Para salir del túnel, por Manuel Rodríguez Cuadros

La crisis de coyuntura se profundiza y continúa poniendo a la patria al borde de la crisis mayor de viabilidad nacional. El fracaso de una incompetente política de lucha contra la violencia, el crimen y el sicariato, ha puesto a la población en la línea extrema del hastío y la desesperación. Al mismo tiempo, la pérdida de legitimidad del gobierno, particularmente de la institución de la presidencia de la República, está generando las condiciones para la vacancia presidencial y el establecimiento de un gobierno de transición. Sus dos tareas elementales serían ordenar la lucha contra la delincuencia y organizar el 2026 un proceso electoral, libre, justo, bajo estándares y supervisión internacional

Este eventual decurso de la evolución política del Perú, parecería hasta planificado. Conforme al artículo 115 de la Constitución,  en el caso de vacancia, el presidente del congreso, al asumir la presidencia, debe convocar “de inmediato a elecciones”. Bajo esa hipótesis, y teniendo en cuenta que el periodo presidencial culmina en julio del 2026, en teoría habría que esperar dos procesos electorales.  El excepcional y el regular.

Pero, gracias al “azar y la necesidad” de la política peruana,  el congreso ha modificado las leyes electorales y adelantado la convocatoria de las elecciones generales para abril de 2025. A un año del proceso electoral. Con ello   se asegura que, en el caso de la vacancia, la convocatoria inmediata a elecciones, coincida prácticamente con el nuevo plazo de convocatoria de las elecciones regulares . Ya no serían necesarios dos procesos electorales. También por el “azar y la necesidad,” esa decisión aseguraría la permanencia de los congresistas hasta el final de su periodo.

Si este escenario se concreta, tendríamos elecciones con un gobierno de transición. De no darse, tendrían lugar en el contexto del deterioro de la crisis multifuncional de coyuntura y del creciente autoritarismo de la actual alianza gubernamental. En ambas hipótesis, la cuestión crucial es la de pensar una alternativa para enfrentar ,a partir del 2026,  la crisis de viabilidad nacional que agobia al Perú. 

El Estado ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que recuperarlo. La pobreza, la extrema pobreza, la precariedad alimentaria, aumentan. La desigualdad entre los que menos ganan y quienes tienen mayores ingresos se ahonda. Pasa a ser oprobiosa. La salud y la educación públicas son precarias.   El no contar con una vivienda digna, según GRADE “es una tragedia para las familias, una inmoralidad a la que estamos acostumbrados, pero que no puede ser justificada desde ningún punto de vista”.  Estos son algunos de los problemas que habrá que enfrentar el 2026, además de incrementar el crecimiento económico por encima del 6 %.

La crisis nacional requiere una refundación del Estado y sus relaciones con la sociedad, las empresas y la propia naturaleza. Y ello tiene que ver, esencialmente,  con las decisiones políticas. Con la gobernabilidad. Es la cuestión central. La minería ilegal y otros sectores vinculados a la informalidad o directamente al crimen organizado no deben seguir perforando y utilizando las instituciones de la gobernabilidad. Es el camino a la disolución democrática del país. A la transformación del autoritarismo en dictadura.

El principal componente de la crisis de viabilidad nacional, es el colapso del sistema de gobierno y el régimen político establecido en la constitución de 1993. Un sistema de suma nula. Antidemocrático. En el cual la única manera de gobernar es que el ejecutivo tenga la mayoría parlamentaria ( autoritarismo presidencial) o que la tenga el congreso (autoritarismo parlamentario). Con un control constitucional que se ejerce una vez que ya fueron aprobadas las leyes, lo que minimiza su eficacia y lo politiza.

La solución de la crisis de viabilidad del Perú, requiere como medida y acción fundamental rehacer el sistema de gobierno y el régimen político actual. La democracia supone tomar en cuenta los intereses del Nosotros colectivo. No solo de algunos sectores de la población. Excluyendo a otros.

Un régimen político democrático supone el diálogo, la concertación, la existencia de espacios para construir el bien común, tomando en cuenta los intereses de todos. En el caso del Perú, por razones obvias, prioritariamente de los excluidos, los más pobres y las clases medias. Hay que sustituir el actual sistema de gobierno de suma cero (el 100 % de lo que gana un sector, lo pierden los otros), por otro. Esencialmente democrático, de suma   variable (las ganancias y pérdidas se comparten).

Eso implica , un sistema bicameral, donde el senado tenga función revisora y legislativa en áreas esenciales;  una instancia  de función dirimente en la función legislativa  que sería el pleno del congreso, conformado por ambas cámaras; un Tribunal constitucional  que además del control a posteriori, tenga facultades de control preventivo  de las leyes orgánicas y de interpretación constitucional; partidos políticos, con vida institucional, que sean actores cotidianos de la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del derecho a la democracia; y, un sistema electoral independiente, justo, libre y sin voto preferencial, que ha sido el ácido muriático que casi  ha liquidado la vida democrática en el Perú.

 En el ámbito económico, hay un  amplio consenso compartido con  la economía social de mercado. Pero desde 1993 se ha convertido solo en un eslogan. La legislación secundaria ha impuesto un tipo de desregulación económica en la antípoda de la economía social de mercado. Un mercado desnaturalizado por el monopolio, los oligopolios y las posiciones dominantes en el mercado.

El componente “social” ha sido eliminado. Por eso el Estado no interviene para combatir los monopolios. Y no ejerce sus capacidades de orientación estratégica y de planeación indicativa del desarrollo nacional. Es indispensable reformar la constitución para adecuar la legislación secundaria a la noción constitucional de economía social de mercado.

El Estado debe cumplir su deber de garantía de realización de los derechos económicos y sociales de la población. No existe en el mundo una economía de mercado competitiva, sin un estado fuerte, capaz de asegurar la libre competencia y sancionar las prácticas monopólicas. Allí están, los Estados Unidos, Francia, Italia o Singapur. Sin Estados, no hay mercados.

Habrá también que reformular las políticas de seguridad pública y combate del crimen. A partir de las poblaciones y los gobiernos locales, con legalidad, con participación de la gente y una policía especializada,  con recursos.  Y finalmente, extirpar la corrupción. Terminar con la concepción del Estado tramitador, al que se corrompe por el interés privado y el que se corrompe por haberse reducido a otorgar concesiones, licencias, hacer contratos o tramitar compras estatales.  Hay que recuperar al Estado como gestor y guardián del bien común. Con una concepción ética del servicio público.

Quiénes pueden concertar una alternativa de solución nacional y social a la crisis de viabilidad? Todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, empresariales, nacionales, institucionales, regionales y locales.  Sean de derecha o de izquierda.  No interesan etiquetas de dudosa vigencia.  Lo importante es que compartan la filiación democrática y el compromiso con la patria.  Si esa convergencia no se produce y no se ejercen los derechos a la protesta y la acción política, pasada la página del calendario, podremos haber perdido la democracia y extraviado una vez más al Perú.