Barranco demolerá boulevard de 15.000 m² por falta de licencias pero Bordemar defiende reapertura

La Municipalidad de Barranco confirmó que procederá con la demolición de las instalaciones del boulevard Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, al considerar que las edificaciones no cuentan con licencia de construcción y que su actividad comercial no corresponde con la zonificación del sector.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, señaló que el municipio ya solicitó a la Policía Nacional el apoyo necesario para ejecutar la medida. Según explicó, se trata de un área de aproximadamente 15.000 metros cuadrados en la que funcionan distintos establecimientos.

“World Entertainment no ha demostrado con documentación que tuviera licencias de construcción. Por ende, procede, según corresponde al acto administrativo, la demolición de las edificaciones”, declaró Vargas.

La autoridad edil precisó que la comuna está a la espera de las garantías policiales para proceder. “De darse, nos organizaríamos para poder demoler esas instalaciones”, añadió.

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Municipio niega impedimento judicial

La medida municipal ocurre en medio de una controversia con los representantes de los establecimientos de Bordemar. La madrugada del último sábado, los administradores denunciaron el ingreso de personal de la Municipalidad de Barranco a la zona y señalaron que cuentan con un documento judicial que permitiría la reapertura de sus locales.

Sin embargo, el subgerente de Fiscalización de Barranco, William Cornejo, rechazó que exista una resolución judicial que impida a la comuna continuar con el procedimiento administrativo iniciado contra las edificaciones.

El municipio sostiene que la discusión no se limita al funcionamiento de los negocios, sino también a la legalidad de las construcciones levantadas en el lugar. Vargas afirmó que la empresa no ha acreditado contar con las licencias correspondientes.

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¿Qué plantea la Municipalidad de Barranco?

Además de ejecutar la demolición, la gestión de Vargas plantea recuperar el espacio para darle un uso acorde con la zonificación del sector. Entre las alternativas mencionadas por la alcaldesa figuran la implementación de áreas deportivas, espacios con sombrillas y otros servicios para los visitantes de la playa.

La alcaldesa también denunció haber recibido mensajes intimidatorios relacionados con el conflicto y señaló que presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Mientras la comuna espera el respaldo policial para ejecutar la demolición, los representantes de los establecimientos sostienen una posición distinta respecto de la situación legal de sus locales. La controversia podría continuar en instancias judiciales y administrativas.