Independientes e informales: a la espera de un milagro

Crónica: Alexandra Ampuero, Karli Cruz, Diego Quispe y Jéssica Merino

La noche del domingo 15, Estefanía Quispe Bautista escuchó preocupada el mensaje del presidente Martín Vizcarra. El Gobierno había decretado el aislamiento social obligatorio para contrarrestar el avance de la pandemia del coronavirus. Quispe Bautista, de 64 años, vive con diabetes y vende salchipapas desde hace ocho años. Por ende, su salud es vulnerable al Covid–19, y su economía, a la cuarentena. Si trabaja, expone su salud, y si no lo hace, se queda sin recursos.

Estefanía optó por lo primero: guardó su cocina, los baldes con papa cortada y cerró el local. “En promedio, sacábamos S/ 50. Aparte tenemos que pagar por el alquiler de casa. Estamos de acuerdo (con la cuarentena), pero mis medicamentos para la diabetes cuestan caro y no hemos recibido bono”, relata.

En estos días, con sus pocos ahorros, quien asiste al mercado a comprar víveres es su esposo, Hilario Alvarado Goñe. “Tenemos que protegernos, es lo que ordenó el Gobierno”, responde resignado. Ambos viven solos en Comas y, ante la incertidumbre, básicamente subsisten de la venta de “marcianos” de fruta. Esperan aguantar hasta el 12 de abril.

Breves kilómetros al norte, en Puente Piedra, está Elva Quezada Valles, de 64 años y enferma de diabetes, está confinada en una vivienda alquilada, con sus dos nietos, de 15 y cinco años.

La madre de los menores, Aracely Cienfuegos Quezada, está varada en Brasil desde el inicio de la emergencia, y es el sustento de casa. Quezada relata que previo al estallido de la pandemia vendía caramelos alrededor de la fábrica FAMESA.

“Ya no puedo. Dejé mi puesto. No esperábamos la cuarentena. Debemos aceptarla para vencer el virus. Para mí está bien. Pero debo el pago de la casa y mi hija no viene. Pido ayuda al consulado”, expresa. Por su edad y condición, es consciente de no exponerse. Pero le agobia que sus ahorros se acaben. Tampoco ha recibido bono.

Similar situación afronta Wilbert Martínez Ccoscco, de 59 años. Desde hace 17 años vende emolientes en La Victoria. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Emolienteros de ese distrito.

Su foco de trabajo estaba alrededor de Gamarra. Pero con el aislamiento social todo cambió. “Dentro de la asociación hay 100 emolienteros. No sé cómo harán ellos. Yo vivo de mi guardadito. Me preocupa más las que son madres solteras, quienes eran las únicas que mantenían su hogar. No hemos recibido bono”, protesta.

Martínez vive en San Cosme con su esposa y cuatro hijos. Pese al golpe económico, sin embargo, respalda el aislamiento social: “Queramos o no, tenemos que aceptarlo. Es una situación lamentable que estamos viviendo a nivel mundial”, dijo.

Sin ingresos, con los ahorros contra las cuerdas y aguardando ayuda del Gobierno, el principal problema que afrontan no es solamente el virus, sino también enfrentar el hambre.

“¡Llevo tres días sin comer!”, exclamó Ronald Neiber Camacachi Zanabria, de 35 años, natal de Chanchamayo, San Ramón. Actualmente vive en la comunidad shipibo–conibo, cerca al río Rímac.

Hasta antes del aislamiento lavaba platos en un chifa del jirón Ucayali, en Cercado de Lima. Le pagaban S/ 800, que distribuía en alimentos. Se hospeda en un cuarto rentado con su esposa Katherin Solis Quispe, quien vendía caramelos en la calle, y su hijo de ocho años, que vive con autismo. Cuando inició la inmovilización, Camacachi le preguntó a su jefe qué hará para comer. “No es mi problema”, le respondió.

Los primeros días de aislamiento les vendían menú a cuatro soles. Sin embargo, el dinero fue agotándose. El martes 24 tuvo que vender sus zapatillas a cambio de dos platos de comida. Solo le quedan S/ 12 y –asegura – viven comiendo bizcocho y agua hervida. “A estas alturas ya deberíamos estar enfermos”, confiesa.

Dilema de bonos

El último viernes, el presidente Martín Vizcarra anunció que habrá una segunda entrega de bonos. Como el aislamiento social se amplió –explicó– es lógico que la población vulnerable necesitará dinero para comprar víveres. Un día antes, en vista de que la distribución del subsidio tenía limitaciones, el mandatario prometió que el apoyo se extenderá a 800 mil trabajadores independientes e informales.

El Gobierno debe apuntar a entregar los S/ 380 a quien realmente lo necesite. Para eso se requiere una amplia base datos.

La representante en Perú de Wiego, Carmen Roca, sostiene que no todas las personas pobres están contadas en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Roca propone que la alida es registrarse en el Nuevo RUS, de la Sunat. “Hemos visto que la población en pobreza pudo. Si pudiera inscribirme ahí como independiente informal se usaría esa data para los beneficiarios. Así no haga pago de impuestos, por lo menos estoy registrado”, planteó en RPP.

A eso se suman –añadió– los padrones que manejan las municipalidades con las federaciones de trabajadores de mercados, canillitas u otros vendedores. “Ahí estamos hablando de un millón y medio de personas”, refirió Roca.

