Doparon a dos policías y les robaron sus armas: su propio comisario les habría pedido S/2.000 para recuperarlas

Dos suboficiales de la Comisaría PNP Orcotuna denunciaron que fueron dopados y despojados de sus armas en 2023 y que, posteriormente, su entonces comisario les habría pedido S/2.000 para recuperarlas. El caso es investigado por la Fiscalía de Junín.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó una investigación preparatoria contra el entonces capitán PNP T.P.M.R., hoy mayor PNP y jefe de Requisitorias de Huancayo, y E.G.V.R., quien era secretaria de la comisaría. Ambos son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

El caso fue denunciado por los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce. Los detalles constan en la Disposición Fiscal N.° 06-2026, del 30 de junio de 2026, a la que tuvo acceso Huanca York Times.

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Dos policías fueron dopados

Según el documento fiscal citado por el medio, los hechos ocurrieron la noche del 30 de junio de 2023, cuando Salvador Lázaro y Sánchez Ponce cumplían servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, dependiente de la Comisaría de Orcotuna.

Dos mujeres se acercaron a los agentes con el supuesto propósito de presentar una denuncia y les ofrecieron una gaseosa. La bebida contenía benzodiazepina, un medicamento sedante, de acuerdo con la disposición fiscal. Los policías desconocían que la sustancia estaba presente.

Tras consumir la bebida, quedaron bajo los efectos del sedante y les robaron una pistola Pietro Beretta, con serie N.° 6881182, y una pistola SIG Sauer, con serie N.° 24B317363.

Al día siguiente, el personal que acudió a relevarlos no los encontró en el puesto. Los ubicó en un parque cercano, vestidos de civil, en estado de ebriedad y sin las armas asignadas. Ambos fueron detenidos por incumplir la consigna y por la pérdida del armamento estatal.

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Denunciaron pedido de S/2.000

Alrededor de las 7 p. m. del 1 de julio de 2023, mientras los suboficiales permanecían detenidos, el entonces capitán los citó en su oficina. Según la denuncia, allí les indicó que necesitaban S/2.000 para pagar a un supuesto informante que permitiría ubicar las armas.

Los agentes respondieron que no tenían el dinero. T.P.M.R. consultó primero con otro suboficial y luego con la secretaria de la comisaría, quien aceptó prestarles el monto. Según el relato recogido en la disposición fiscal, el capitán señaló que el dinero debía entregarse a él o depositarse para pagar al supuesto informante.

Además, les pidió una garantía por el préstamo. Sánchez Ponce ofreció su laptop y su hermana llevó el equipo hasta la comisaría.

Al día siguiente, el 2 de julio de 2023, un equipo de la Areincri Huancayo encontró las dos armas en un nicho del cementerio de Cochas Grande, en El Tambo, tras recibir información de inteligencia policial.

Entre el 5 y el 6 de julio, los suboficiales devolvieron el dinero prestado a Valenzuela Ramírez mediante cuatro depósitos de S/500 cada uno en una cuenta del Banco de la Nación.

Los policías presentaron una denuncia penal contra T.P.M.R. y E.G.V.R. el 24 de julio de 2023 ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

La Fiscalía dispuso que la investigación continúe durante 240 días debido a la “especial complejidad” del caso. También programó las declaraciones de los denunciantes y testigos, además de otras diligencias para determinar las circunstancias de los hechos.

Entre las medidas ordenadas figura la revisión de las capturas de WhatsApp incorporadas a la denuncia. Para ello, los suboficiales deberán presentar sus celulares originales. La Fiscalía también solicitó información a la Región Policial Junín y a la Divincri Huancayo sobre la situación actual de los denunciantes y el uso de informantes en investigaciones policiales.

La inspección técnico-policial realizada el 1 de julio de 2023 en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco no encontró cámaras de videovigilancia. Esta ausencia limita la posibilidad de contar con un registro audiovisual de lo ocurrido antes del robo de las armas.