Manipulación y abuso de poder: lo que hay detrás de las relaciones entre mayores y menores de edad

La reciente polémica por las declaraciones del acusado de violación y exministro Ángelo Alfaro —quien admitió haber mantenido una relación con una menor de 16 años cuando tenía 46 y sostuvo que “se enamoraron y eso no es delito”— plantea una interrogante: ¿qué hay detrás de los vínculos entre hombres adultos y adolescentes, incluso cuando no siempre encajan claramente en el tipo penal?

En el Perú, la edad de consentimiento sexual es de 14 años. Sin embargo, ello no implica que toda relación con alguien de menos de 18 sea válida. La ley establece que el consentimiento deja de ser legítimo si hay violencia, engaño o abuso de poder, factores que suelen estar presentes entre personas con una gran diferencia de edad.

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Dinámicas de poder

Para Susana Chávez, exdirectora de Promsex, estas dinámicas no pueden analizarse como vínculos “normales”. “Es una relación de poder de personas adultas sobre personas jóvenes. Se ha promovido socialmente, incluso se celebra, pero en realidad encubre instancias abusivas”, explica.

La especialista advierte que, en estos casos, es problemático afirmar que las partes involucradas están en las mismas facultades. “Es muy difícil hablar de consentimiento cuando hay presión o influencia del adulto. Muchas veces está viciado”, señala.

Normalización e impunidad

Desde otra mirada, Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, pone el foco en el trasfondo estructural que permite que estos casos se repitan. “La violencia sexual está profundamente normalizada, y eso genera impunidad. Muchas víctimas no denuncian porque sienten que no pasará nada”, sostiene.

Méndez añade que esta tolerancia no es aislada, sino parte de una cultura que justifica o minimiza el abuso, incluso apelando a argumentos “culturales” o el aval de la familia. “No se puede hablar de consentimiento cuando hay una asimetría de poder tan grande. Una adolescente frente a un adulto que le lleva décadas no está en igualdad de condiciones para decidir”, afirma.

Además, advierte que factores como la desigualdad económica, el origen social o la pertenencia a comunidades vulnerables pueden profundizar esa asimetría. En estos escenarios, el adulto no solo tiene más edad, sino también mayor poder simbólico y material.

¿Por qué algunos adultos buscan adolescentes?

Desde un enfoque psicológico, Chávez sostiene que estas relaciones responden a una lógica de control. “Hay una idea de dominio: el hombre adulto como quien ‘enseña’ o forma a la mujer joven”, indica. Esta visión reduce la autonomía de las menores.

Otro factor clave es la vulnerabilidad. Situaciones económicas precarias, falta de redes de apoyo o entornos permisivos pueden empujar a aceptar vínculos desiguales. Sin embargo, la responsabilidad es clara. “A quien se le exige conducta ética es al adulto, no al adolescente”, subraya.

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El rol de la familia y la normalización

El entorno también juega un papel determinante. Chávez explica que, en muchos casos, las familias priorizan el “honor” o la reputación antes que el bienestar de la menor. “Se ha creído que la ‘solución’ es formalizar, incluso con matrimonio, lo que invisibiliza la violencia”, señala.

Este tipo de prácticas, aunque hoy están prohibidas por normativa, persisten en la vida cotidiana. Además, responden a una herencia cultural donde la sexualidad femenina era vista como un valor a resguardar más que como un derecho. Méndez complementa que esa validación no convierte el vínculo en legítimo: “El consentimiento sexual es individual. Que la familia lo tolere no elimina el abuso ni la responsabilidad del adulto”.

Un problema estructural

Durante su tiempo como congresista, el actual mandatario del país, José María Balcázar, emitió polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil. Él afirmó que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer". Asimismo, se abstuvo de la votación de la norma que prohíbe ese tipo de casamiento en el Perú.

Para las especialistas, la presencia de autoridades involucradas en este tipo de casos refuerza mensajes preocupantes. “Se termina legitimando la violencia y blindando a los agresores”, advierte Méndez. En esa línea, Chávez subraya que el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación y la tolerancia colectiva.

Ambas coinciden en que el caso Alfaro expone una realidad más amplia: relaciones que, aunque no siempre terminan en sanción penal —incluso por prescripción—, están atravesadas por desigualdad, presión y normalización. Un terreno donde la discusión ya no es solo legal, sino ética y social.

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