Defendiendo el Estado en Macusani

En la plaza de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, Puno, el oficial de la PNP se expresa con respeto frente a la asamblea de rondas campesinas y el alcalde. La asamblea, que tuvo lugar el pasado 16 de abril, fue convocada por las rondas con carácter de urgencia para ver el caso de una mujer que denunció haber sido violada por un policía. El caso era especialmente sensible porque las relaciones entre los macusinos y la PNP habían sido particularmente tensas en los últimos meses.

El 18 de enero, días después de la mascare de 18 personas en Juliaca, la PNP asesinó a Salomón Valenzuela y a Sonia Aguilar durante una manifestación en Macusani. Indignados, los lugareños prendieron fuego a la comisaría tras lo cual los policías abandonaron el puesto. El retorno de la PNP, gestionado con el alcalde, significaba un nuevo comienzo. Pero la PNP volvía a empañar su relación con el pueblo con otro grave hecho.

En la asamblea se expresaron diversos pareceres en castellano y en quechua. Nadie escondió su enojo y no faltó quien culpara a las cantinas y al alcohol. Más allá de las discrepancias, al menos, a juzgar por lo que transcurrió en castellano, el sentimiento unánime era, a la par de exigir a la Policía enmendar su conducta —no matar ni violar—, darles una nueva oportunidad para “que nos pongamos de acuerdo”, es decir, para que pudieran trabajar con las rondas.

Cerca del final de la asamblea, el presidente de las rondas invitó a hablar al oficial PNP al que me he referido líneas arriba, llamándolo “el capitán” encargado de la comisaría. El oficial tomó la palabra y dijo sentirse avergonzado por su institución. Explicó que el agente acusado de violación se le había impuesto la sanción más severa; que había sido separado de la PNP y puesto a disposición de la Fiscalía. Y pidió disculpas, expresando su voluntad de trabajar junto con las rondas y de respetar lo que decidan.

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El tono del oficial era sincero y el contraste con el comportamiento de la PNP en estos meses de protestas, no podía ser más abismal. Como es sabido, la PNP ha reprimido las innumerables marchas pacíficas de los últimos meses con brutalidad injustificada y letal; ha ejecutado extrajudicialmente a 39 peruan@s (dos de ellos en Macusani), incluyendo menores de edad, lo que ha merecido llamados de atención enérgicos al Estado peruano por parte de importantes organismos internacionales, además de la comunidad europea y el departamento de Estado de EEUU.

Frente a ello, la presidenta Boluarte, en las antípodas de la actitud del mencionado oficial de la PNP en Macusani, ha mantenido una actitud inflexible, cínica y negacionista, al igual que sus ministros y otros oficiales de la PNP y del Ejército, responsable a su vez de otras de 10 ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho. Lejos de un signo de enmienda, desde el comienzo la presidenta y su premier, con el eco de ciertos “líderes de opinión”, buscaron culpar a las víctimas, tildándolas de “vándalos”, “terroristas” y “violentistas”.

En las antípodas de la actitud estatal capitalina, y lejos de hacer “espíritu de cuerpo”, como es la costumbre en estos casos, el oficial PNP que habló en Macusani asumió su responsabilidad a nombre de su institución, ordenó sanción y pidió disculpas sin remilgos, y no en condicional, como es lo usual. Pero lo más asombroso se produjo cuando al finalizar su exposición, reveló su nombre y rango, en respuesta a unas mujeres que le pidieron identificarse: “Yo soy el general de la Policía Nacional Enrique Hugo Felipe Monroy” acotó, y estaba a cargo de la macrorregión policial de Puno. Su alto rango solo podía potenciar más cada una de sus palabras y la asamblea en sí.

La asamblea fue, no cabe duda, un ejercicio democrático notable en un país que pasa por un serio proceso de descomposición institucional, social, ética y política. Para reforzar los contrastes, cabe agregar que se realizó en una plaza pública, mientras en Lima las principales plazas se han militarizado y declarado “zonas intangibles”. Hoy un riesgo expresar allí públicamente una opinión. No se trata de idealizar la asamblea de Macusani, donde se salieron a relucir también discrepancias y tensiones, incluso de género. Pero la discrepancia es precisamente parte del ejercicio democrático y así lo condensó un comunero: “se puede discrepar”, “asamblea es democracia”.

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Cuando se repara que quienes buscan conciliar democráticamente con una institución del Estado que los ha violentado severamente son los mismos que son sistemáticamente estigmatizados como “terroristas” y “vándalos” por ese mismo Estado, solo puede crecer la admiración. Y más todavía porque están intentando tender puentes para defender una institucionalidad que las más altas esferas del Estado vienen horadando sistemáticamente.

Y sin embargo, lo único que se sabe en Lima de Macusani (si acaso algo) es que “vándalos” incendiaron la comisaría. Un evento —como hubiera dicho el antropólogo haitiano Michel Rolph-Trouillot— es convertido en un “no evento”, sepultado por un silencio estigmatizador y discriminador.

Por último, si la asamblea que reseñamos puede parecer excepcional desde el presente, quizá lo sea por la falta de visibilización mediática de este tipo de eventos. Pero no lo es desde la historia, como he podido comprobar en mi propia investigación. Son, con frecuencia, las comunidades más vulneradas y estigmatizadas por el Estado las que luchan por defender la institucionalidad de ese mismo Estado como una manera de empoderarse y defender sus derechos. Y suelen estar mejor informados de las leyes que en Lima.

No fue por azar que el presidente de las rondas de Macusani citara en la asamblea el artículo 149 de la Constitución, que les otorga autoridad jurisdiccional.

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La asamblea que acabo de comentar  fue transmitida en vivo por Radio Allinccapac y ha sido comentada en el programa Plaza Boyka del que formo parte, el día 24 de abril.