
Las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia del Ministerio Público han logrado 785 sentencias condenatorias por delitos informáticos en el Perú, principalmente por casos de fraude informático, la modalidad con mayor número de denuncias en el país. Las investigaciones también alcanzaron condenas por suplantación de identidad, propuestas sexuales dirigidas a menores de edad y otros ilícitos cometidos en entornos digitales.
Así lo informó Aurora Castillo, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, quien explicó a la Agencia Andina que gran parte de las investigaciones se inicia contra personas cuya identidad se desconoce, por lo que identificar a los responsables suele requerir un trabajo técnico y especializado que puede extenderse durante varios meses.
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Castillo señaló que la cooperación internacional resulta fundamental para el esclarecimiento de estos casos, debido a que muchos proveedores de servicios digitales tienen su sede fuera del Perú. Entre ellos figuran plataformas como Meta, TikTok y Roblox, que pueden conservar información relevante para las investigaciones.
Explicó que las autoridades solicitan inicialmente la preservación de los datos para evitar su eliminación. Posteriormente, se siguen los procedimientos legales correspondientes para acceder a esa información y utilizarla como evidencia dentro de un proceso penal.
La fiscal también advirtió que las pesquisas se vuelven más complejas cuando las organizaciones criminales emplean criptomonedas para ocultar el origen y destino del dinero obtenido de manera ilícita.
La coordinadora destacó que el Ministerio Público viene fortaleciendo la capacitación de fiscales y personal especializado con apoyo de entidades internacionales para enfrentar delitos que evolucionan constantemente con el avance de la tecnología.
Sin embargo, advirtió que el número de fiscalías especializadas sigue siendo reducido. Actualmente, solo existen despachos dedicados exclusivamente a ciberdelincuencia en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, pese a que estos delitos afectan a ciudadanos de todo el país.
Esta limitada cobertura obliga a que muchas investigaciones sean asumidas por fiscalías que también atienden otros tipos de delitos, lo que puede retrasar las diligencias, especialmente cuando es necesario actuar con rapidez para preservar evidencia digital.
Asimismo, Castillo sostuvo que otro reto es la aplicación de normas tradicionales del Código Procesal Penal a delitos cometidos en entornos digitales, ya que los procedimientos actuales no siempre responden a la velocidad con la que pueden desaparecer datos o movilizarse fondos ilícitos. En ese sentido, consideró necesario incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales previstos en el Convenio de Budapest.





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