Régimen de Maduro imputa a funcionarios implicados en muerte de presos políticos

Este 1 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, imputó a dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Fernando Albán por los delitos de “homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga”, así como por el de “quebrantamiento de normas de custodia”. Albán falleció en prisión en el 2018 al caer de un décimo piso.

A través del canal estatal VTV, Saab explicó que su despacho solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación —delito de quebrantamiento de normas de custodia— por “observar violaciones de garantías constitucionales” y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud de la Fiscalía.

“La causa se retrotrajo hasta la fase de investigación” y, posteriormente, la Fiscalía “solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido”, dijo.

El fiscal, que explicó que los imputados fueron detenidos, no detalló las fechas en que se solicitó la anulación de las primeras imputaciones ni su reactivación, y tampoco reveló la fecha de captura de los inculpados.

En septiembre de 2019 había dicho que, por el caso de Albán, habían sido imputados los funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) Miguel Dos Santos y Keyberth Cirelli.

El caso del concejal Albán ha sido polémico en Venezuela, porque el Gobierno afirmó que el opositor “se suicidó”, una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía al señalar que se lanzó del décimo piso del Sebin.

Sin embargo, sus familiares y la oposición venezolana aseguraron que el concejal fue “asesinado”.

Albán murió el 8 de octubre de 2018 en la sede del Sebin, donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ocurrió en agosto de ese año.

Por otra parte, Saab también se refirió al caso polémico del estudiante Juan Pablo Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017, y confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados. El fiscal había puesto en duda la causa de la muerte de Pernalete, que fue investigada por su antecesora, Luisa Ortega Díaz.