El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene cuestionando que la Comisión de Trabajo del Congreso haya aprobado el proyecto de ley que busca pasar a 300 mil trabajadores del régimen CAS a la planilla estatal, debido a que esta decisión tendría un impacto negativo en el gasto público.,Escribe: Gustavo Jiménez (*) (*) Docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Los pocos beneficios del trabajador CAS son un máximo de 48 horas laborales a la semana, vacaciones pagadas por cada año de servicios y la afiliación a EsSalud. No reciben compensación por tiempo de servicios (CTS) ni gratificaciones (solo un aguinaldo que en diciembre de 2017 fue de 300 soles), pero sí se les descuenta el impuesto de cuarta categoría, el 13% por AFP u ONP, y están sujetos a descuentos por tardanzas, pero no a horas extras. En este contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene cuestionando que la Comisión de Trabajo del Congreso haya aprobado el proyecto de ley que busca pasar a 300 mil trabajadores del régimen CAS a la planilla estatal, debido a que esta decisión tendría un impacto negativo en el gasto público. Con el cambio de régimen los servidores públicos podrían recibir el pago de CTS, gratificaciones, escolaridad y estabilidad laboral. Esto es lo mínimo que puede ofrecer a sus servidores públicos un país que dice creer en la competitividad y el libre mercado. No puede haber diferentes regímenes laborales entre los trabajadores del Estado, según la web de Servir, el 40% se encuentra bajo el régimen CAS, 38% bajo la ley de la Carrera Administrativa y 22% en el régimen privado, porcentaje que no incluye al trabajador profesional que se encuentra dentro del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), creado el 2013 en respuesta al tope salarial hecho por el gobierno de García, con lo cual el salario puede alcanzar 30 mil soles. Si bien se está buscando el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Estado debe reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores y remitirse a los Principios de Gobierno Corporativo de dicha entidad, promoviendo y atrayendo a profesionales motivados y calificados, con sueldos y beneficios para una nueva política y gestión de recursos humanos en el sector público.
