PUCP sanciona a nueve estudiantes tras protestas y toma del del Rectorado: ''Línea persecutora''

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sancionó, en primera instancia, a nueve estudiantes por hechos relacionados con las protestas y la toma del Rectorado registradas en mayo. Las medidas incluyen suspensiones de entre nueve y 13 semanas, además de amonestaciones escritas.

De acuerdo con la resolución de la Comisión, las conductas atribuidas corresponden a los numerales 2, 12, 14 y 16 del Anexo 1 del reglamento disciplinario. Las faltas fueron calificadas como leves o graves, según cada caso. Uno de los estudiantes recibió una suspensión de 13 semanas, mientras que otros fueron sancionados con nueve semanas.

En varios casos, las resoluciones combinan una falta leve, sancionada con amonestación escrita, y una falta grave que implica nueve semanas de suspensión. En total, son nueve estudiantes comprendidos en las medidas adoptadas en primera instancia.

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FEPUC cuestiona sanciones y denuncia línea persecutora

Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), cuestionó la decisión de la universidad y señaló que las sanciones afectan a estudiantes que participaron en las protestas y que serían parte de una ‘‘criminalización’’.

Desde la organización estudiantil se sostiene que la universidad mantiene una línea persecutora contra el movimiento estudiantil.

La FEPUC también ha planteado una respuesta colectiva frente a las medidas y pidió a los estudiantes mantenerse atentos a las próximas acciones. Las protestas de mayo estuvieron vinculadas a los cuestionamientos de estudiantes frente a decisiones de la universidad, como la nueva escala de pensiones.

PUCP había señalado que investigaba hechos específicos

Antes de que se conociera esta decisión de primera instancia, la PUCP sostuvo que los procedimientos disciplinarios no se habían abierto por el solo hecho de protestar. Según informó RPP, la universidad explicó entonces que las investigaciones estaban relacionadas con presuntas agresiones físicas y daños o uso negligente de infraestructura ocurridos durante las movilizaciones.

En esa oportunidad, el Rectorado señaló que la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios actuaba con autonomía y que los casos debían seguir los mecanismos establecidos por la institución. El secretario de la universidad, Roberto Reynoso, también había indicado que mantenía el diálogo con los representantes estudiantiles y que el conflicto debía abordarse mediante los canales correspondientes.