Artistas drag y activistas LGBTIQ+ enfrentarían hasta 6 años de cárcel por participar en Marcha del Orgullo de Cusco

Cinco activistas LGBTIQ+ y artistas drag de Cusco podrían enfrentar entre cuatro y seis años de prisión, además de una inhabilitación, por su participación en la Marcha del Orgullo de julio de 2025. Los investigados afrontan una denuncia por el presunto delito de “ofensas al pudor público” en modalidad agravada.

El caso llegará a una audiencia clave este viernes 4 de septiembre, cuando el Poder Judicial evalúe una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa. En esta diligencia se discutirá si los hechos atribuidos a los cinco activistas pueden, jurídicamente, constituir el delito que les imputa la Fiscalía.

La organización Proyecta Igualdad, que acompaña a los investigados, considera que el proceso podría representar una forma de criminalización de la expresión artística y de la protesta pública, así como una posible represalia contra personas que inicialmente fueron reconocidas como víctimas en otra investigación.

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De víctimas de discriminación a investigados

La controversia se remonta a la Marcha del Orgullo de Cusco, realizada en julio de 2025. La movilización se desarrolló de manera pacífica y contó con la participación de artistas drag.

Un día después, un programa de televisión local difundió imágenes de la marcha acompañadas de expresiones consideradas estigmatizantes y transfóbicas. Tres días después, el Ministerio Público inició de oficio una investigación contra la conductora por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación.

Las cinco personas que ahora afrontan la investigación por “ofensas al pudor público” fueron reconocidas como agraviadas en ese primer caso.

Sin embargo, posteriormente, luego de que se formalizara la investigación contra la conductora, esta presentó una denuncia penal contra las mismas cinco personas. Para sustentarla utilizó imágenes de la Marcha del Orgullo que habían sido difundidas originalmente en su programa.

Para Lucía Santos, presidenta de Proyecta Igualdad, esta sucesión de hechos genera dudas sobre un eventual uso del proceso penal como represalia.

"Estamos frente a lo que sería una represalia por una investigación de discriminación. El Estado está investigando y tratando como acusadas a personas que han sido víctimas de discriminación", señaló.

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Fiscalía cuestiona expresiones realizadas durante la marcha

Uno de los aspectos que genera mayor controversia es que la imputación haya sido considerada agravada por la supuesta presencia de menores de edad durante los hechos.

La defensa cuestiona este elemento y sostiene que la Fiscalía no habría individualizado a ninguna persona menor de edad que haya sido afectada por las conductas atribuidas a los investigados.

A ello se suma un informe antropológico forense solicitado por la Fiscalía. Según la documentación revisada por Proyecta Igualdad, el informe reconoce el carácter artístico y cultural del drag y señala que esta expresión no implica, por sí misma, contenido lascivo o pornográfico.

La defensa sostiene que este elemento debe ser considerado al momento de determinar si las actuaciones realizadas durante la marcha pueden ser consideradas delito.

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Caso podría generar precedente

Para Proyecta Igualdad, la investigación no solo compromete a los cinco activistas, sino que también plantea interrogantes sobre los límites del derecho penal frente a manifestaciones públicas y expresiones artísticas.

La organización señala que el caso ya fue comunicado a cinco Procedimientos Especiales de Naciones Unidas relacionados con derechos humanos, libertad de expresión, reunión pacífica, derechos culturales y diversidad sexual.

Además, solicitó que organismos y organizaciones internacionales observen la audiencia del viernes y evalúen posibles intervenciones técnicas, como la presentación de amicus curiae.

El objetivo, según la organización, es que el proceso sea analizado también desde la perspectiva de los derechos a la libertad de expresión artística, reunión pacífica y no discriminación.

La investigación preparatoria tiene como fecha límite el 25 de septiembre. Luego de ese plazo, el Ministerio Público deberá definir si archiva el caso o avanza hacia una eventual acusación fiscal.