
El año escolar 2027 tendrá que planificarse con un escenario que podría alterar la presencialidad en distintas regiones del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), 13.348 instituciones educativas se encuentran expuestas a inundaciones, una situación que cobra especial relevancia ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.
La amenaza no se limita a los daños que puedan sufrir los locales escolares. Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos pueden provocar suspensión de clases, dificultades de acceso a los colegios y pérdida de horas de aprendizaje, especialmente entre estudiantes que ya enfrentan mayores brechas de conectividad y recursos.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza reportó que el 27% de las instituciones educativas consultadas registró afectaciones en su infraestructura por lluvias, huaicos u otros fenómenos naturales durante el primer trimestre de 2026.
A ello se suma que, según Plan International Perú, más de 2,3 millones de niños y adolescentes estarían expuestos a los efectos del Fenómeno El Niño, mientras que el 46,7% de los adolescentes consultados señaló que su asistencia a clases se vio perjudicada por emergencias climáticas como lluvias e inundaciones.
Ante este panorama, el reto para 2027 no sería únicamente reparar colegios afectados, sino evitar que una emergencia termine convirtiéndose en una crisis de aprendizaje.
Ana Dorregaray, especialista de Eureka, considera que la primera prioridad de las instituciones educativas debe ser contar con planes de continuidad educativa que sean realmente operativos y no documentos elaborados únicamente para cumplir con una exigencia.
Estos planes deberían establecer protocolos claros para migrar temporalmente a modalidades remotas o híbridas, definir los canales de comunicación con las familias y determinar cómo se realizará el seguimiento del aprendizaje mientras los estudiantes no puedan acudir al colegio.
“Los planes de continuidad en educación” deberían ser la primera prioridad, sostiene Dorregaray, junto con mecanismos que permitan adaptar la respuesta según las condiciones de cada comunidad.
La especialista plantea que los colegios deben dejar de elaborar sus planes suponiendo que el año escolar transcurrirá bajo condiciones normales. Las interrupciones climáticas, señala, son recurrentes en el país y deberían formar parte de la planificación desde el inicio.
Esto implica trabajar con escenarios alternativos, priorizar los aprendizajes esenciales y establecer mecanismos de recuperación temprana para los estudiantes que puedan quedar rezagados.
La continuidad educativa también enfrenta un problema de desigualdad. Cuando una emergencia obliga a suspender las clases presenciales, no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de continuar estudiando desde casa.
“Una emergencia climática va a afectar más a quienes tienen menos conectividad, a quienes tienen menos dispositivos o recursos en sus casas”, advierte Dorregaray.
Por ello, propone que los colegios cuenten con estrategias multimodales que puedan combinar plataformas digitales con materiales impresos, televisión, radio y recursos descargables, dependiendo de las condiciones de cada localidad.
Esta preparación resulta especialmente importante considerando que la propia Mesa de Concertación identificó brechas persistentes en infraestructura y otros servicios educativos. En su consulta nacional sobre el inicio del año escolar 2026, además de las afectaciones por fenómenos naturales, se encontraron problemas de agua, saneamiento, mantenimiento, disponibilidad de aulas y entrega de materiales.
Para Manuel Etesse, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las alternativas frente a una interrupción también deben contemplar materiales que no dependan de internet, canales de comunicación con las familias y acompañamiento docente.
“Las escuelas necesitan contar con un plan de acción claro frente a cualquier emergencia climática que pueda interrumpir las clases”, señala.
Otro de los cambios que debería incorporar la planificación de 2027 es el seguimiento temprano de los estudiantes.
Dorregaray plantea implementar sistemas de alerta que permitan identificar desde las primeras semanas a quienes presentan riesgo de desvinculación o rezago académico. Para ello, los colegios deberían utilizar datos sobre asistencia, participación y progreso de los alumnos.
La idea es intervenir antes de que la interrupción se traduzca en una pérdida acumulada de aprendizajes.
“La experiencia nos ha demostrado que cuando una emergencia se convierte en crisis educativa suele ser porque el sistema tarda demasiado en identificar quiénes están quedando atrás”, sostiene.
Este monitoreo debería complementarse con mecanismos de recuperación y con la reorganización de contenidos cuando una emergencia obligue a modificar el calendario escolar.
El Fenómeno El Niño no será el único reto de la gestión educativa para 2027. Los colegios también tendrán que definir cómo incorporar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza sin ampliar las desigualdades tecnológicas.
Para Dorregaray, el punto de partida debe ser pedagógico y no tecnológico.
“La incorporación de la inteligencia artificial primero tiene que centrarse en la parte pedagógica y después en la herramienta”, señala.
Esto supone que antes de adquirir plataformas o implementar nuevas aplicaciones, las instituciones deberían determinar qué problemas de aprendizaje buscan resolver y qué uso educativo tendrán estas herramientas.
También será necesario establecer criterios claros para su utilización y desarrollar competencias digitales en docentes y estudiantes. No bastará con aprender a utilizar una herramienta de IA: los alumnos deberán saber evaluar críticamente sus respuestas, identificar errores y verificar la información.
La especialista advierte que una adopción desigual podría beneficiar principalmente a quienes ya cuentan con mejor conectividad y mayores recursos tecnológicos. Por ello, considera que la IA debería utilizarse para democratizar las oportunidades de aprendizaje y no para profundizar las brechas.
Para Dorregaray, otro error sería abordar por separado la transformación digital, la resiliencia frente a emergencias y las necesidades presupuestales.
“Para que realmente una escuela o las escuelas a nivel nacional estén preparadas tienen que partir por una planificación preventiva”, sostiene.
Esa planificación debería contemplar presupuesto para cerrar brechas tecnológicas, herramientas que funcionen tanto online como offline, capacitación permanente de docentes y acompañamiento durante todo el año.
La preparación también debe involucrar a directivos y maestros, quienes tendrán que estar en condiciones de adaptar contenidos, reorganizar el calendario y acompañar a los estudiantes durante una situación de crisis.
“Los colegios más exitosos no necesariamente van a ser los que tengan más tecnología, sino los que logren realmente combinar la preparación, la flexibilidad y la capacidad de adaptación”, afirma Dorregaray.
El propio Minedu ha planteado medidas de contingencia frente al Fenómeno El Niño que incluyen intervenciones preventivas en locales educativos, aulas modulares y alternativas como televisión, radio y material impreso para mantener el servicio educativo cuando la presencialidad no sea posible.
Pero la prevención no debería quedar únicamente en la respuesta posterior a los daños. Con miles de instituciones educativas expuestas a inundaciones y con antecedentes de afectación de la infraestructura y asistencia escolar, el desafío para 2027 será que los colegios lleguen preparados antes de que ocurra la emergencia y tengan una respuesta pedagógica lista para activarse.

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