
En julio de 2025, el gobierno de Donald Trump intensificó las redadas migratorias en zonas agrícolas de California. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han dejado cientos de detenidos, una persona muerta y crecientes denuncias por uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes hispanos.
“Pedimos a todos los residentes que estén tranquilos, que se queden en casa si pueden, y que conozcan sus derechos”, expresó Michael Vargas, alcalde de Parris en un mensaje difundido en X el 9 de julio.
Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 78% de los 83.000 habitantes de la ciudad de Perris, en el condado de Riverside, son de origen hispano, un perfil que, según Tom Homan, exfuncionario conocido como el 'zar de la frontera', resulta especialmente vulnerable. En declaraciones a Fox News, Homan afirmó que los agentes de ICE pueden detener a personas sin causa probable, basándose solo en una "sospecha razonable" relacionada con su ubicación, apariencia física, ocupación o conducta.
Estas afirmaciones evidencian el uso de perfiles raciales en las operaciones de ICE, lo que motivó una orden judicial de la jueza federal Maame Frimpong que restringe las redadas en el sur de California. La jueza advirtió que las detenciones masivas sin fundamentos podrían violar la ley al negar acceso a abogados y realizar arrestos sin sospecha válida.
La redada del 10 de julio en una granja de Cannabis, donde se realizaron 361 arrestos y falleció el trabajador mexicano Jaime Alanís tras caer sobre un invernadero, desató una nueva ola de protestas en California. Según su familia, el hombre intentaba refugiarse al momento del accidente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó responsabilidad, alegando que Alanís no estaba bajo custodia y que se pidió asistencia médica de inmediato tras la caída.
Organizaciones sindicales denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante el operativo, incluyendo helicópteros, gas pimienta y detenciones violentas. Aunque el DHS sostiene que las acciones apuntaban a criminales peligrosos, solo cuatro de los arrestados tenían antecedentes penales, representando apenas el 1,1% del total.
Mientras tanto, se investiga a manifestantes que reaccionaron con violencia, como un hombre que presuntamente apuntó con un arma a los agentes, y por cuya identificación el FBI ofrece una recompensa de US$50.000.

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