Deberían estar empadronados

En el Mercado de Frutas, Moisés Mendoza Chahui, de 18 años, es un estibador empadronado que mantiene a su madre, Jacinta Chaui Mamani, quien está enferma de la columna y solía vender panes en la calle. “Mi mamá esperaba el bono, pero no le han dado. Si a mí me dan el bono, lo usaré para los dos”, se quejó. Mendoza propone que el Gobierno, antes de entregar el subsidio, debería verificar las condiciones en que viven los beneficiados. “Que vayan a sus casas y de acuerdo a eso le den”, sostiene.

“Nunca pensé llegar a esta situación”, comenta, por su parte, soltando el aliento, Flora Huamaní. La mujer de 44 años trabajaba en una ferretería industrial, que cerró sus puertas apenas el coronavirus llegó al país. Su rubro: atención al cliente, el más golpeado por el cierre de locales por la pandemia.

Durante varios días no estuvo trabajando. “Tengo un bebé de tres meses y debo recursearme con algo”, dice Flora. Ese algo es la venta de mascarillas, guantes y gel desinfectante. En una mesa en la entrada del Mercado Unicachi, en Comas, posa toda su mercadería. Junto a su esposo, pasa toda la mañana ofreciendo estos productos que hoy se han vuelto indispensables para ingresar a la central de abastos y protegerse frente al Covid-19.

En este negocio también es dependiente. “No me pagarán gran cantidad, pero es preferible a no tener nada con qué sustentarnos”, explica.

Dice que el Estado nunca le ha pasado nada. Vive con su madre, de 77 años, que trató de entrar al programa Pensión 65. Pero no tuvo éxito. “Tengo hermanos, pero no me ayudan en nada”, dice respecto al cuidado de su madre. Además, vive con una tía discapacitada. Admite que ahora que tiene un hijo ve más difícil la situación: “prácticamente estamos esperando un milagro”.

Esther, quien también vive en Comas, no quiso dar su apellido por miedo a que la Policía le cierre el negocio por no estar dentro de los rubros permitidos. Ellos brindan servicios funerarios: realizan arreglos florales de defunción. “Las flores vienen de Huaral y como ahora solo se pueden trasladar alimentos, no hay negocio y tampoco ganancia”, cuenta un ayudante de Esther.

El local sigue “funcionando con lo poco que queda”. Una vez esa mercadería se acabe, tendrán que parar. “No estamos en extrema pobreza, pero ya hemos pasado necesidades. Nuestro nivel de vida no va a ser como antes pero todavía se pueden comprar cosas para comer, no como en otras épocas”, se anima la mujer de 40 años.

“En todo negocio siempre estás a la deriva de las circunstancias y esta es una situación de emergencia”, afirma. Dice que no le gusta caer en el escándalo. Si bien ya no se pueden velar a los muertos, se reconforta pensando en que “algo se hará… hay situaciones peores”.

El margen de error

El exministro de Economía Alfredo Thorne considera que en cuanto a acceder a los padrones de las federaciones habría que ser cuidadosos, pues no todos los comerciantes informales son personas de escasos recursos.

La alternativa que sugiere es acudir también a los registros del Vaso de Leche y que la entrega de bonos, en los casos que amerite, se realice de manera virtual. “Al comienzo nos vamos a equivocar: vas y entregas personalmente los S/ 380 e inmediatamente los registras. No debió entregarse en el Banco de la Nación: generas aglomeración y eso nunca lo registras”, enfatizó.

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, afirma que el SISFOH, que actualmente define la entrega de bonos, “no es perfecto, pero tiene información de los hogares donde las fuentes de ingresos son todas independientes o informales”.

“No todas las familias afectadas van a estar ahí, pero sí una muy buena parte y con eso se tendrá un primer alivio”. Añade que, como van a quedar “casos en el margen”, se van a necesitar “acciones complementarias”. Sean del Estado o del sector privado.

“Para esta población con altísimos niveles de informalidad, su objetivo estratégico en tiempos normales ha sido pasar por debajo del radar del Estado: no pagaban ningún impuesto”, dice Trivelli. “Ahora se necesita que el Estado los reconozca y el sector privado podría repotenciar la ayuda”, asegura.

Claves

Cálculo de pobreza. El exministro de Economía Kurt Burneo explicó que para la pobreza monetaria es inferior a los S/ 344. “Quien gasta menos, es pobre, y acá estamos hablando de bonos de S/ 380 pero para la familia y este debe alcanzar en el primer periodo de aislamiento. Y curiosamente es lo que gasta una persona a punto de ser pobre. Es la insuficiencia del bono”, sostuvo.

Reacciones

Carolina Trivelli - Extitular del Midis

“Con los bonos, el Estado va llegar a la mitad de los hogares urbanos del Perú. Nunca un programa social ha tenido esa escala, por más que surjan errores, la escala a la que está llegando es enorme”.

Alfredo Thorne - Thorne & Associate

“La Sunat tiene a todos registrados. Simplemente habría que pedirles el registro de todos sus contribuyentes y el monto que factura cada uno. Lo más fácil también es el censo de vivienda”.

Kurt Burneo - Extitular del MEF

“El peruano que gasta menos de S/ 344 es considerado pobre. Acá estamos hablando de bonos de S/ 380, pero para la familia, que debe alcanzar durante el primer aislamiento”.