La cláusula poco conocida que permite la deportación de inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump ha utilizado esta herramienta oculta en 15 oportunidades. La medida permite deportar a personas con residencia permanente si se considera que su presencia afecta la política exterior de Estados Unidos
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La sección 8 U.S.C.1227(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, autoriza la expulsión de inmigrantes sin importar su estatus legal en Estados Unidos si el secretario de Estado tiene sospechas de que el acusado pueda tener "consecuencias adversas" para la política exterior del país.
Mahmoud Khalil, Yunseo Chang y Mohsen Mahdawi, estudiantes de Columbia, y Rumeysa Ozturk fueron algunos de los 15 acusados que atravesaron la deportación a sus países a pesar de tener el estatus de residentes permanentes. Esta cláusula fue emitida en 1990 y hasta la fecha solo se han registrado 15 casos similares.
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Estos son los casos más importantes que fueron deportados de Estados Unidos por esta cláusula poco conocida
La medida fue en su mayor medida aplicada en los años noventa. Desde el inicio del nuevo milenio, tan solo se han registrado cuatro casos en el territorio estadounidense. Los inusuales casos reportaron cinco arrestos y cuatro arrestos, según indica un informe de amicus curiae. Según The Washington Post, la medida no tiene precedentes y nunca se ha utilizado con propietarios de la green card.
El ciudadano saudí, Mohammad J.A. Khalifah, fue deportado en 1995, luego de que el gobierno de Jordania lo solicitara. El mexicano Mario Ruiz Massieu, también estuvo cerca de afrontar el mismo destino, pero el gobierno de los Estados Unidos termino por bloquear la deportación por considerarle inconstitucional.
Este es el caso más reciente de un inmigrante deportado por incumplir esta cláusula legal en Estados Unidos
Mahmoud Khalil, un estudiante en Luisiana, fue deportado a inicios de abril tras ser aprobada esta cláusula por un juez migratorio. Marco Rubio había avalado esta decisión un poco antes, al considerar que Rubio promovió "un ambiente hostil para los estudiantes judíos" y que su presencia obstaculiza la política contra el antisemitismo
El peligro de esta normal legal radica en que la decisión recae en su totalidad en el secretario de Estado. Este no depende de demostrar con consecuencias reales ni de un nuevo proceso legal, lo que la convierte en una excepción dentro del sistema migratorio. A día de hoy se emplea contra manifestantes palestinos, pero si no es fiscalizada se puede aplicar a cualquier ciudadano u opositores políticos.
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