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Juez federal bloquea a Elon Musk: No podrá acceder a datos confidenciales del Tesoro de Estados Unidos

Un juez de Nueva York emitió una orden de emergencia que impide temporalmente al equipo de Musk y al Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceder a información del Tesoro de EE. UU., en medio de acusaciones de riesgos de ciberseguridad

Musk queda a la espera de la audiencia judicial programada para el 14 de febrero. Foto: AFP
Musk queda a la espera de la audiencia judicial programada para el 14 de febrero. Foto: AFP

Un juez federal de Nueva York, Paul A. Engelmayer, bloqueó temporalmente el acceso de Elon Musk y su equipo a los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La decisión, que se mantendrá hasta una nueva audiencia el próximo 14 de febrero, busca proteger información personal y financiera de millones de ciudadanos estadounidenses.

El acceso a estos datos por parte del Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Musk, ha desatado una fuerte controversia. Fiscales de 19 estados, en su mayoría demócratas, argumentan que la medida impuesta por el gobierno de Trump representa un riesgo elevado para la seguridad informática del país. La orden judicial también obliga a quienes hayan accedido a los sistemas del Tesoro desde el inicio de la administración Trump a destruir cualquier copia de los datos obtenidos.

¿Por qué el juez impide que Elon Musk acceda a información confidencial?

El juez Engelmayer argumentó que el acceso sin restricciones a los sistemas del Tesoro podría generar “daños irreparables”. Los fiscales estatales advirtieron que la información involucrada incluye números de seguridad social, datos bancarios y otros registros extremadamente sensibles. Además, alertaron sobre el riesgo de que estos sistemas se vuelvan vulnerables a posibles ataques cibernéticos.

Según documentos judiciales, uno de los trabajadores del DOGE asignado al Tesoro tenía la autoridad para visualizar y modificar archivos críticos sin controles adecuados. Esto preocupó a diversos estados, que denunciaron la falta de supervisión sobre el personal de esta nueva entidad, creada con el objetivo de reestructurar la administración federal y recortar gastos.

El contexto es aún más complejo por las recientes decisiones de la administración republicana. En apenas unas semanas, Trump y Musk han congelado programas de ayuda internacional, reducido presupuestos de varios sectores y comenzado a reestructurar agencias como USAID, considerada por ambos como un bastión de oposición burocrática.

Demandas de Nueva York y California

Los fiscales generales de Nueva York, California y otros 17 estados presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Manhattan. Alegan que la administración Trump violó la ley al otorgar acceso irrestricto a los sistemas de pago federales a trabajadores del DOGE. Dichos sistemas gestionan miles de millones de dólares en pagos, desde salarios públicos hasta devoluciones de impuestos y cheques de Seguridad Social.

Una de las principales preocupaciones es que este acceso permita al gobierno manipular pagos destinados a servicios esenciales. Los estados demandantes también sospechan que Trump podría utilizar los datos financieros para perjudicar a sus adversarios políticos, en un contexto de creciente polarización.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, denunció que Trump “ha permitido que un multimillonario no elegido se infiltre en agencias clave”, poniendo en peligro información de gran relevancia para la seguridad nacional. Por su parte, el Tesoro realizó una evaluación interna en la que calificó el acceso de Musk y su equipo como “la mayor amenaza interna en la historia de la Oficina del Servicio Fiscal”.

Musk entre enfrentamientos judiciales

Elon Musk se encuentra en el centro de varias disputas legales debido a su colaboración con el gobierno de Trump en la reestructuración de agencias federales. Además de la controversia por el acceso a los datos del Tesoro, un juez en Washington bloqueó temporalmente una orden del DOGE para dejar en excedencia a 2.200 funcionarios de USAID. Esta agencia, que gestiona ayuda humanitaria global, ha sido objeto de fuertes recortes por parte de la administración republicana.

Los tribunales también han intervenido para frenar otras medidas del presidente Trump, como la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense.