
Juan Alvarado, abogado de dos personas detenidas en el marco de las investigaciones por la masacre ocurrida en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, cuestionó el procedimiento seguido por la Policía y rechazó que sus patrocinados hayan sido intervenidos inicialmente por su presunta participación en el secuestro y asesinato de cuatro personas registrado durante el último fin de semana.
El defensor señaló que José Cerrepe Dávila y otro de sus representados fueron detenidos por hechos relacionados con presuntos delitos de drogas y sostuvo que, posteriormente, fueron presentados públicamente como posibles autores materiales del crimen. “Nos ha causado sorpresa que, horas después de su intervención, sean presentados a nivel nacional como autores materiales del hecho”, declaró. Ante esta situación, pidió que las diligencias determinen de manera objetiva si existe algún vínculo entre los intervenidos y el ataque investigado por las autoridades.
De acuerdo con Alvarado, la intervención policial contra sus patrocinados estuvo vinculada a una investigación distinta a la masacre y el secuestro ocurridos en Trujillo. El abogado indicó que le generó cuestionamientos que, pocas horas después de las detenciones, ambos aparecieran relacionados públicamente con el asesinato de cuatro personas, pese a que —según su versión— ese no habría sido el motivo original del operativo. “Ellos fueron intervenidos por otras causas, distintas a la investigación principal”, sostuvo al cuestionar que luego fueran presentados como presuntos responsables materiales del ataque.
La defensa sostiene que las autoridades deben establecer mediante pruebas si los intervenidos tuvieron alguna participación en los hechos. En ese sentido, solicitó que se realicen diligencias periciales, entre ellas una prueba de absorción atómica, además de otros procedimientos que permitan contrastar los elementos obtenidos durante la investigación con las evidencias vinculadas al crimen.
Alvarado también expresó reparos sobre la forma en que se habrían desarrollado las detenciones. Según afirmó, algunas actuaciones se efectuaron sin presencia de abogados y sin autorización fiscal, situación que, desde su posición, debe ser revisada durante el proceso. Asimismo, pidió que determinadas diligencias sean desarrolladas con participación del Instituto de Medicina Legal con el objetivo de contar con evaluaciones técnicas independientes.
El abogado también sostuvo que las imágenes de las cámaras de videovigilancia relacionadas con la masacre deberán ser contrastadas con las características de las personas detenidas. A su juicio, ese material será relevante para determinar si existe correspondencia entre los autores registrados durante el ataque y sus patrocinados. Mientras avanzan las investigaciones por el secuestro y asesinato de las cuatro víctimas, la defensa insiste en que cualquier atribución de responsabilidad debe sustentarse en las pruebas recopiladas por las autoridades competentes.





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