“La pandemia hizo evidentes las grandes desigualdades que existen en los países”

Alfredo F. Calcagno es economista de nacionalidad argentina. Obtuvo el doctorado en ciencias económicas en la Universidad de París I. Trabajó en el Ministerio de Economía y el Banco Central de la Argentina. Se desempeñó luego como investigador en el Centro de Economía Internacional de Buenos Aires. Durante estos años, fue simultáneamente profesor adjunto de economía en la Universidad Nacional de La Plata. En 1989 ingresó a las Naciones Unidas. Trabajó primero en la CEPAL, en la División de Estadística y Proyecciones Económicas, y luego en la División de Desarrollo Económico. En 2003 pasó a la UNCTAD, División de Globalización y Estrategias de Desarrollo. Fue miembro del equipo redactor del Informe Anual sobre el Comercio y el Desarrollo. Actualmente es catedrático de la Universidad Nacional de La Plata. Es autor, entre otros trabajos, de El universo neoliberal (1995), Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina (2001) y La crisis argentina actual: una perspectiva histórica (2019).

- ¿En qué situación económica encuentra la pandemia a Argentina?

- La situación era mala. La Argentina salía de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales el PBI per cápita cayó 9%, la tasa de inflación se duplicó con creces a 54% anual, se deterioraron los indicadores de pobreza y empleo, y se dejó al Estado en situación de default parcial. Entre 2015 y 2019 la deuda pública bruta aumentó de 44 a 88% del PBI, y la deuda externa pasó de 12 a 49% del PBI. La mayor parte de ese financiamiento sirvió para que el sector privado evadiera capitales por unos 90 mil millones de dólares. Cuando, en abril de 2018, se corta la entrada de capitales privados, se tomó un crédito con el FMI por 57 mil millones de dólares, con la esperanza de que así mejoraría la situación económica y permitiría la reelección de Macri en las elecciones de octubre de 2020. El plan no funcionó, y el peronista Alberto Fernández se impuso en la primera vuelta. El nuevo gobierno estaba abandonando la política procíclica de ajuste monetario y fiscal y buscaba mejorar el salario real; ya se percibía alguna reactivación, que permitía anticipar un crecimiento bajo, pero positivo en 2020 (entre 0 y 1%) y uno de entre 3 y 4% en 2021. La pandemia trastocó todo.

- ¿Las medidas tomadas por el gobierno argentino y el Banco Central son las más adecuadas para hacer frente a la crisis sanitaria por coronavirus?

- Entiendo que sí. El gobierno argentino decidió adoptar medidas de “cuarentena” duras en una etapa temprana de la epidemia. Esas medidas significaron un freno brutal a la actividad económica. Siguieron funcionando las actividades consideradas “esenciales” como la producción y comercio de bienes de primera necesidad, buena parte del transporte, los servicios de salud y de seguridad, pero cesó la actividad en las demás, salvo cuando se podía realizar por teletrabajo; la administración pública y la banca pasaron a funcionar en gran medida por ese medio. Entendiendo que se trata de un shock profundo, pero relativamente corto, el Estado busca compensar las pérdidas de ingreso de empresas y familias durante la emergencia. Con ese fin actúan tanto el gobierno nacional, que dispone transferencias y reduce o posterga el pago de impuestos, como el Banco Central, que instruye a los bancos para que otorguen créditos “blandos” sin dilación. Las medidas son adecuadas, pero el Banco Central debería ser más estricto, ya que los bancos privados han demorado la entrega de créditos a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

- ¿En qué consiste el programa de emergencia y reactivación en Argentina?

