Ley de Enemigos Extranjeros: esto dice la polémica ley de 1798 y en qué casos se podría aplicar en EEUU
Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ordenar la deportación masiva de miles de inmigrantes de origen venezolano. La medida ha generado controversia legal y política en Estados Unidos.
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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha desatado una ola de críticas y debates legales al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa creada en 1798 y no aplicada desde la Segunda Guerra Mundial. La polémica se intensificó tras la deportación de más de 200 inmigrantes venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.
A través de un decreto presidencial firmado el 14 de marzo de 2025, Trump declaró que esta banda representa una "invasión" y que sus miembros actúan como enemigos extranjeros. Con base en esta declaración, ordenó la detención y expulsión inmediata de todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años sin residencia legal que presuntamente pertenezcan al Tren de Aragua. Esta decisión ignoró una orden judicial federal que había bloqueado temporalmente las deportaciones por falta de fundamentos legales para aplicar dicha ley en tiempos de paz.
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¿En qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU.?
La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada en 1798 por el Congreso de Estados Unidos durante la Presidencia de John Adams. Creada en un contexto de posible conflicto con Francia, la norma otorga al presidente poderes extraordinarios para detener y expulsar a ciudadanos de países con los que EE.UU. esté en guerra. Según el profesor Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, esta legislación buscaba frenar actividades de espionaje y sabotaje interno en momentos de hostilidad internacional.
A lo largo de la historia, la ley ha sido utilizada solo tres veces: durante la guerra de 1812 con el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, donde se justificó el internamiento de miles de alemanes, italianos y japoneses. En todos los casos, existía un conflicto armado formal con naciones extranjeras. La aplicación actual, al no existir guerra oficial con Venezuela, ha sido duramente cuestionada por juristas como Dan Tichenor, quien señaló que "la ley exige una invasión real por parte de un Estado, no de un grupo criminal".
¿Quiénes se verían afectados por la aplicación de la ley de 1798?
El decreto firmado por Donald Trump establece que todos los inmigrantes venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos sin estar naturalizados o con residencia legal, y que sean considerados miembros del Tren de Aragua, pueden ser detenidos y deportados como enemigos extranjeros. Esto incluiría a personas que no han sido acusadas formalmente ni tienen antecedentes penales, lo que ha provocado fuertes críticas.
Entre las implicaciones más graves está la eliminación del derecho al debido proceso. Según el Centro Brennan para la Justicia, esta ley permite la deportación sin necesidad de presentar pruebas concretas, ni de permitir a los acusados defenderse en tribunales. Katherine Yon Ebright, investigadora del centro, advirtió a BBC que "basta con la sospecha para aplicar la detención", lo que debilita los derechos fundamentales de los inmigrantes.
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Donald Trump y la Ley de Enemigos Extranjeros: un plan para acabar con la delincuencia en USA
Donald Trump ha justificado esta acción como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado. En su proclama oficial, afirmó: "El Tren de Aragua está intentando invadir Estados Unidos con una guerra irregular, en coordinación con el régimen de Maduro. Utilizan el narcotráfico, la violencia y la infiltración migratoria para desestabilizar nuestro país". Además, aseguró que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, esta medida fue bloqueada por el juez federal James Boasberg, del Distrito de Columbia, quien argumentó que la norma de 1798 solo puede aplicarse en contextos de guerra entre naciones y que no es válida para enfrentar a una organización criminal sin estatus estatal.
Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Trump ha intensificado las redadas migratorias. Según datos del ICE, al menos 32.000 inmigrantes han sido detenidos en menos de tres meses, de los cuales 9.000 no tienen antecedentes ni procesos pendientes. El propio ICE los ha calificado como "daños colaterales". En paralelo, más de 200 venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se les mantiene sin cargos formales, según informes de derechos humanos.
