Válvula de escape

¿Está el Perú en proceso de moverse desde el liberalismo/neoliberalismo económico de los últimos 32 años, con democracia (21 años), hacia un modelo intervencionista, populista y con autoritarismo?

En El Péndulo Peruano: políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990, Efraín Gonzales de Olarte plantea que una variable relevante para que la política económica se moviese desde la ortodoxia liberal hacia la heterodoxia populista fue la vinculación de los ciclos económicos y políticos. Por su parte, en El neoliberalismo a la peruana: economía política del ajuste estructural, 1990-1997, sustenta que hay dos variables que reconectan la economía con la política: la desigualdad distributiva y la inflación.

Con la apertura económica de los 90, el fujimorismo logró desvincular ambos procesos (el económico y el político). Por un lado, la entrada de divisas e ingresos por exportaciones, tributos y privatizaciones le permitió desplegar un populismo amplio para los más pobres, mientras garantizaba estabilidad macroeconómica, aseguraba desregulación a los empresarios (y los beneficios que necesitasen), y mientras corrompían al Estado y a la sociedad en general.

Esa desvinculación entre lo económico y político se mantuvo con el retorno a la democracia en el 2001. Desde entonces hasta el gobierno de PPK, se hablaba de la necesidad de mantener las “cuerdas separadas”. Se suponía –ingenuamente– que ello permitiría que la economía siguiese expandiéndose, manteniendo además la estabilidad macro, a pesar de la cada vez mayor precariedad y corrupción en el Estado y en nuestra clase política. Que esa desvinculación se sostuviese en democracia fue posible gracias al despegue de la economía china y su impacto desde el 2003 en el precio de los metales que exportamos, los cuales, a pesar de unos pocos altibajos, se sostienen hasta hoy en niveles históricamente altos.

Entonces, ¿por qué podríamos estar llegando al final de la desvinculación entre los ciclos económicos y políticos? Los conflictos sociales que han ido en aumento desde el retorno a la democracia reflejan la presión redistributiva de los últimos 20 años. Hoy a ese hecho se suma el agravante del aumento de precios de alimentos esenciales y de combustibles. El paro de agricultores de esta semana es un reflejo claro de ello (impulsado por el alza del precio de fertilizantes). Y estamos lejos de solucionar este problema. El FMI ha alertado de que la inflación será mayor este año, particularmente para los países emergentes (8,7%), un nivel que, para las familias pobres y más vulnerables, en realidad representa una pérdida de su poder adquisitivo mucho mayor. Ello, además, luego de que la pandemia del COVID-19 ya había generado mayor pobreza y una mayor precariedad de la clase “media” vulnerable.

Como ha señalado Carolina Trivelli, se estima que en el período 2018-2020, en promedio el 47,8% de los peruanos enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o grave, diez puntos porcentuales más que en el trienio anterior. Los 6,2 millones de peruanos en situación grave se quedaron sin alimentos o estuvieron sin comer todo un día varias veces en un año. ¿Cuál será la situación hoy y el próximo año luego de tres años de inflación alta? Por eso el FMI habla de una crisis seguida de otra y de la necesidad de tomar acción redistribuyendo recursos.

Por su parte, la crisis política es palpable tanto en la precariedad y corrupción del gobierno como en la inoperancia, la poca capacidad política y los intereses particulares del Congreso. No es casualidad que esta semana el Barómetro de las Américas ubique al Perú en el antepenúltimo lugar en la región en apoyo a la democracia (solo 50% lo hace); y en el penúltimo respecto a la satisfacción sobre cómo está funcionando (21% lo está, solo le ganamos a Haití). Asimismo, un 52% de peruanos justificaría un golpe militar “si hay mucha corrupción”, variable en la que somos primeros en la región, como también lo somos en la mayor percepción de corrupción de los políticos.

Las señales de crisis económica y política son bastante claras. Una combinación que en el pasado nos ha conducido hacia cambios radicales. Si bien la solución debería venir del sistema político, ellos son más bien parte del problema. ¿Cuál será entonces la válvula de escape?

La respuesta no es clara, fácil ni corta. Para lograr encaminarnos hacia una solución democrática y dentro de una economía social de mercado, tendríamos que esperar (o promover) que los sectores de centro, izquierda y derecha que creen en dichos principios, tengan en claro cuál es el enemigo común: los extremistas de ambos lados del espectro “ideológico”, que continúan polarizando al país y que, como ha quedado claro ya, hasta logran compartir agendas anti reformas. ¿Cómo así la izquierda autodenominada democrática y reformista se siente más cerca de un gobierno como el de Castillo que con uno como el de Humala? ¿Cómo así la derecha creyó que el fujimorismo era la carta por la que tenían que apostar en la última elección y hasta llegaron al extremo de sumarse a la farsa de un supuesto fraude electoral?

Necesitamos también, y con urgencia, un partido que ocupe clara, activa y firmemente el centro político, sin que eso implique quedar bien con todos, sino más bien plantear una visión y propuestas de reformas que apunten a solucionar los principales problemas que asfixian a los peruanos.

En paralelo, se necesita y necesitará de soluciones rápidas y concretas a la crítica situación económica que están enfrentando las familias más vulnerables. Un objetivo prioritario de corto plazo debería ser lograr evitar que el malestar ciudadano con la democracia y con la política económica continúe empeorando. Si pretendemos que la misma visión y el mismo discurso de los últimos 30 años nos saquen de la crisis política y económica en la que estamos, solo lograremos alimentarla cada vez más; aunque no sería la primera vez que nos pasa.