- El programa busca, por una parte, cubrir las necesidades básicas de la población, y por la otra preservar la capacidad productiva y el empleo durante el tiempo de la cuarentena. Para lo primero, el gobierno dispuso una serie de transferencias monetarias que se agregan a las que existían con anterioridad. También busca evitar abusos: fijó precios máximos para una canasta básica de bienes y también para las compras del Estado, congeló por seis meses los alquileres y el precio de los servicios públicos, fijó una tasa mínima que deben pagar los bancos por los depósitos a interés. Asimismo, se suspenden ejecuciones hipotecarias y desalojos por 6 meses, y se prohíbe cortar los servicios de luz, gas, telefonía, etc. a familias vulnerables, a pequeñas empresas y a cooperativas.

- ¿Cuáles son las medidas dadas para preservar la capacidad productiva y el empleo?

- Para esto, el gobierno abrió líneas de crédito para el capital de trabajo de las empresas, creó un fondo de garantía pública sobre esos créditos, eximió de contribuciones patronales a los sectores más afectados, asumió el pago de parte de los salarios de las empresas privadas y suspendió el cierre de cuentas bancarias. Se hizo también un giro extraordinario a las provincias para que pudieran compensar la pérdida de ingresos tributarios que enfrentan.

- ¿Y las medidas para la reactivación?

- Es difícil hablar de reactivación todavía: vendrá con el levantamiento progresivo del confinamiento. Ya se ha retomado buena parte de los servicios financieros. Otras actividades deberían reactivarse, de común acuerdo con las autoridades provinciales y municipales; se tendrá en cuenta si existe circulación comunitaria del virus en esas áreas, si es posible que determinadas empresas y actividades mantengan reglas de distanciamiento, si los trabajadores pueden evitar tomar el transporte público. El comercio que puedan hacer envíos a domicilio, así como la obra pública y privada, son candidatas a reactivarse próximamente. De hecho, se anunció financiamiento por el equivalente de 1500 millones de dólares para la obra pública, además del relanzamiento de planes para construcción o refacción de la vivienda. Esto es sin hablar del esfuerzo que se lleva a cabo en el área vinculada a la salud, que incluye la investigación para la producción de tests, remedios y vacunas, la construcción urgente de hospitales modulares, el acondicionamiento de otros que el anterior gobierno había dejado abandonados, y la producción acelerada de material para la atención médica, desde máscaras a ventiladores. Esta actividad (a la que se suma la compra de insumos del extranjero) es la que justifica los esfuerzos por retrasar la progresión del virus: el país aprovecha ese tiempo para que su sistema de salud, que había sido desfinanciado, pueda responder cuando la epidemia alcance el pico de contagios.

- Parte importante del plan de atención a la emergencia es la ayuda económica directa a los sectores más vulnerables de la población. ¿Cómo se desarrolla en Argentina?

- Existe un mecanismo público de provisión de alimentos, la Tarjeta Alimentar, que se había echado a andar antes de la pandemia (en 2019, casi el 10% de la población pasaba hambre en Argentina). Se reforzó ese plan, y se lo complementó con la distribución directa de alimentos comprados por el Estado. Sin embargo, el mayor esfuerzo se realiza mediante transferencias monetarias. Se pagó 3000 pesos adicionales (46 dólares) a los jubilados que cobran pensiones bajas, y se duplicó por única vez el beneficio mensual de la “asignación universal por hijo” y la “asignación universal por embarazo (3100 pesos). Además, como esta población se había endeudado fuertemente con la administración de la Seguridad Social, se postergó los vencimientos de las cuotas de abril y mayo. Se instauró el “Ingreso familiar de emergencia” de 10000 pesos (154 dólares) para trabajadores informales, cuentapropistas de bajos ingresos, beneficiarios de la AUH y personal doméstico, muchos de los cuales viven de actividades que disminuyeron o cesaron durante el confinamiento. Ya se han aprobado 8 millones de solicitudes. Estos pagos se repetirán muy probablemente mientras dure la crisis. Por otra parte, se refuerzan las remuneraciones de todo el personal de la salud (pública y privada) y de las fuerzas de seguridad con bonos de 5000 pesos. Estas disposiciones plantean desafíos no solamente financieros, sino también de logística, ya que requiere identificar a los potenciales beneficiarios de la economía informal y luego hacer efectivo el pago a una población escasamente bancarizada.

- Durante la fase de emergencia, que implica una rigurosa etapa de cuarentena, las empresas requerirán de apoyo financiero. ¿En el caso argentino de qué cantidad de recursos se dispone?

- Como surge del primer punto abordado, la pandemia golpeó a una economía argentina muy debilitada, con elevada deuda y déficit fiscal. No existía nada parecido a un “colchón” de recursos públicos, ni fondo contracíclico, ni reservas internacionales disponibles. Además, los recursos tributarios caen con fuerza. Por consiguiente, para enfrentar esta crisis, se acepta aumentar el déficit fiscal y la emisión monetaria. Es cierto que se planea instaurar un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, pero tales recursos no estarán disponibles antes de varios meses. El Banco Central inyectó liquidez en el sistema bancario a través de dos medidas: redujo los encajes obligatorios de los bancos y no renovó todas las letras del BC en cartera de los bancos que vencían en las últimas semanas. De este modo, inyectó el equivalente de 8700 millones de dólares en las cuentas corrientes en pesos que las entidades financieras tienen en el Banco Central. El BC instruyó a los bancos para que empleen esa liquidez en créditos a las empresas pequeñas y medianas, como detallamos en el punto siguiente. Hay un revuelo entre algunos economistas que anticipan que el aumento de la base monetaria (42% en un mes) llevará a una aceleración brutal de la inflación. No comparto ese diagnóstico, ya que la inyección monetaria busca compensar una brusca caída del poder de compra, a través de préstamos a las empresas que sirven para pagar los salarios del mes; éstos a su vez se emplearán en comprar bienes de primera necesidad, cuya producción no se ha suspendido. Estamos muy lejos, por desgracia, de una inflación por exceso de demanda. El Banco Central también aumentó su financiamiento al Tesoro nacional en este último mes, en casi 130 mil millones de pesos (2 mil millones de dólares, o 0,4 puntos del PBI). De nuevo, no parece una expansión monetaria excesiva en las actuales circunstancias.

- ¿Cuáles son las condiciones para el apoyo financiero a las grandes y las micro y pequeñas empresas argentinas? ¿Las tasas de interés son las más adecuadas?

- Una medida importante fue establecer una línea crédito por 320 mil millones de pesos (casi 5 mil millones de dólares) que los bancos deben ofrecer a las pequeñas y medianas empresas para que paguen los salarios; la línea estará vigente los meses de abril, mayo y junio. El monto puede llegar hasta 100% de la masa salarial bruta del mes anterior. El plazo es de un año, con tres meses de gracia, y una tasa preferencial de 24% anual. Además, el Fondo de Garantías Argentino (público) garantiza un 100% del préstamo a las micro y pequeñas empresas y 25% del que reciben las empresas medianas. Las comisiones de los bancos se limitan a 0,25%. Por otra parte, se anunciaron líneas de crédito implementadas por el Banco Central por otros 320 mil millones de pesos para apoyar la actividad económica en general y la producción de alimentos e insumos básicos en particular. Los bancos obligatoriamente deberán ofrecer a las empresas (sin importar su tamaño) créditos para capital de trabajo, a 180 días y a una tasa de 26% anual. Otros bancos públicos (Banco Nación y BICE) también canalizan créditos blandos (con tasas de 24% y 19% respectivamente), por montos menores. Si se tiene en cuenta que la inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 48%, las tasas de interés resultan atractivas, siempre y cuando las empresas que toman crédito logren retomar sus ventas dentro de no demasiado tiempo. Debe observarse que la banca (sobre todo la privada) ha demorado la provisión de estos créditos, que son vitales para mantener la cadena de pagos y evitar el cierre de empresas. Existe aquí una “pulseada” con el Banco Central, que aún no ha tomado medidas drásticas.

