Debate en La República: la reforma laboralA través de una Política de Competitividad, el Gobierno plantea cambios en el escenario laboral. El debate organizado por nuestro diario fue transmitido en vivo por RTV y LaRepublica.pe. Cuatro especialistas analizaron los planteamientos sobre reducción de costos como vacaciones, gratificaciones, y regular reposiciones.,El presidente Martín Vizcarra presentó en la última CADE 2018 la Política Nacional de Competitividad y Productividad, documento elaborado por el Ministerio de Economía que plantea los lineamientos para reformar el país y ganar crecimiento económico. Tal como lo dijo el mandatario, el documento "aún no es oficial y será puesto a consideración de los diversos actores sociales". El capítulo laboral de este documento, que sostiene que los costos no laborales (vacaciones, gratificaciones, CTS) no permiten un crecimiento en el empleo formal, es uno de los más polémicos. A esto se le suman los mensajes del ministro de Economía, Carlos Oliva, quien en su momento planteó la necesidad de regular la reposición en caso proceda un despido del trabajador. PUEDES VER 8 cambios que se deberían tomar en cuenta en la reforma laboral Las diferencias sobre esta reforma anunciada por el Gobierno no solo han despertado el rechazo de las centrales sindicales, sino que también motivaron la renuncia del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, quien tuvo discrepancias acerca de los cambios propuestos. Este debate laboral se trasladó ayer lunes a La República. Cuatro especialistas revisaron los puntos que propone el referido documento y los escenarios que enfrenta el Gobierno de llegar a aplicarlos. La mesa redonda fue transmitida en vivo en nuestras plataformas de RTV y en la edición digital. En cifras - 6 de 10 son los jóvenes que trabajan en la informalidad en el país. - 70% de la masa laboral en el país trabaja hoy en el mundo de la informalidad. - 91 mil personas ingresaron a trabajar en condiciones de subempleo en el trimestre setiembre-noviembre del 2018. - S/ 930 es la Remuneración Mínima Vital en el país. Según los especialistas, este costo es difícil de asumir para las pymes. - 63 es el puesto que ocupa el Perú entre los 140 países del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. “La reforma se aplicó en el 90 y no funcionó” Javier Mujica, presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Es difícil arreglar algo con recetas que ya se han aplicado y han fracasado. Estos discursos sobre los sobrecostos laborales o la falta de flexibilidad para contratar y despedir no son nuevos. Lo escuchamos hace 27 años y se puede leer en el Decreto Legislativo 728 que se dictó en 1991. Gracias a ese D. Leg. se flexibilizó la legislación laboral, aumentaron los contratos temporales, se facilitó los despidos, se redujo a cenizas la sindicalización y se abarató los costos laborales. Uno de los problemas de los peruanos es que creemos que inventamos la pólvora. Recordemos que el Perú cuenta con políticas nacionales de empleo concertadas en el Consejo Nacional de Trabajo. Estas definen 6 objetivos y no parten del diagnóstico de que los sobrecostos laborales son un obstáculo para la informalidad. Parte de la idea de que el problema es la baja productividad del sector. Por lo tanto, las soluciones no son tan simplonas como reducir derechos. El derecho al trabajo consiste en la seguridad de los empleos. Nadie debe ser privado arbitrariamente de sus empleos sin una causa justa. El protocolo de San Salvador, ratificado por Perú, establece que los trabajadores tienen el derecho a optar entre la indemnización, la reposición o cualquier otra forma que permita resarcir el daño. Pero este es un derecho del trabajador, no del empleador ni del juzgador. Por esa razón, creo que el derecho a la estabilidad laboral y a la conservación del empleo cuando el trabajador es despedido arbitrariamente es algo que debe ser respetado. Por otro lado, no es verdad que desde la sentencia emitida en el 2001 por el Tribunal Constitucional (TC) se dispararon las contrataciones temporales. Fue después de la reforma laboral de 1991 del señor Alberto Fujimori que se exacerbó la contratación temporal y se flexibilizaron los despidos y eso hizo desaparecer los sindicatos. Los problemas de la informalidad del país se relacionan con la baja productividad y carencias en temas de infraestructura. No podemos proponer como solución una norma que solo beneficie a la gran empresa y altere a la micro empresa. ❧ “El costo más alto de las pymes es el sueldo mínimo” Ricardo Herrera, laboralista estudio Muñiz En su último mensaje, el presidente dijo que se iba a hacer una reforma laboral sin reducir ningún derecho laboral. Las reformas laborales en todo el mundo siempre implican reducción de derechos laborales, entonces está proponiendo la cuadratura del círculo. Habría que preguntarles cómo queda su plan con este último anuncio. Creo que la mediana y gran empresa tienen capacidad para soportar los costos laborales actuales, de repente las pymes no tanto ya que su costo más grande es el salario mínimo. Pero los costos laborales que en realidad gravan a todos los empresarios no son tanto la CTS, gratificaciones, utilidades, vacaciones... sino los costos vinculados a las normas que se han dado en los últimos años: licencia por paternidad, maternidad, costos de seguridad y salud en el trabajo. Eso sí podría ser algo que vale la pena revisar. ¿Es posible que un pequeño negocio contrate capacitaciones al año en materia de acoso sexual? Se traslada al empresariado un costo que debe tener el propio Estado. El debate debería centrarse en los