España limita el precio de los test de antígenos mientras enfrenta sexta ola de COVID-19
El Gobierno de España anunció la fijación de un precio máximo para la venta en farmacias de test de antígenos para el autodiagnóstico de coronavirus.
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El Ministerio de Sanidad de España anunció este jueves la fijación de un precio máximo de 2,94 euros para la venta en farmacias de test de antígenos para el autodiagnóstico de la COVID-19.
“El acuerdo adoptado por unanimidad ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo a 2,94 euros”, anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras reunirse con la Comisión de Salud Pública, donde están representadas las administraciones de salud regionales.
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La fijación de este precio máximo llega mientras el país atraviesa su sexta ola de contagios por COVID-19, que está dejando una cifra récord de diagnósticos positivos, con la incidencia disparada a más de 3.127 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Aunque la vacunación evitó que esta oleada de contagios sea tan mortífera como las anteriores, la avalancha de casos desbordó en muchas regiones del país la capacidad de gestión por parte de los sistemas de atención primaria.
Esto empujó a miles de ciudadanos a una autogestión de la situación, recurriendo de forma masiva al autodiagnóstico, hasta el punto que varias regiones —como Madrid o Cataluña— adoptaron un sistema en el que los positivos por test de antígenos en casa se dan por buenos sin requerir ninguna comprobación, concediendo automáticamente una baja laboral al paciente para pasar la cuarentena.
Ante este auge del autodiagnóstico, muchas farmacias no tuvieron capacidad para atender la demanda, sobre todo en los días previos a las celebraciones de Navidad y Nochevieja.
En paralelo, el aumento de la demanda y la falta de medidas de control sobre el mercado hicieron que los precios de los test fluctuaran en las últimas semanas, pudiendo incluso superar los 15 euros por una sola unidad, lo que convirtió el autodiagnóstico en una carga para los bolsillos de los españoles, algo a lo que ahora se pretende poner freno con la fijación de un coste máximo.
