Ministro de Transportes investigado por obra Checca-Mazocruz en Puno

Kléber Sánchez

La construcción de la carretera Checca-Mazocruz, obra anhelada por los ilaveños, tiene otro problema que esta vez involucra al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Lozada. Es investigado por la fiscalía por presuntas irregularidades en la firma del contrato del mejoramiento de esta vía.

En agosto de 2018, el presidente Martín Vizcarra puso la primera piedra de la obra, cuando Carlos Lozada era el jefe de Provías Nacional. Ahora Lozada es el titular del MTC.

Lozada, junto a cuatro funcionarios, son investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de colusión simple, por presuntas irregularidades en la firma del contrato.

Desde que empezó la obra, una vía anhelada por Puno y Tacna, hubo más de una paralización. Primero, una de las empresas que perdió la licitación del proyecto presentó una medida cautelar. Observó que la empresa constructora San José, vencedora del concurso, no había acreditado el Registro Único de Contribuyente (RUC) ni proporcionado su código de cuenta interbancario, requisitos que estaban en las bases del proceso.

Pese a estas objeciones, San José retomó los trabajos, pero desde noviembre de 2019 todo quedó paralizado. Se avanzó solo el 45% del proyecto. El 18 de febrero último, Provías Nacional resolvió el contrato con la Constructora San José ante la renuencia de retomar las obras.

Ante estos inconvenientes, las autoridades de la provincia de El Collao-Ilave esperan la llegada este jueves 5 de marzo de representantes del MTC y Provías Nacional para buscar una solución inmediata que permita la culminación de la pista.

El alcalde del centro poblado de Checca, Daniel Jinez, recordó que en la última reunión informativa (26 de febrero), representantes del MTC y Provías les indicaron que la obra podría reiniciarse en la segunda quincena del mes de diciembre del presente año, previa selección de una nueva empresa. Esta propuesta no les convence.

Jinez indicó que solicitarán a las autoridades la ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa, para evitar un posible direccionamiento en la licitación. “Si las autoridades del nivel central no llegan a un acuerdo, vamos a organizarnos para emprender medidas de protesta”, agregó.