eduardo vega. Exdefensor del Pueblo. Integró la Comisión de reforma del sistema de justicia.,El exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega, considera que, para tener una Junta Nacional de Justicia sustancialmente distinta al ex Consejo Nacional de la Magistratura, tendrá que designarse a personas totalmente diferentes. Además, refiere que alto número de militantes de Fuerza Popular en el Congreso es corrupción “pura y dura”. El último día de la legislatura se aprobó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aunque con varias críticas. ¿Qué opina al respecto? No es la norma perfecta, pero creo que sí recoge lo sustantivo. Teníamos un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que demostró la gravedad de la corrupción a la que había llegado nuestro sistema de justicia. ¿Cuál es la calidad, el perfil que deben tener los nuevos miembros de la JNJ? Lo dice la Constitución, tener reconocida trayectoria profesional y solvencia moral e idoneidad ética. La nueva Junta va a tener que cumplir con esos requisitos y cuando nombre a los magistrados también, creo que ahí se ha puesto una valla muy alta. No es la ley perfecta, hay críticas, tengo tres muy puntuales que hay que desarrollar. PUEDES VER Gloria Montenegro: "Sentencia contra Edwin Donayre se tiene que cumplir" ¿Se podrían hacer modificaciones luego de conformada la JNJ? Creo en la importancia de promulgar esta ley y que, efectivamente, luego haya capacidad de modificarla, mediante alguna norma específica o mediante el reglamento en los casos que sea posible. ¿Cómo nos aseguramos de que la JNJ no sea otra institución manejada por ‘hermanitos’, cuyo nivel para evaluar a postulantes a jueces era cuestionable? Primero, para tener una Junta sustancialmente distinta al CNM, tienen que ser personas totalmente distintas. Segundo, los procesos tienen que ser muy claros; cuando se evalúa a un juez tiene que ser de la manera más transparente y no con preguntas sobre si saben o no preparar un plato de comida. Luego, saber cuál es el voto razonado para que no los cambien, porque hemos visto que unos terminaban con un puntaje alto y de la noche a la mañana se nombraba a otros que terminaban en segundo, tercero o último de la fila. He escuchado muchas versiones de cómo se negociaban este tipo de situaciones en el anterior CNM. Eso tiene que cambiar. PUEDES VER Costa sobre caso Chávarry: “¿La lentitud también es parte del pacto de impunidad?” Se ha calificado al Congreso como una agencia de empleos porque en los últimos años su planilla creció y ahora sabemos que al menos 100 trabajadores son militantes de Fuerza Popular... Eso es corrupción pura y dura. El número de trabajadores que hay en el Congreso no se justifica de ninguna manera. Esas personas tienen que salir y creo que no tiene que haber reemplazos, porque estamos hablando de un sobredimensionamiento de los trabajadores en el Congreso. Eso se hace, no porque haya calidad de profesionales o meritocracia, sino para favorecer a un partido político, para pagar deudas. Eso no solo se ve en Congreso, los gobernadores salientes han dejado a mucho personal que no tiene calificaciones mínimas para poder continuar en una tarea de gestión pública de servicio a la ciudadanía. El martes se allanaron inmuebles de los árbitros que habrían recibido pagos de Odebrecht. ¿Cómo ve los avances en las investigaciones? El arbitraje en el Perú sirvió justamente como el mecanismo legal para robarle al Estado millones de soles en estas grandes obras de construcción. Odebrecht utilizó ese mecanismo de manera muy eficiente. Creo que ese círculo se va cerrando y vamos viendo cómo los árbitros se prestaron para ese tipo de situaciones. Ahí hay un primer nivel, creo que las investigaciones están avanzando en ese sentido. Quizá quisiéramos que la velocidad con la que avance fuese mucho mayor para encontrar responsabilidades y que no haya procesos que duren más de dos años. Me queda clarísimo cómo se retrasan estas investigaciones y las declaraciones de colaboradores eficaces porque hay una serie de manipulaciones del proceso. Se quiso hacer abortar el acuerdo de colaboración (con la Fiscalía).
