aldo Figueroa y el caso Urtecho

Michael Urtecho Medina, parlamentario por Solidaridad Nacional, y su esposa Claudia Gonzáles están acusados de los delitos de concusión, peculado, apropiación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por apropiarse de los sueldos de trabajadores del Congreso y de donaciones para personas con discapacidad y de afectados por el terremoto de Pisco, por lo que fue desaforado del Congreso el 2013.

El tribunal que comenzó el juicio estaba integrado por Aldo Figueroa Navarro, Iris Estela Pacheco Huancas (directora de debates) y Juan Chaves Zapater. Meses después de iniciarse el juicio, Cháves Zapater renunció al Poder Judicial y fue reemplazado por otro magistrado. Ahora, si Figueroa es suspendido se produciría un segundo cambio de integrantes del tribunal.

La norma procesal señala que si en el desarrollo de un juicio, dos de los tres integrantes del tribunal son cambiados, se produce el quiebre del juicio. Las más de 150 audiencias realizadas en el caso Urtecho se tendrían que repetir. Este caso regresaría a como se encontraba en noviembre del 2017.

La fiscalía ha pedido penas de 24 años y 22 años de prisión para Urtecho y su esposa, respectivamente. La abundacia de prueba incriminatoría hace preveer una sentencia condenatoria. Por eso, preocupa lo que pueda ocurrir si este juez supremo es suspendido.

En el Poder Judicial y el Ministerio consideran que la Junta debe evaluar la peculiaridad de cada caso y decidir sin afectar los procesos en trámite. Por ejemplo, aplicar una suspensión parcial que no quiebre los juicios o aplicarla luego que terminen los procesos con peligro de quiebre o pedir al Poder Judicial dar todas las facilidades para acelerar la culminación de determinados casos.

Aldo Martín Figueroa Navarro, quien desde su época de estudiante utiliza en sus correos y otros documentos el acrónimo “Alma Fina” en referencia a las iniciales de su nombre y apellidos, es investigados por la Junta Nacional de Justicia por ser mencionado por el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos y por llamadas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.

Walter Ríos dice que le ha hecho un gran favor al nombrar como jueza supernumeraria del Callao a una abogada que seria su recomendada. Mientras, que en una llamada con Hinostroza se habla de apoyo ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, para ser nombrado juez supremo titular. Aldo Figueroa ha negado ser parte de los “Cuellos Blancos del Puerto”.