Exclusión estructural: 9 lenguas originarias sin intérpretes para acceder a justicia, salud y servicios básicos

Para una persona que habla una lengua originaria, acudir a un juzgado, un establecimiento de salud o una oficina pública puede implicar enfrentar una dificultad previa al propio trámite: conseguir que alguien comprenda lo que dice y, sobre todo, que transmita correctamente lo que quiere decir.

La legislación peruana reconoce ese derecho. La Ley N.° 29735 establece que toda persona puede utilizar su lengua originaria en los ámbitos público y privado y disponer de medios de traducción que permitan ejercer sus derechos. El problema aparece en la distancia entre ese reconocimiento y la posibilidad efectiva de contar con un intérprete.

El Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias (ReNITLI), administrado por el Ministerio de Cultura, constituye una de las principales herramientas para cerrar esa brecha. Sin embargo, el último dato oficial disponible reporta cerca de 850 intérpretes y traductores registrados para 39 de las 48 lenguas indígenas u originarias. Es decir, nueve lenguas todavía no cuentan con representación en ese registro.

• Temblor hoy en Perú, miércoles 30 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
• Feminicidio en Ate: suboficial de la PNP asesinó a su esposa con la que se casó hace pocos días; familia exige justicia

La cifra no significa que en esas lenguas nadie pueda traducir. Como explica Juan Rubén Ruiz, especialista en interculturalidad de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), en muchas comunidades son familiares, dirigentes u otros hablantes bilingües quienes terminan haciendo de intermediarios.

“En la práctica existe quien te traduzca, quien te pueda ayudar a comunicarse. Pero hay mucho también de la oficialidad que luego empodera la institucionalidad y empodera a los pueblos originarios”.

El problema es especialmente delicado cuando lo que está en juego es una sentencia, una denuncia, una atención médica o la comprensión de un documento oficial.

“El principal impacto es no poder acceder al servicio público”, sostiene Ruiz. En comunidades donde todavía existen personas predominantemente monolingües, explica, los ciudadanos pueden depender de un dirigente que los acompañe ante el Estado. Si ese intermediario no está disponible, la barrera lingüística puede impedir incluso iniciar correctamente un procedimiento.

La justicia no termina en traducir palabras

Lourdes Paredes, intérprete oficial de shipibo-konibo, conoce esa situación desde las audiencias judiciales en las que participa. Natural de la comunidad Betel, en Ucayali, sostiene que una persona sometida a un proceso puede tener todavía mayores dificultades para expresarse en castellano cuando se encuentra bajo presión.

“Cuando no hay traductor, las audiencias demoran, se postergan o no llegan a tener justicia”, afirma.

Paredes recuerda el caso de un integrante de su pueblo que, según su relato, fue involucrado en un proceso después de haber sido encontrado en el lugar de un hecho. La dificultad para expresarse adecuadamente en castellano terminó afectando su capacidad para explicar lo ocurrido.

La barrera no está solamente en el idioma. También aparece en conceptos que no tienen una equivalencia directa en la lengua de quien escucha.

“Traducir un idioma es distinto a traducir una cultura”, explica Paredes. En una audiencia, el intérprete debe transmitir términos técnicos y, al mismo tiempo, evitar que el contexto cultural altere el sentido del mensaje.

Ruiz coincide. En justicia y salud aparecen conceptos que no necesariamente forman parte del vocabulario tradicional de una lengua. Por eso, explica, el trabajo requiere también generar nuevos recursos lingüísticos: términos para explicar un delito, una enfermedad, una vacuna o una determinada consecuencia jurídica.

“En el caso judicial, para explicar cuál es el delito, de qué se te acusa, cuál es la condena, son palabras o conceptos que no existen en las lenguas originarias de manera tradicional”, señala.

Eso convierte al intérprete en algo más que un intermediario. Su función es construir un puente entre dos sistemas lingüísticos y culturales.

El idioma también guarda una memoria

La brecha lingüística no solo determina si una persona puede ser escuchada por el Estado. También puede definir si una lengua consigue sobrevivir.