- El deterioro en la producción de bienes y servicios es evidente. Para hacer frente a la pandemia, se debe frenar la producción y comercialización de bienes y servicios que no son esenciales con la finalidad de que los trabajadores se queden en sus casas y evitar así el contagio. ¿En cuánto afectó el empleo? ¿De qué dependerá protegerlo?

- Conviene distinguir el empleo formal y el informal. Para el primero se dictó la prohibición de despidos sin justa causa y las suspensiones, por 60 días (cubre abril y mayo). Hasta ahora no se ha informado la existencia de importantes pérdidas de empleo formal, aunque en varias ramas los empleadores y sindicatos negocian disminuciones de salarios siempre que se preserve el empleo. Hay casos de empresas grandes que han licenciado o amenazan con licenciar a personal con contratos por tiempo determinado, o tercierizado. Por ahora no se trata de un fenómeno extendido. En cuanto a los trabajadores informales, muchos de ellos empleados por cuenta propia o en microempresas, ven cerrarse sus fuentes de ingreso. No se dispone de estadísticas posteriores al confinamiento, pero si se toma en cuenta que cerca de 35% del empleo era informal, es posible que la destrucción de empleo haya sido importante en este segmento.

- Durante la pandemia y luego, se requerirán empresas fuertes que sustenten el crecimiento y con ello generar empleo. ¿Qué medidas serán pertinentes para que éstas no sucumban y puedan aportar en la reactivación?

- Las principales medidas adoptadas ya fueron mencionadas: por una parte, líneas de crédito blando para evitar el cese de pagos; por la otra, alivio del lado de los gastos, mediante el congelamiento de las tarifas de servicios y una batería de medidas destinadas a apoyar a las empresas más afectadas por la epidemia o con severa caída de ventas. Esas medidas incluyen la postergación del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional y la reducción de hasta 95% de dichas contribuciones devengadas en abril. Además, el Estado abonará parte de los salarios de las empresas: pagará 100% del salario bruto en empresas de hasta 25 trabajadores, con un valor máximo de un salario mínimo (16875 pesos, o 260 dólares, en la actualidad); en empresas de entre 26 y 60 trabajadores ese valor máximo cae a 75% del salario mínimo, y en las de entre 61 y 100 trabajadores, al 50% del salario mínimo. Las empresas de más de 100 trabajadores cobrarán entre 6 mil y 10 pesos por trabajador. Antes de la pandemia el gobierno había lanzado un amplio programa de regularización de deudas previsionales y fiscales de las Pymes; el mes pasado prorrogó el pago de las cuotas que llegaban a vencimiento.

- En todo este contexto de crisis sanitaria, la economía de los países de Latinoamérica y el Caribe sentirán los estragos de la pandemia. ¿En cuánto estima será el deterioro de la economía argentina?

- Cuantificar las pérdidas es un ejercicio muy difícil, ya que no se conoce todavía la duración del shock. Es probable que el gobierno aligere progresivamente las restricciones, pero es improbable que se retorne a una situación medianamente normal antes de septiembre u octubre, y aún más tarde en actividades como el turismo. En el escenario de base más bien optimista que publicó recientemente el FMI, la Argentina se contraerá un 5,7% en 2020 y crecerá 4,4% en 2021. Es un orden de magnitud similar a las cifras para el conjunto de América Latina y el Caribe (-5,2% y +3,4%, respectivamente). El costo de largo plazo para la economía dependerá en gran medida de qué tan exitosa será la estrategia para preservar las empresas y el empleo. También incidirá el reordenamiento macroeconómico que seguirá no solamente a la crisis, sino también a las negociaciones que se llevan a cabo en este momento para reestructurar la deuda pública.

- ¿Hay países que están en mejores condiciones para hacer frente a la crisis económica? ¿Cuáles son y en qué se sustentan?