costos que no afectan derechos laborales y que sí sobrecargan; además de ver si las pymes y microempresas pueden pagar el salario mínimo. Como abogado, reconozco que mientras no cambie la posición del TC sobre el tema del derecho al trabajo o la estabilidad laboral, cualquier norma que se emita será potencialmente inconstitucional. En el supuesto remoto que se llegue a un acuerdo sobre este tema polémico en el CNT o que el Ejecutivo se anime a dar un decreto legislativo, van a estar con la espada de Damocles de la inconstitucionalidad sin ninguna duda. El otro año tendremos un nuevo TC y veremos cuál es la posición. No creo que lleguemos a un consenso en este tema. Tenemos 17 años discutiendo la Ley General del Trabajo en el Parlamento. Más que discutir sobre a quiénes les quitamos los derechos, pensemos en cómo dárselos a quienes no lo tienen. En la Cade 2012 se les preguntó a los asistentes sobre sus principales preocupaciones y el tema laboral fue la cuarta en el ranking, no fue la más importante. En efecto, reducir derechos laborales no es un tema relevante o decisivo. Es más importante el tema tributario, municipal y regulatorio. ❧ “El empleador debe cumplir sus obligaciones” Gustavo Minaya, Secretario de Defensa Laboral de la CGTP La CGTP rechaza la propuesta laboral del Gobierno plasmada en su Plan de Competitividad porque representa una flexibilización de los derechos del trabajador. La propuesta, según el primer ministro, es que los trabajadores que ya tienen este derecho no lo tendrán recortado, pero quienes están en la informalidad para insertarlos a la formalidad tendrán derechos recortados. Con esto quiere consagrarse al "cholo barato" o al trabajador de baja categoría y en eso estamos en desacuerdo. Un país que se precia de ir hacia el desarrollo y que está tratando de ingresar a espacios como la OCDE, no puede pretender ingresar quitándoles derechos básicos humanos a los trabajadores. El derecho al trabajo está consagrado en el artículo 22 de la Constitución, donde el Estado debe promover la defensa del trabajo de los ciudadanos. Esta propuesta de solamente otorgar indemnización a los trabajadores cuando son despedidos transgrede este derecho consagrado en la Constitución. Si hablamos de productividad del país, hay que primero ver el papel que tiene el Estado. El índice de inversión en las regiones está muy bajo. Del presupuesto asignado para la inversión solo dos regiones han cumplido con pasar el 50%: Loreto y Tumbes. Entonces, partiendo del propio Gobierno, ¿de qué productividad estamos hablando? En los 90 ya teníamos una Ley de Productividad y Competitividad Laboral y vemos que esta no ha traído los resultados que la derecha más recalcitrante de este país ha querido. Todo lo contrario, han trabajado para beneficiarse ellos mismos. Las agroexportadoras, por ejemplo. Cuando trabajamos cumplimos con nuestras responsabilidades y la ley dice que si no cumplimos procede el despido con causa. ¿Y por qué los empleadores no pueden cumplir también con sus obligaciones? Desde los 90 se impuso a sangre y fuego una política neoliberal de flexibilización de las normas laborales que le costó la vida a numerosos dirigentes sindicales como nuestro secretario general Pedro Huilca. Por la memoria de ellos, seguiremos defendiendo los derechos de nuestros trabajadores. ❧ “Cambios son para las nuevas incorporaciones” Miguel Jaramillo Franco, investigador del CPC Lo que hay que pensar es que 12 millones de peruanos se encuentran en la informalidad. Desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) hemos propuesto crear un nuevo régimen laboral para las contrataciones de pequeña empresa. Creemos que es una incubadora de empleo formal en el país. Se trató de hacer con la microempresa y no se pudo por la gran restricción que es el pago del salario mínimo, que es un costo muy alto. Creemos que la pequeña empresa arranca con una base de productividad más alta con lo cual puede absorber costos laborales no salariales. Esto no implica recortar derechos a los trabajadores que están en la gran empresa o los que actualmente trabajan en una pequeña, sino que las nuevas incorporaciones puedan ser con un empleo adecuado. La respuesta no pasa por reducir derechos, sino adecuar los costos de las pequeñas empresas para operar en un entorno de competitividad. El criterio emitido por el TC en el 2001 señala que la reposición es el remedio ante un despido injustificado o arbitrario. Básicamente lo que ha hecho es poner a Perú en el puesto 128 de 140 países en rigideces laborales. A partir de ese momento, lo que ocurrió es que los empleadores comenzaron a optar por los contratos temporales y hubo una explosión de los contratos a plazo fijo. Por eso 4 de cada 5 contratos en el país son a plazo fijo. Cuando en Argentina es el 3% y en Chile es el 19%. El uso de contratos a plazo fijo desprotege al trabajador si consideramos los costos económicos de esta medida. Según un estudio de GRADE, los trabajadores han perdido 6.1 billones de soles por el uso de contratos a plazo fijo. Hablar de competitividad y solo vincularlo al tema laboral creemos que es un error. Hay otros ejes claves como capital humano. Este en particular es importante por el tema de la productividad del trabajador. Por ejemplo, muy pocos dicen que el 43% de la PEA ocupada laboral está en condiciones de subempleo, lo que se tiene que hacer es tener una política integral que mejore las competencias y que invierta más en tecnología e innovación. Para que traiga una cuota de realismo laboral sobre la pequeña empresa y esta pueda crecer. ❧
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024