Democracia en coma

“No basta con mirar indicadores macroeconómicos, necesitamos también ver el nivel de desarrollo político y cívico de nuestra sociedad”.

En mi anterior columna, resalté que era muy limitado considerar a este gobierno como una democracia.

El último reporte del índice de la democracia de la revista The Economist ha revelado lo que muchos politólogos ya habíamos advertido: Nuestra débil democracia se ha sumergido hoy hacia un camino inflexivo en el autoritarismo. En el 2022, hemos pasado de ser una democracia fallida a un sistema híbrido que combina componentes de una democracia con los de una dictadura. Lo más lamentable es que esta es una tendencia global. Apenas 24 países de 165 son considerados como democracias plenas, mientras 59 están categorizados como de regímenes autoritarios. 

El desmantelamiento institucional permanente por parte del Gobierno de Pedro Castillo, sumado a los últimos acontecimientos de diciembre, como su fallido golpe de Estado, una transición política (constitucional) más que promedia 6 presidentes en 6 años y la muerte de ciudadanos en las protestas, fueron los puntos más saltantes que explican que hayamos bajado puntos que nos cambiaron de categoría.

Cabe resaltar que los hechos que estamos viviendo hoy en el 2023 aún no han sido recogidos. Esto nos advierte que pese a la gran caída en el índice, vamos a seguir cuesta abajo. Lo curioso de este indicador es que en el componente de procesos electorales y pluralismo político es donde mejor estamos rankeados, con 8,75 puntos sobre 10, superando el promedio mundial (5,39) y el de América Latina (7,19). Los puntos más bajos corresponden a funcionamiento del gobierno (relacionado con las capacidades estatales para implementar políticas públicas efectivas) y en cultura política. Este último es el componente donde puntuamos peor, con apenas 3 de 10, por debajo del promedio mundial (5,32) y de América Latina (4,11).

En un contexto en el que se están legitimando prácticas contrarias al marco legal dentro de una gestión de protestas y movilización ciudadana, superar esta calificación para llegar a ser considerados como democracia plena nos va a costar muchísimo. En un escenario de bloqueos de acceso a ciudades, en donde manifestantes impiden el paso de productos de subsistencia, como alimentos y medicinas, hace falta sin lugar a dudas una mayor (y mejor) mano dura. Pero esta mano dura debe darse dentro del marco del respeto de la mínima institucionalidad pública que nos queda. No se puede recuperar el Estado de derecho yendo en contra del Estado de derecho.

Estigmatizar a todos los manifestantes a una sola condición de vándalos o de terroristas deja entrever que no existen capacidades por parte del Estado para gestionar una crisis como la que estamos viviendo. El objetivo siempre debe estar en construir institucionalidad y respeto. No dejar entrar a abogados a las comisarías ni a representantes de la Defensoría del Pueblo, golpear periodistas o abogados líderes de opinión es también amedrentar la institucionalidad pública. Repito, se necesita mano firme sí, pero también una gran dosis de empatía para conectar con las demandas válidas de las personas y convertirlas en decisiones de políticas públicas.

Nuestra democracia está en coma y el pronóstico es reservado, pero esta aún no ha sido desahuciada. Debemos preservar nuestros puntos más fuertes y apuntar a fortalecer  los más débiles para levantarnos como un país desarrollado. No basta con mirar indicadores macroeconómicos, necesitamos también ver el nivel de desarrollo político y cívico de nuestra sociedad. Las políticas de remediación del daño democrático que se viene causando existen y son posibles, pero deben centrarse en la necesidad de construir una mayor cultura política por parte de toda la ciudadanía y, para ello, el camino es y siempre será el del diálogo y el de abrir espacios para construir una agenda consensuada.

larepublica.pe
Alexandra Ames

Especialista en Políticas públicas efectivas. Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido servidora pública de municipios y ministerios. También ha sido Secretaria Técnica del Social Progress Imperative para el Perú. Limeña, hija de padre puneño y madre moyobambina.