- Creo que hay que considerar aspectos económicos y aspectos políticos, que pueden contraponerse. Un país como Estados Unidos tiene la posibilidad de expandir el gasto público y la emisión por montos impresionantes. El paquete fiscal anunciado llega a 2,2 billones de dólares (trillion en inglés), que es 11,5% del PBI de ese país, en tanto la Reserva Federal se dispone a emitir sin contar para sostener a las empresas norteamericanas. Pero, por otro lado, carece de una dirección política que sea a la vez lúcida y unificada, con el gobierno federal preocupado por salir de la recesión antes de las elecciones, y los gobiernos de los Estados aplicando medidas sanitarias contra la epidemia. Otro ejemplo de esas contradicciones lo presenta el Brasil. En el aspecto económico, son pocos los países capaces de aportar un apoyo de similar magnitud.

- ¿Y cuál es la situación de los países desarrollados?

- Los países desarrollados corren con ventaja. Japón anunció un paquete de 20% de su PBI, Singapur 12%, Suiza y Canadá 9%; la Unión Europea puso sobre la mesa un paquete fiscal de 2,7% del PBI, más una línea del Banco Central Europeo para comprar bonos de las empresas y dar crédito a las Pymes por 8% del PBI de la región. Francia y Alemania agregan entre 4 y 5% de sus propios PBI. Por su parte, China anunció un paquete fiscal por 2,5% de su PBI, India por 1%.

- Situación muy diferente a la de América Latina

- En América Latina el esfuerzo fiscal anunciado es significativo en Brasil y Chile, por 6,5 y 4,7% del PBI respectivamente (fuente: FMI). (Nota del editor: En el Perú el esfuerzo fiscal abarca aproximadamente el 12% del PBI). Por contraste, el caso más dramático en América Latina lo presenta Ecuador, porque al carecer de moneda propia, su Banco Central no puede financiar ni a su gobierno ni a sus empresas. Así, el 10 de marzo pasado aplicó un ajuste fiscal contractivo como respuesta a la caída del precio del petróleo: disminuyó gastos y salarios públicos, y accesoriamente aumentó algunos impuestos, por el equivalente a 2,5% del PBI. Con posterioridad habilitó una ayuda a familias pobres (120 dólares a 950 mil familias) y una línea de 50 millones de dólares para Pymes que, sumadas, no llegan al 10% del ajuste anterior. El 16 de abril envió un proyecto de ley para aumentar impuestos, que afectará a asalariados que ganen más de 500 dólares mensuales.

- ¿Y en Argentina a cuánto asciende el aporte fiscal?

- En la Argentina, el esfuerzo fiscal y las líneas de crédito excepcionales están en el orden de 2% del PBI cada una, que se concentran en estos dos o tres meses; el monto crecerá con la duración de la crisis. Pero frente a las limitaciones económicas mencionadas, la Argentina ha mostrado hasta ahora una respuesta política muy positiva: cohesión y coordinación entre el gobierno nacional, los provinciales y municipales, sin distinción de banderías partidarias; consenso popular en apoyar las opciones seguidas, en particular la de dar prioridad a atender la crisis sanitaria aunque tenga un costo económico; consenso también en la necesidad de atender la situación de los sectores y empresas más vulnerables. Esta situación refuerza la autoridad de un presidente recién elegido, y en alguna medida marginaliza a la oposición más dura y a los economistas que quisieran poner un fin temprano a las medidas sanitarias. Ese poder político será central para prevenir conflictos sociales y administrar la salida de la cuarentena.

- Los países hacen uso de sus ahorros que lograron en épocas de bonanza, pero también otros recurrirán al endeudamiento externo para ejecutar los programas de emergencia y reactivación. ¿Es el mejor momento para hacerlo?

