Políticos peruanos y de otros países aprovecharon sus cargos para vacunarse
Funcionarios de países como Ecuador, España y Estados Unidos también fueron acusados de recibir el fármaco contra la COVID-19 antes que el personal sanitario que está en primera línea.
La pandemia de COVID-19 ha enlutado a miles de familias en el mundo, mientras que la propagación de la enfermedad no se detiene. Gracias a los avances de la ciencia, varios países han podido obtener miles de vacunas de los principales laboratorios y el acceso a ellas es regulado de acuerdo a los parámetros que han establecido los gobiernos.
Sin embargo, altos funcionarios de varios países de América y Europa se han aprovechado de sus cargos para acceder al fármaco. Perú es uno de ellos.
En los últimos días, la nación sudamericana se ha visto reflejada en portales de noticias internacionales tras estallar el escándalo por la administración de vacunas anti-COVID-19 al expresidente Martín Vizcarra, familiares, exministros y otros, todos incluidos en una lista de 487 personas que accedieron al fármaco del laboratorio chino de Sinopharm.
La lista contiene los nombres del personal que participa en el estudio. También hay nombres del Ministerio de Salud y consultores. Algunos están clasificados como personal de Relaciones Exteriores y, finalmente, llama la atención los nombres consignados como “invitados” y “entorno cercano”, según publicó el Diario La República el martes 16 de febrero.
“Vacunagate” es el nombre que se le ha dado al caso que salpica a altos funcionarios peruanos. Además, quedó en evidencia que las dosis fueron aplicadas a empresarios, rectores de dos universidades, un candidato congresal, familiares de una parlamentaria, personal de Cancillería y, en algunos casos, miembros de sus familias.
Trascendió que toda la información que se ha hecho pública ha sido remitida por la presidencia del Consejo de Ministros a la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y el Ministerio Público, para que actúen según sus competencias.
Dicha información fue remitida la noche de este lunes 15 por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Foto: composición La República
Caso de Ecuador
El pasado 26 de enero, el Ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Zevallos fue acusado de participar en un presunto delito de tráfico de influencias en el reparto de las vacunas contra la COVID-19 para beneficiar a familiares.
Tras varias denuncias, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Zevallos.
Tuit de la Fiscalía General de Ecuador cuando anunció el inicio de la investigación contra el ministro Zevallos. Foto: captura/Twitter
La organización Acción Jurídica Popular fue la encargada de elevar la denuncia que detalla que las 8.000 dosis que llegaron a Ecuador el 21 de enero estaban destinadas al personal sanitario de primera línea durante la pandemia.
Informaciones que fueron difundidas en los medios del país señalan que los familiares del ministro Zevallos, residentes de un centro privado para cuidado de personas mayores, llamado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles de Quito, fueron vacunados.
“Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo”, dijo el ministro Zevallos sobre las acusaciones en su contra.
El ministro Zevallos admitió que en el centro geriátrico privado donde fueron llevadas las vacunas están atendidos "varios familiares" suyos. Foto: Dr. Juan Carlos Zevallos / Twiiter
Caso de España
En enero de este año también se generó un escándalo similar en España, que involucró a funcionarios públicos.
Todo ocurrió cuando las concejalas de Servicios Municipales y de Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura, Sandra Díez y Fuensanta Martínez, respectivamente, del PSOE, tuvieron que dimitir tras admitir que fueron inoculadas antes de tiempo y saltándose los protocolos del gobierno nacional.
España
El jefe de Estado Mayor de Defensa, el general Miguel Ángel Villaroya, también apareció en la lista de los que recibieron la dosis antes que el personal sanitario de primera línea de atención.
Poco tiempo después, el máximo representante militar del país, se vio obligado a dimitir.
Caso de EE. UU.
Hubo una controversia que se vio reflejada en medios de comunicación y en redes sociales en Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia de la COVID-19 en la actualidad.
Un reporte de CNN destacó que dentro de la estrategia de vacunación, que se hizo pública en el país, los cónyugues de funcionarios gubernamentales no figuraban en la primera línea.
Mike Pence, Karen Pence, la esposa del presidente electo demócrata Joe Biden, Jill Biden, y el esposo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, Doug Emhoff, estuvieron entre los primeros estadounidenses en obtener las dosis.
