
El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, así como en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, y en los distritos de Torres Causana y Napo, en la región Loreto. La medida entrará en vigencia el 4 de agosto de 2026 y tendrá una duración de 60 días, de acuerdo con los decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano.
La decisión busca atender distintos escenarios de seguridad en las zonas comprendidas. En Pataz, la prórroga responde al accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras situaciones de violencia. En Loreto, el objetivo es enfrentar la presencia de grupos hostiles y amenazas relacionadas, además de fortalecer el control migratorio y fronterizo.
La ampliación del estado de emergencia en Pataz fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM. La norma precisa que el periodo excepcional se extenderá por 60 días desde el 4 de agosto para mantener las acciones orientadas a combatir a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas a la seguridad en esa provincia de La Libertad.
Durante la vigencia de la medida, las Fuerzas Armadas continuarán a cargo del control del orden interno con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, permanecerá vigente la inmovilización social obligatoria en Pataz entre las 22:00 y las 05:00 horas, conforme a lo establecido en la disposición oficial.
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En el caso de Loreto, la ampliación del estado de emergencia fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM. La disposición comprende las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, además de los distritos de Torres Causana y Napo, y también regirá por 60 días a partir del 4 de agosto de 2026.
La norma señala que la medida tiene como finalidad hacer frente al accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, además de reforzar las labores de control migratorio y de vigilancia en las zonas fronterizas. Al igual que en Pataz, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno con el respaldo de la Policía Nacional para cumplir los objetivos establecidos. Los decretos supremos cuentan con las firmas del presidente José María Balcázar, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado correspondientes.





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