- Eso depende mucho de la situación de cada país. Argentina hoy no tiene ni las reservas acumuladas durante la ya lejana bonanza, ni acceso al crédito externo, salvo alguna fuente oficial. En nuestro caso, la atención está en la renegociación de la deuda pública. El viernes pasado el gobierno presentó una propuesta para reestructurar casi 70 mil millones de su deuda bajo legislación extranjera. El acuerdo al que se pueda llegar se extenderá a la deuda con bonistas privados emitida bajo legislación argentina. En tal situación, es probable que el sector público obtenga un alivio en el servicio de la deuda que hoy es asfixiante. Esto ocurrirá, en el mejor de los casos, con un acuerdo de reestructuración; y en el peor de los casos, porque el país cayó en default. No es ésta una decisión “ideológica”: sin crédito externo, la Argentina sencillamente no puede seguir sirviendo su deuda externa. Las consecuencias de largo plazo serán diferentes, pero en el corto plazo, la Argentina podrá redirigir recursos fiscales para superar su crisis sanitaria y económica.

- Sectores liberales que en su momento pedían un Estado mínimo, ahora recurren al Estado para que les solucionen los problemas. ¿Es momento de repensar el papel del Estado?

- Sin duda. El Financial Times, órgano lúcido del establishment internacional, publicó hace poco un editorial en donde decía que, frente a una crisis financiera, una guerra, una pandemia o una invasión extraterrestre, las reglas normales del capitalismo deben ser suspendidas, y que el desafío es luego volver a ellas cuando pasó el peligro. Esto supone que el modo de funcionamiento anterior al shock negativo era satisfactorio.

- ¿Comparte esa visión?

- No la comparto. La pandemia puso en evidencia grandes limitaciones en la capacidad de atención de los sistemas de salud. En muchos países se desatendió al sistema público de salud, víctima de programas de ajuste y de la privatización de la atención médica a las clases acomodadas. También se desfinanció la investigación científica de la que depende una solución duradera a la pandemia. De manera más general, se observa cómo se deterioró la capacidad de respuesta de un aparato público desfinanciado y con bajos salarios, cuando debe actuar ante una emergencia como la actual.

- ¿Qué muestra la pandemia debajo de la piel?

- La pandemia hizo evidentes las grandes desigualdades que existen en muchos países, al mostrar la vulnerabilidad de muchísima gente que carece de un ingreso estable y de condiciones aceptables de vivienda; por ejemplo, no es lo mismo cumplir una cuarentena en una casa amplia, con jardín e internet, o hacinados en viviendas precarias. Tampoco es casualidad que la mayoría de las víctimas en EE.UU. provengan de las minorías afroamericana y latina.

- ¿Cómo se evidencian estas grandes diferencias?

- La pandemia develó la verdadera cara del gran capital que en varios casos (como en el norte de Italia) impidió o retrasó la aplicación del confinamiento para no detener su producción; allí faltó una autoridad pública capaz de poner el bien común por encima de las ganancias privadas. También en Argentina observamos que ya hay presiones de parte del establishment económico que no quiere compartir los costos de la crisis.

- La crisis sanitaria puso los reflectores en el interés común.

- Así es, la pandemia volvió a poner en el primer plano el interés común como un valor vital, esencial, de las sociedades. Ante ella, se requiere una respuesta común, organizada, de toda la sociedad, tanto para contener lo más posible el contagio como para atender a quienes se enferman y sostener el ingreso y el empleo de las personas y asegurar la supervivencia de las empresas.

- ¿Deben asegurarse un Estado más fuerte?

- El único garante del bien común en las sociedades modernas es el Estado, si bien no siempre lo cumple a cabalidad – pero ese es otro tema-, pero ese Estado no debe entrar en acción solo durante los cataclismos. También debe servir para corregir los disfuncionamientos del capitalismo que la pandemia evidenció. Nuestro desafío entonces no es volver a las reglas anteriores, sino fijar nuevas reglas, en las que el Estado cumpla con su rol de garante del bien común.

- ¿Algo que desee agregar?

- No; sus preguntas han abarcado muchos temas, y temo haberles ya tomado bastante tiempo a sus lectores.

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