Más de 40 heridos dejó la marcha de la 'Generación Z' en medio de fuerte represión policial

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró 44 personas heridas durante las movilizaciones realizadas entre el 20 y el 28 de septiembre por la denominada “Generación Z”. Además, reportó más de 99 casos de agresiones, no solo contra manifestantes, sino también contra periodistas e incluso ciudadanos que no participaban en las protestas. Lo que evidencia una fuerte represión policial que ya no se disimula.

En lugar de investigar los abusos cometidos durante la intervención policial, el Ministerio del Interior optó por iniciar acciones legales contra 10 ciudadanos detenidos durante los días de protesta. La Procuraduría ha solicitado prisión preventiva para todos ellos, y el Poder Judicial ya ordenó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa. Con el argumento de “asegurar su presencia en el proceso”.

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Agresiones policiales

Uno de los episodios más graves ocurrió en Cantagallo, comunidad shipibo-konibo ubicada cerca de Acho. Durante las protestas, la Policía Nacional ingresó al asentamiento, lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones mientras perseguía a manifestantes que se encondieron en la zona.

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En ese lugar se encontraban niños jugando y varias familias fueron afectadas. Además, varios vecinos resultaron heridos dentro de sus casas, tratando de proteger a niños y ancianos del gas y los impactos.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la noche y, según denunciaron los propios comuneros, no hubo diálogo previo ni justificación alguna para esta intervención. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró el hecho como un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza.

“Han pensado que nosotros somos protestantes, pero los niños estaban jugando acá (…) como si fuéramos animales, hemos corrido, no es justo que nos hagan esto. Si nos levantamos los Shipibos, ¿qué va a pasar?”, declaró una testigo.

Otro caso ocurrió en el Cercado de Lima durante la jornada de protesta del sábado, un adulto mayor fue golpeado con una vara por efectivos de la PNP, lo que le ocasionó la rotura de la nariz.

No es todo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también denunció al menos 18 agresiones contra periodistas, de las cuales 16 fueron atribuidas a agentes policiales. Entre los afectados se encuentra Diego Quispe, reportero de Ojo Público, quien recibió disparos de perdigones en la espalda y el brazo mientras cubría la protesta. Incluso, fue alcanzado por gases lacrimógenos mientras era atendido por brigadistas.

Por su parte, Gabriela Coloma, periodista de La República, fue despojada de su celular y víctima de burlas por parte de la policía durante la cobertura.

Frente a estas denuncias, la PNP intentó justificar su actuar argumentando que “en el momento de la intervención no pudieron leer los fotocheck” de los periodistas agredidos. “Su misión es que no pase nadie”, señaló el general Felipe Monroy.

Respecto a la cantidad de efectivos policiales heridos, el general informó que se ha contabilizado un total de 26 policías heridos. "Son 26, que tienen familia, tienen esposa, tienen hijos".

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Represión policial

Ante el incremento de la violencia policial durante las recientes protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, advirtió sobre un patrón sistemático de represión que se repite en cada jornada de movilización.

Según Pariona, la mayoría de los heridos fueron afectados por gases lacrimógenos, golpes con varas, empujones y caídas provocadas por el uso indiscriminado de la fuerza, donde las víctimas no solo fueron manifestantes, sino también ciudadanos que no participaron en las protestas.

Solo el domingo 28, la policía detuvo a seis personas, entre ellas un adolescente de 14 años que, según la Pariona, fue arrestado arbitrariamente mientras grababa con su celular lo que ocurría en las calles.

Señaló que estuvo retenido varias horas en la comisaría hasta que el equipo legal de la Coordinadora logró gestionar su liberación con la intervención de la Fiscalía de Familia.

Asimismo, denunció que este tipo de detenciones son parte de una práctica que se repite. “Lo que vemos es un uso excesivo de la fuerza, que incluye agresiones físicas, disparos de perdigones, gases lacrimógenos, luces láser tácticas, y ahora, la presencia injustificada de agentes encubiertos del Grupo Terna en marchas ciudadanas pacíficas”.

También cuestionó la presencia masiva de agentes policiales, que en muchos casos superaba al número de manifestantes. “La ciudadanía se pregunta por qué ese despliegue no se ve en zonas de alta criminalidad, donde los transportistas o comerciantes están siendo asesinados”.

Además, resaltó los ataques a la prensa, que también han sido blanco de la represión. Mencionó que varios periodistas han sido impedidos de ingresar a zonas de protesta, agredidos físicamente o afectados por daños a sus equipos. “Aunque porten credenciales y se identifiquen, la policía arremete contra todos. Lo hemos alertado y rechazamos rotundamente este atentado contra la libertad de prensa”, expresó.

Prisión preventiva

El abogado de Samuel Rodríguez Villa, joven de 21 años que cumple tres meses de prisión preventiva tras ser acusado por la Policía Nacional de ejercer violencia contra la autoridad, calificó las imputaciones como falsas. Señaló que existen pruebas contundentes que demuestran el arraigo de Samuel en el país, y que la Fiscalía no logró acreditar el supuesto peligro de fuga, requisito fundamental para dictar prisión preventiva.

“El Ministerio Público ignoró los argumentos presentados que demostraban que Samuel no tiene intenciones ni posibilidades de evadir la justicia”, señaló el abogado, quien agregó que esta medida refleja un patrón de criminalización de los manifestantes en lugar de una investigación rigurosa sobre los abusos policiales.

Su defensa también indicó que hay informe médico del Instituto de Medicina Legal del propio Ministerio Público, en el que se confirma que Samuel tiene lesiones corporales traumáticas que habrían sido provocadas por la represión policial al momento de su detención.

"Este documento demuestra que no solo hubo uso excesivo de la fuerza, sino que Samuel fue víctima de violencia por parte de los efectivos, esto contradice la versión oficial que lo acusa de agredir a la autoridad".