Contraloría envió proyecto al Poder Ejecutivo para reactivar obras públicas paralizadas

La Contraloría General de la República remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para su revisión y aprobación, un proyecto de decreto de urgencia que recoge la iniciativa legislativa presentada al Congreso de la República el pasado 7 de marzo.

La citada propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas la culminación de obras paralizadas en todo el territorio nacional de sectores esenciales como salud, educación y saneamiento, además de otras medidas que fortalecen la lucha contra la corrupción.

El Contralor General, Nelson Shack, detalló que entre las medidas planteadas se encuentra la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente.

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Asimismo, el proyecto de norma plantea elevar el estándar de transparencia en los arbitrajes y en la labor que realizan los árbitros, obligándolos a presentar ante dicha institución, una declaración jurada de conflictos de intereses y prohibiendo que las instituciones arbitrales apliquen procedimientos de ratificación afectando la defensa de los intereses del Estado.

“Los ciudadanos están cansados de ver cómo sus regiones y municipios se llenan de elefantes blancos mientras las crecientes necesidades de obras y servicios básicos se dejan sin atención” señaló Shack.

En el mismo sentido, señaló que “la propuesta plantea mejorar la regulación de la labor de los supervisores de obra haciéndolos responsables solidarios de los incumplimientos del ejecutor, y estableciendo el deber de remitir una copia de sus informes a la Contraloría, porque hoy no están obligados a responderles a los auditores”.

En otro momento, destacó que la norma que plantea al Poder Ejecutivo también propone medidas urgentes a favor de la Contraloría con la finalidad de asegurar la intervención oportuna y la presencia del control a nivel nacional, continuando con el proceso de absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) de los gobiernos regionales y locales.