Juan López Bautista, líder y docente yanesha de 69 años, lleva décadas trabajando para que su idioma no quede reducido al ámbito familiar o comunitario. Cuando comenzó su labor educativa, recuerda, encontró comunidades donde la lengua yanesha estaba perdiendo hablantes y profesores que no dominaban adecuadamente el idioma.

En 2012 tenía un solo estudiante yanesha. Hoy, afirma, la carrera de Educación Básica Intercultural Bilingüe de la UCSS cuenta con 33 estudiantes yanesha y ya existen promociones de egresados que han retornado a sus comunidades.

Para López, recuperar una lengua significa también recuperar conocimientos.

“Cuando una lengua desaparece, desaparece toda una cultura, todo su conocimiento”, afirma. Se refiere a la historia, los mitos, la cosmovisión y también a conocimientos vinculados con la naturaleza.

Por eso ha participado en la elaboración de más de diez libros de comunicación, etnomatemática, botánica, zoología y anatomía en yanesha. La intención es trasladar a la escritura conocimientos que durante generaciones se transmitieron de manera oral.

“Tenemos cantidad de conocimientos que se deben difundir, que se deben escribir, pero como no está escrito, a veces se pierde”, sostiene.

Su trabajo muestra otra dimensión de la traducción: no solo hacer comprensible una lengua ante el Estado, sino permitir que el conocimiento de una comunidad pueda permanecer dentro de ella y ser transmitido a las siguientes generaciones.

De la escuela al hospital

Para Ruiz, la educación es uno de los servicios públicos donde más se ha avanzado en la incorporación de lenguas originarias. El reto persiste, sin embargo, en sectores como salud.

En Atalaya, Ucayali, donde funciona una sede de la UCSS, se ha impulsado un modelo de atención intercultural y profesionales del sector han empezado a capacitarse en lenguas originarias. Pero mientras un médico, enfermero o funcionario aprende un idioma, el intérprete puede cubrir inmediatamente esa brecha.

El Ministerio de Cultura también ha desplegado intérpretes para campañas de atención en salud y otros servicios. En 2022, por ejemplo, reportó más de 24.000 atenciones de interpretación y traducción para más de 17.700 personas en comunidades de Loreto, Ucayali y Puno.

La necesidad, sin embargo, supera la capacidad disponible.

“Todavía hay brechas que se van cerrando y que básicamente lo que significa es que habría peruanos que no pueden acceder a los servicios en sus lenguas todavía”, advierte Ruiz.

La oficialidad que todavía falta

La creación del ReNITLI ha permitido ordenar y visibilizar una labor que durante años se realizó de manera informal. El Ministerio de Cultura señala que el registro reúne a personas que han aprobado el proceso formativo correspondiente y permite que entidades públicas y privadas puedan contactarlas. En 2025, además, se modificó el procedimiento de inscripción para agilizar la incorporación de nuevos intérpretes y traductores.

En el ámbito judicial existe, además, un registro especializado. Según información del Poder Judicial, el RENIT cuenta con 44 traductores de nueve lenguas indígenas y cobertura en 21 distritos judiciales; entre 2020 y 2023 se realizaron 6.826 atenciones en procesos judiciales.

Para Paredes, todavía hace falta ampliar la formación y la certificación.

“Como intérprete, para mí es una responsabilidad y también una forma de contribuir a que los hablantes de mi pueblo originario, shipibo-konibo, puedan comunicarse en igualdad de condiciones”, afirma.

Ruiz plantea que el Estado debe continuar ampliando los cursos de formación de intérpretes, especialmente para las lenguas que aún no cuentan con profesionales registrados.

Porque la diferencia no es solamente entre entender y no entender.

En una audiencia, puede significar poder defenderse. En un hospital, explicar qué duele. En una oficina pública, comprender qué derecho se está ejerciendo. Y en una comunidad, conservar una lengua que contiene conocimientos que no siempre tienen traducción directa al castellano.