El presidente y las incómodas comparaciones legales e históricas.,El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al mostrarse a favor del indulto a Alberto Fujimori ha señalado que no quiere “un nuevo Leguía”, en alusión al presidente Augusto B. Leguía, que gobernó dos veces el Perú y que murió en la cárcel. También ha dicho que cuando se refiere al indulto a Fujimori, “estamos hablando de la salud, no estamos hablando de perdonar a nadie”. Ambas opiniones reflejan desconocimiento y falta de asesoramiento del jefe de Estado. Comparar los casos legales de Leguía y Fujimori es un absurdo, más criticable en quien ejerce la primera magistratura de la Nación. El gobierno de Leguía –el oncenio– fue una autocracia, algunos de cuyos rasgos, muy pocos, repitió Fujimori, como darse una Constitución a su medida y prolongar su poder reprimiendo a sus opositores; no obstante, su caída y prisión fueron totalmente distintas. Leguía dejó el poder por el golpe de Estado del comandante Luis M. Sánchez Cerro y su huida a Panamá en barco fue abortada. Estuvo preso sin juicio y fue juzgado luego por un tribunal inconstitucional creado el 31 de agosto de 1930 por un decreto del dictador Sánchez Cerro, el Tribunal de Sanción Nacional, inédito y ad hoc. Su juzgamiento fue celerísimo y duró poco más de cuatro meses, sin las mínimas reglas procesales. La ventana, de su celda de nueve metros cuadrados, fue tapiada y solo se permitió su traslado a un centro hospitalario cuando la bronconeumonía que contrajo se hizo insostenible, falleciendo pocos días después. PPK olvida que Fujimori fugó del país y que se sustrajo a la acción de la justicia amparado en su doble nacionalidad; que solo pudo ser extraditado luego que, en un intento avieso de retomar el poder, viajó a Chile y ahí capturado en mérito a una orden de búsqueda internacional, formal y legal. Chile le negó el asilo y lo extraditó al Perú luego de un complejo y transparente proceso en el que Fujimori contó con una envidiable defensa, y lo entregó al Perú inicialmente solo por seis delitos de los trece solicitados en el cuadernillo de extradición. En el Perú, Fujimori fue tratado con las armas de la Constitución. Fue juzgado durante un gobierno democrático, por tribunales civiles constituidos de acuerdo a la ley, en un proceso con doble instancia, con respeto al debido proceso y en el cual ejerció dos veces la garantía del hábeas corpus, con sentencias finales del Tribunal Constitucional. En uno de los casos, el robo de 15 millones de dólares de la CTS de Montesinos, se declaró culpable y ahora cumple prisión por varios delitos en una celda que es considerada “dorada”, recibe visitas de familiares y allegados políticos varias veces a la semana, tiene médico de cabecera, teléfono a disposición y cada vez que dice sentirse mal es trasladado a una clínica privada. PPK debe darse cuenta que no es Sánchez Cerro, que Fujimori no es Leguía, que vivimos en democracia, y que requiere con urgencia consultar con abogados e historiadores para evitar estas groseras comparaciones.
