Human Rights Watch pide ayuda humanitaria urgente para Venezuela por la pandemia [VIDEO]
“La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría poner en peligro más ampliamente la salud en la región”, advirtió Human Rights Watch.
La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad, señalaron este lunes Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins. Es fundamental asegurar que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente.
Al 25 de mayo en Venezuela había 1.121 casos confirmados de COVID-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas generalizados para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país.
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El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela.
“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó la Dra. Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins. “La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, deben asumir el liderazgo sobre este tema. Los miembros del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea deben ejercer presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de la Covid-19 en el país, expresaron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins. Es crucial que los gobierno preocupados por la situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el gobierno de EE. UU. se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios.
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El sistema de salud de Venezuela ha colapsado. La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica. Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 (posición 180 de 195 países), ubicándose así entre los países menos preparados para mitigar la propagación de una epidemia.
En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas detalladas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Todos los hospitales, salvo uno, brindaban atención de alta complejidad. Las organizaciones también llevaron a cabo entrevistas de seguimiento a algunos profesionales de la salud, y otras a actores humanitarios y expertos en sanciones entre marzo y mayo de 2020.
Las conclusiones de la investigación, que se realizó en parte antes de la pandemia, demuestran que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la COVID-19. Preocupan especialmente, en este sentido, que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene. Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación.
Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados dijeron que prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus clínicas y hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, tales como jeringas o guantes. Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de Caracas. En algunos hospitales en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros.
En una encuesta realizada a proveedores de servicios de salud sobre la capacidad del sistema sanitario venezolano para hacer frente a la COVID-19, el 31.8 % de los trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2 % informaron un acceso intermitente al agua potable entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El 21 de mayo, un dirigente sindical médico informó que un sondeo de 16 hospitales y centros de salud en Caracas reveló que había escasez de agua en 8 de ellos, de guantes en 7, y de jabón y desinfectante en 15. En ocho hospitales y centros de salud tampoco había barbijos, y en 13 los estaban reutilizando. Otra encuesta nacional sobre el impacto de COVID-19 publicada el 16 de mayo reportó que había escasez de guantes en el 57.14 % del sector salud, de tapabocas en el 61.9%, de jabón en el 76.19 % y de alcohol desinfectante en el 90.48%.
La tasa de mortalidad de la COVID-19 es incierta y es probable que varíe según la edad, los problemas de salud preexistentes y la disponibilidad de tratamiento, entre otros factores. Es muy probable que en Venezuela la tasa de mortalidad termine siendo mayor a la media, ya que no hay capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores.
A su vez, por la falta de acceso al agua, los proveedores sanitarios no pueden lavarse las manos, lo cual es crucial para contener la propagación de la COVID-19. La escasez de combustible hace más difícil que los profesionales de la salud y los pacientes se acerquen hasta los hospitales y centros de salud, y que los alimentos lleguen a quienes los necesitan. Ello podría deteriorar todavía más la atención médica.
La enfermedad también podría transmitirse con rapidez en los barrios populares y en las cárceles sobrepobladas debido a la falta de garantías básicas de salud pública y de acceso a un suministro de agua suficiente. Las condiciones de pobreza, hacinamiento habitacional y desnutrición en las que se encuentran muchos venezolanos son el ámbito ideal para que se propaguen enfermedades infecciosas.
La crisis humanitaria, política y económica en Venezuela ha provocado la mayor migración de la región en las últimas décadas. Más de cinco millones de venezolanos se han ido del país, y han llevado consigo enfermedades que habían sido erradicadas en la región, como el sarampión. Los sistemas de salud de países vecinos ya están sobrepasados intentando atender las necesidades de salud de los exiliados venezolanos. Si bien varios miles de ciudadanos venezolanos recientemente decidieron regresar a Venezuela por las paupérrimas condiciones en que vivían en el exterior, es improbable que el éxodo se detenga y el brote de coronavirus en Venezuela agravará todavía más la situación.
Las autoridades venezolanas han adoptado algunas medidas para, en teoría, intentar responder a la pandemia. El 13 de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia y el 17 de ese mes dispuso una cuarentena en todo el territorio nacional, que limita la circulación y dispone el cierre de actividades no esenciales. Quienes hacen que se cumpla con la cuarentena son la policía, incluyendo una fuerza especial llamada FAES implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales, las Fuerzas Armadas y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela. Según organizaciones locales, esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias y hostigamiento de las comunidades.
El 17 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro pidió un préstamo de USD 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) para combatir la COVID-19. El FMI rechazó el pedido e indicó que “faltaba claridad” con respecto al “reconocimiento oficial por parte de la comunidad internacional” al gobierno de Maduro.
La negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia. También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la COVID-19. Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones.
“Para contribuir a una respuesta efectiva a la COVID-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”.
Escrito por Human Rights Watch.
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